“Extraordinario triunfo de la lucha”. Con esa frase, los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan sintetizaron el sentimiento que recorre el centro pediátrico nacional de referencia luego que se confirmara un aumento salarial de más del 60 por ciento. Luego de meses de lucha, de duros cruces con el gobierno nacional, las autoridades confirmaron la recomposición de los ingresos, que incluye un bono que se mantendrá y otras mejoras. Más allá de la disputa posterior respecto del origen el incremento –los gremios hablaron de una victoria de la movilización popular en tanto el Consejo de Administración lo vinculó al ahorro logrado en las cuentas del lugar –lo cierto que esta mejora rompe ampliamente el techo que impone la estrategia libertaria para las paritarias, en especial en aquellas donde hace las veces de patrón.
Es que este año, los aumentos en la mesa de discusión de los estatales nacionales apenas superan el 1 por ciento mensual, un virtual congelamiento de los ingresos. Por eso, el caso Garrahan puede generar “un efecto dominó”, y la dirigencia se prepara para aumentar la presión en la Administración Pública Nacional y los organismos descentralizados. La pérdida salarial este año es del 27,5 por ciento, según el último informe realizado por la Junta Interna de ATE en el INDEC.
El aumento extraordinario recibido por los trabajadores del Garrahan llega en momentos que los estatales tienen sus salarios casi congelados, a partir de la estrategia del ministro de Economía Luis Caputo. Este mes, los empleados públicos nacionales recibirán un magro 1,1 por ciento de incremento, lo que intensifica la caída salarial. “El del hospital es un triunfo gigantesco en el país de las paritarias del 1 por ciento”, dijo al respecto el secretario general de ATE-Garrahan Alejandro Lipcovich. Para el resto de los empleados públicos, el caso del centro pediátrico puede ser un ejemplo a seguir. Por lo pronto los gremios están movilizados contra la política salarial libertaria.
A nivel nacional, la conducción de ATE festejó la mejora y busca impulsar luchas similares en todo el Estado Nacional. “La recomposición salarial alcanzada es un triunfo de los trabajadores y de toda la comunidad que respaldó sus justas demandas. El desafío que tenemos los estatales es el de seguir construyendo consenso social detrás de todas nuestras luchas. Está demostrado que si se pelea junto al pueblo, se gana”, sostuvo esta semana el titular de la entidad sindical, Rodolfo Aguiar.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires se declaró la “emergencia salarial”, ya que los ingresos en los ministerios están por debajo de la línea de la pobreza. “Más allá de lo que pasa en el Garrahan, que es un organismo tripartito, para el sector público nacional la semana pasada hicimos presentaciones en la jefatura de Gabinete como en el Ministerio de Transformación del Estado por la grave situación salarial”, le dijo a Data Gremial el referente de ATE en el CONICET Juan Manuel Sueiro.
Para el dirigente, “el gobierno de Javier Milei sigue apostando a la deshidratación del sector público nacional”. Como ejemplo, Sueiro recordó que “está contemplado en el proyecto de presupuesto 2026 un recorte equivalente al 1 por ciento del PBI, por lo que va a ser muy difícil que no haya una escalada de la conflictividad si no se contempla mejoras salariales para los trabajadores del Estado”. En este plano, se reclama la “reapertura inmediata de las paritarias y un bono de emergencia de 250 mil pesos”. “No podemos seguir viviendo con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, a la crueldad del gobierno le vamos a poner un límite”, destacaron desde el gremio.
Pérdida salarial
Los efectos de la política salarial del gobierno en el estado nacional se vienen viendo desde que asumió Milei. Los ingresos congelados expulsan a muchos trabajadores, que no pueden sostener la pérdida que vienen padeciendo, que el último informe de los trabajadores del INDEC ubica en torno al 27 por ciento.
Según el reporte del mes de septiembre, un empleado público “necesitó 1.979.769 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar”. Este valor se compone de “675.671 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 1.304.098 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”. “Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el INDEC para la medición de la pobreza, que en septiembre de 2025 llegó a 1.176.852”, aclararon desde la Junta Interna de ATE, que realiza mensualmente esta medición. Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza “la inflación acumulada es de un 233 por ciento, y la pérdida del poder de compra de un 27,5 por ciento para el caso testigo (Nivel D Grado 0)”.
Ante esta realidad, en el INDEC se está circulando un petitorio y haciendo actividades –como la radio abierta cada vez que se anuncia la inflación –para reclamar una reapertura de la paritaria estatal. “Hemos perdido mucho en estos últimos años, nuestros informes lo demuestran, casi 30 por ciento en estos meses es demasiado”, sostuvo Raúl Llaneza, referente de la Junta Interna de ATE en el organismo de estadísticas nacional. Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente afirmó que “la lucha del Garrahan, como el de las universidades, tuvo un gran acompañamiento popular, y eso fue una bisagra, que fue un medio para vencer la política del ajuste del gobierno nacional, y además rompieron el veto presidencial con una sociedad que acompaño en masa”.
En cuanto a la situación de los estatales, Llaneza adelantó que “se viene una discusión no sólo hacia afuera visibilizando el tema, sino hacia adentro de nuestro sindicato por la necesidad de plenarios para discutir una política de lucha progresiva para lograr los puntos básicos que venimos reclamando”, agregó. “no hay lugar para más pérdida”, recalcó Llaneza.
En las provincias
El aumento logrado en el Hospital Garrahan además es una victoria para todo el sector salud, ya que dispuso de alguna manera la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma aprobada por el Congreso que soportó el veto presidencial y que busca garantizar fondos para el funcionamiento de esta área crítica del sistema sanitario. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) celebraron ambas cuestiones, tanto el incremento salarial como la puesta en marcha de esta norma. “esta ley debe hacerse extensiva a todos los servicios de pediatría del país y a todo su personal, desde administrativos y enfermería hasta todas las especialidades, es decir, a todo el quipo de salud involucrado en la atención pediátrica”, subrayó María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA.
La entidad destacó “el acompañamiento de la sociedad, de los pacientes y de todos los trabajadores de la salud de la Argentina fueron claves para que este conflicto culminara de esta manera, pasando por encima de las políticas de ajuste del ministro Mario Lugones, del gobierno nacional y de la mayoría de los gobernadores”.
En diálogo con Data Gremial, Boriotti habló del “efecto Garrahan” respecto del aumento logrado y su impacto en la discusión salarial en el sistema de salud pública del país. “El caso debería hacer reflexionar a los gobernadores respecto a su política sanitaria y su política salarial hacia los trabajadores sanitarios”, dijo la titular de FESPROSA.
“El pacto que está teniendo este brutal ajuste con el sector está teniendo consecuencias que se van a sufrir a largo y mediano plazo, como la pérdida de los equipos de salud por los bajos salarios”, insistió Boriotti, que le pidió a los mandatarios provinciales “un cambio en su mirada, es insostenible que un profesional de la salud esté ganando por debajo de la canasta familiar”. Para FESPROSA; los trabajadores enfrentan “un escenario de brutal ajuste, con la amenaza de profundizarse mediante una reforma laboral precarizadora, el recorte de nuestros derechos previsionales y la intención abierta de destruir a los sindicatos por parte del Poder Ejecutivo nacional”.