Con un aumento de más del 60 por ciento en todos los salarios, se cerró en el Hospital Garrahan un largo conflicto, donde los trabajadores, becarios y profesionales lograron torcerle el brazo al gobierno nacional, conquistando un incremento salarial que pulveriza el techo libertario a las paritarias. En parte, este logró se alcanzó por la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que establece fondos adicionales para el sector, evitando la motosierra del presidente Javier Milei.
La idea que este caso genere un “efecto dominó” entusiasma en la administración pública, cuya negociación salarial está prácticamente congelada. Pero la perspectiva de desactivar el ajuste en el sistema sanitario parece lejana, por lo menos en lo que respecta a los recursos bajo control del estado nacional. Es que sin presupuesto, la ejecución de los distintos presupuestos queda bajo la decisión arbitraria de la Casa Rosada, y en lo que respecta a salud el manejo es altamente discrecional.
Así lo alerta un informe reciente, que afirma que en general la sub-ejecución de las partidas ronda el 30 por ciento, pero que en dependencias sanitarias puede superar el 70 por ciento. Esto está generando distintas consecuencias, como la falta de recursos para realizar controlas claves como sucede en el mercado de medicamentos. El otro dato que confirma que el achicamiento estatal sigue creciendo es que los despidos se mantienen en alza, y están cerca de los 60 mil en menos de dos años.
El último informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA) sigue de cerca cómo el gobierno nacional sub-ejecuta los recursos del Estado, en especial en los organismos vinculados a la salud pública. Al analizar la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) y de sus distintas jurisdicciones, organismos y programas durante los primeros diez meses de 2025, se establece la forma que la gestión libertaria limita el normal funcionamiento de muchas entidades, procediendo a aplicar un “ahogamiento financiero”.
En este sentido, describiendo el gasto total agregado de la APN, el CEPA detectó que “durante los primeros 10 meses del año una fuerte caída real de la ejecución, del orden del -31 por ciento interanual, comparado con la ejecución del mismo período de 2023 expresado a valores actuales, y del -3,43 por ciento interanual en términos reales”. Al analizar la ejecución presupuestaria por función, agregó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, “se observa una gran incidencia de la seguridad social sobre el total, ya que insumió el 58 por ciento del total del gasto”. En segundo lugar, “también es significativa la incidencia de los Servicios de Deuda Pública, que ocuparon el 8 por ciento del gasto total”.
Luego se ubican otras funciones con incidencias menores, como Salud con el 6 por ciento, Educación y Cultura (5 por ciento), Energía, Combustibles y Minería (4 por ciento), transporte (3 por ciento), Promoción y Asistencia Social (2 por ciento); y el resto de las aperturas con una incidencia menor al 2 por ciento de la ejecución total.
En tanto, al analizar el gasto por finalidad y función comparando en términos reales con el mismo período del año 2023, se observa “una notable caída en la mayoría de los rubros”. Sobresalen las fuertes disminuciones en la finalidad Servicios Económicos (-66 por ciento) que incluyen las funciones Comunicaciones (-81 por ciento), Industria (-83 por ciento), Comercio, Turismo y Otros Servicios (-87 por ciento) y Energía, Combustibles y Minería (-68 por ciento). Los Servicios Sociales “también registran caídas significativas”. Los casos más relevantes son Vivienda y Urbanismo (-99 por ciento), Agua Potable y Alcantarillado (-93 por ciento), Promoción y Asistencia Social (-72 por ciento), Educación y Cultura (-48 por ciento), y Ciencia, Tecnología e Innovación (-44 por ciento). Asimismo, cayó la ejecución en Servicio de la Deuda Pública (-39 por ciento) y en Seguridad Social (-9 por ciento), que como se mencionó previamente, tiene una muy elevada incidencia en el gasto total. En su reporte, el Centro CEPA aclaró que la comparación con ejercicios anteriores “se encuentra con la dificultad de que la dinámica inflacionaria imposibilita trabajar con montos nominales”. Por ello, “se deflactan los montos ejecutados de ejercicios anteriores, para así darles comparabilidad con la nominalidad del ejercicio actual”. Dado el ajuste ejecutado por el gobierno nacional en 2024, “se genera un efecto de base que puede afectar la correcta comprensión de la dinámica del gasto público, por lo cual se incorpora la comparación con 2023”.
Salud en la mira
Uno de los sectores más golpeados por el ajuste que significar no ejecutar los recursos plateados –con las dificultades que genera que no haya presupuesto desde el 2023 –es el de la salud, donde CEPA observa “fuertes caídas”, especialmente en la Superintendencia de Servicios de Salud (-67 por ciento) y el Instituto Nacional del Cáncer (-59 por ciento). La Agencia Nacional de Discapacidad, en el centro de las denuncias de corrupción, sufre un recorte en su ejecución de 18 por ciento, mientras que un conjunto de hospitales nacionales sufre caídas de entre el 29 y 38 por ciento.
El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, el cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, sufre un ajuste de 38 por ciento interanual. Se suman a los recortes el Instituto Malbrán (-22 por ciento) y la ANMAT (-28 por ciento), agencia reguladora de los medicamentos. Por otro lado, un organismo sensible obtiene incrementos en su ejecución. Se trata del INCUCAI, organismo rector de las donaciones y trasplantes de órganos en la Argentina, que incrementa su ejecución en un 44or ciento.
Esta política aparece especialmente peligrosa en momentos que se insiste con desregular el sector. El caso más claro es el de la ANMAT, la agencia que regula los medicamentos que se usan en el país, entre otros. Su tarea está siendo cuestionada por el escándalo del fentanilo contaminado, el analgésico responsable de más de 100 muertes en todo el país cuya producción irregular no fue detectada por las autoridades, permitiendo su uso y las dramáticas consecuencias.
Mientras se investiga la responsabilidad del organismo, su personal y estructura se achica, potenciando la posibilidad de nuevas situaciones como la del medicamento. “Nos están cerrando”, le dijo a Data Gremial una fuente de la entidad, que marcó que la falta de recursos hace “muy difícil cumplir con las funciones de control de calidad de los insumos médicos”. Esto genera alarma porque pueden darse nuevas situaciones como la del fentanilo. Además, el Ministerio de Desregulación avanza con la limitación de las tareas. “No podemos hacer las tareas mínimas, por falta de recursos o por eliminación de los trámites”, agregaron las fuentes consultadas. El último caso es la simplificación de los trámites para conseguir los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de laboratorios del exterior, para poder importar tratamientos. “Es un peligro para la salud de las personas”, sintetizaron.
Despidos
En tanto, en otro informe del Centro CEPA, se puso el foco en la dinámica de empleo del sector público nacional, que desde el inicio de la gestión de Milei fue especialmente golpeada por la motosierra presidencial. Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno ha sido “el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados”.
En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. “Ello puede confirmarse en el siguiente gráfico donde se observa un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria”, recalcó el reporte. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025,” la dotación de personal se redujo en 59.802 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 17,4 por ciento”.
Analizando por sector, puede observarse que, en términos absolutos, “la mayor parte del recorte recae sobre administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente”. En términos porcentuales, “la mayor parte del recorte recae en la administración descentralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración centralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente”.