El techo salarial del gobierno nacional está bajo fuego. La idea del Ministro de Economía Luis “Toro” Caputo de mantener los aumentos en torno del 2 por ciento mensual, como ancla inflacionaria, fue rechazado por el arco sindical, que comenzó a trabajar en formas de escaparle a la restricción. El reciente acuerdo paritario de los empleados de comercio demuestra que los intentos para limitar las negociaciones deberán ser flexibles, ya que la situación general del consumo y los ingresos parecen no admitir más ajuste, sin que se dispare la conflictividad. En ese contexto, la gestión libertaria tiene en las discusiones estatales la única herramienta de presión efectiva para cumplir su meta. Pero en los últimos días se metió un actor impensado, que desbarata el dique de contención de los reclamos de los empleados públicos: la justicia. Varios fallos obligan al estado empleador a reabrir negociaciones que llevan meses estancadas. El caso más notable es el Vialidad Nacional, con más de 16 meses de congelamiento salarial, que la semana tuvo una reapertura de la discusión, sin avances. Pero sentó un precedente. Algo similar ocurrió en los medios públicos, donde se reabrió el tema salarial por otro fallo. Lejos de esto, el gobierno nacional prepara una nueva ofensiva contra leyes que regulan el funcionamiento público, y que amenazan estos avances.
El caso emblemático del congelamiento salarial y la decisión judicial de romperlo se da en Vialidad Nacional. Allí, el jueves pasado se ordenó reabrir la discusión luego de 16 meses de silencio. Ese día, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) se manifestó este jueves por la “grave crisis” del organismo y advirtió sobre un escenario de “obras paralizadas, salarios congelados y pérdida de puestos de trabajo”.
La entidad sindical denunció la situación en el marco de una jornada nacional de protesta donde trabajadoras y trabajadores del organismo se concentraron en la casa central y en sedes de los distintos distritos del país para exigir respuestas. “En el marco de la jornada nacional de protesta, trabajadoras y trabajadores de Vialidad Nacional nos concentramos este jueves en la casa central para exigir paritarias libres y frenar el vaciamiento del organismo”, resaltó la federación sobre la acción que se replicó en distintas provincias.
“No hubo avances en la situación de congelamiento salarial, pero es un buen paso haber conseguido esta instancia”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector, que marcó la pese a la resistencia de las autoridades, que intentaron desarticular la entidad, se mantiene la “resistencia” de los trabajadores. En ese marco, FEPEVINA resaltó que “la DNV atraviesa una grave crisis” y denunció “obras paralizadas, salarios congelados y pérdida de puestos de trabajo”.
Al respecto, la organización gremial advirtió que se trata de “un ajuste que impacta no solo en las y los viales, sino también en la infraestructura y el desarrollo del país”. “Desde FEPEVINA sostenemos la organización y la lucha colectiva en defensa del salario, el trabajo y la soberanía”, concluyó el mensaje sindical.
Medios públicos
Además de Vialidad Nacional, la justicia avanzó en la reapertura de discusiones salariales en un sector ampliamente golpeado como los medios públicos. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa que administra Radio Nacional, reanudar la negociación paritaria con las organizaciones sindicales que representan a sus trabajadores, tras más de un año y medio sin acuerdos salariales formales. La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal laboral al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por siete sindicatos del sector de las comunicaciones: la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO), la Federación del Personal Jerárquico y Profesional de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y de Encotesa (FEJEPROC), la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), el SUTEP y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).
La cámara revocó la decisión de primera instancia que había rechazado la cautelar y ordenó a Radio Nacional que comparezca a las instancias paritarias con representantes que cuenten con mandato suficiente para formular propuestas salariales y firmar acuerdos. El tribunal sostuvo que el deber de negociar de buena fe no se cumple con la mera asistencia a las audiencias, sino que exige una participación activa orientada a alcanzar acuerdos, con funcionarios que tengan capacidad de decisión efectiva. Esta interpretación fue central en la resolución, ya que los representantes de la empresa habían manifestado en distintas reuniones que dependían de autorizaciones externas para realizar ofertas salariales, lo que en la práctica impedía cualquier avance en la negociación.
De acuerdo con lo planteado en la causa, desde septiembre de 2024 los trabajadores de Radio Nacional no registraron acuerdos salariales en el marco de la negociación colectiva. Durante ese período, la empresa sólo otorgó incrementos unilaterales del 1 y del 1,5 por ciento a mediados de mayo, sin convocatoria formal a paritarias ni discusión con los sindicatos. La cámara consideró que esta situación podía provocar un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los trabajadores y que la prolongación del conflicto justificaba la adopción de una medida cautelar para evitar daños de difícil reparación posterior.
Normativas
Lejos de estos fallos, el gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y quita el financiamiento del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios. La iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había sido enviada en el 2024 pero nunca se trató, pero como perdió estado parlamentario, el Poder Ejecutivo la volvió a enviar anoche a la Cámara de Diputados. El oficialismo está convencido que con la nueva mayoría que armó con Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal podrá este año tratar esa iniciativa que busca derogar unas 70 leyes obsoletas, según informaron. Entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero.
De todas maneras, el tema más controvertido será que eliminará el financiamiento del Circulo de Legisladores y de la FAM, una poderosa estructura de intendentes con una fuerte hegemonía de los barones del conurbano. En la actualidad su presidente es Fernando Espinoza. En el caso de la FAM establece que “La federación no podrá recibir recursos del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica”. Establece que deberá financiarse con el aporte de sus socios, por donaciones, subvenciones que aporten personas o empresas argentinas y del exterior y los convenios y/o acuerdos que celebre con organismos e instituciones subnacionales y/o internacionales,públicas, privadas y No Gubernamentales. El gobierno eliminará también el financiamiento del Circulo de Legisladores que ahora podrá ser funcionando si logra tener su propio financiamiento.