Antes de convertirse en uno de los funcionarios más visibles del gobierno libertario y en un férreo crítico de lo que sectores neoliberales “industria del juicio laboral”, Manuel Adorni fue un trabajador en relación de dependencia que recurrió a la Justicia para reclamar derechos laborales. El actual jefe de Gabinete se desempeñó durante casi 15 años en Mapemfi S.A., una concesionaria oficial de Renault vinculada también a Centro Automotores S.A., Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A.
La relación laboral terminó en conflicto y derivó en una demanda que concluyó con un acuerdo económico equivalente a más de 60 mil dólares, amparado en el mismo marco legal que hoy el Gobierno busca reformar.
El conflicto con la empresa y la carta documento
El episodio que detonó el conflicto se produjo en 2016, cuando la empresa le envió a Adorni una carta documento intimándolo a justificar inasistencias correspondientes a los días 11 y 12 de mayo, bajo apercibimiento de considerar abandono de trabajo.
El entonces empleado rechazó esa intimación mediante un telegrama laboral, en el que explicó que ese día se le había negado el ingreso al lugar de trabajo. Según su versión, directivos de la firma le habían anticipado que se preparaba una liquidación por despido sin causa, motivo por el cual intimó a la empresa a aclarar su situación laboral en un plazo de 48 horas.
Salario en negro y antigüedad no reconocida
En la demanda, Adorni denunció una serie de irregularidades habituales en el mercado laboral argentino. Aseguró que percibía parte de su salario de manera no registrada: 15.000 pesos “en blanco” y 45.862,15 pesos “en negro” mensuales.
También sostuvo que la fecha de ingreso consignada formalmente era incorrecta, ya que había comenzado a trabajar en septiembre de 2002, dos años antes de lo registrado. En ese marco, reclamó la regularización de aguinaldos, vacaciones proporcionales y aportes a la seguridad social correspondientes a la parte no declarada de su remuneración.
El acuerdo homologado por la Justicia laboral
La demanda se formalizó el 24 de abril de 2017 ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66. Durante el proceso se realizaron dos audiencias de conciliación: la primera, en junio de ese año, finalizó sin acuerdo; la segunda, el 12 de septiembre, permitió cerrar el conflicto.
En esa instancia, Adorni desistió de la acción contra Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., y alcanzó un acuerdo extrajudicial con Mapemfi S.A., que fue homologado por la Justicia laboral.
Sin reconocer los hechos denunciados, la empresa se comprometió a pagar un resarcimiento de 1.000.000 de pesos, en cuatro cuotas de 250.000 pesos entre septiembre y diciembre de 2017. Al tipo de cambio de ese momento, el monto superaba los 60.000 dólares.
La reforma laboral que viene y la doble vara oficial
El caso cobra especial relevancia en el actual contexto político. El Gobierno pretende tratar en febrero en el Congreso un proyecto de reforma laboral que apunta a reducir indemnizaciones, limitar sanciones por trabajo no registrado y recortar la capacidad de los trabajadores de reclamar judicialmente frente a abusos patronales.
La iniciativa es presentada como una herramienta para combatir la “litigiosidad” y promover el empleo privado, pero genera un fuerte rechazo en el movimiento obrero, que advierte sobre un retroceso en derechos históricos.
“Industria del juicio”, puertas adentro
Paradójicamente, Adorni ha sido uno de los funcionarios más duros al referirse a lo que denomina “la nefasta industria del juicio laboral”. En el último coloquio de IDEA sostuvo que es necesario “quitarle poder a los caranchos laboralistas”, a quienes responsabilizó por la quiebra de pymes.
Sin embargo, cuando fue trabajador, recurrió exactamente a los mecanismos legales que hoy cuestiona desde el Gobierno.
Milei también hizo juicio
Manuel Adorni no es el único funcionario de alto rango con ese recorrido. El propio presidente Javier Milei reconoció públicamente que también inició una demanda laboral. En su libro El camino del libertario, relató un conflicto con un empleador que pretendía reducirle el salario y las horas de trabajo sin formalización.
“Me pareció tan bajo y miserable lo que me hizo aquel empleador que le hice juicio. Obviamente, lo gané”, escribió.
Mientras el oficialismo avanza con un proyecto de “modernización laboral” que promete reavivar el debate parlamentario en febrero, los antecedentes de sus principales figuras exponen una contradicción difícil de disimular: los derechos laborales que hoy buscan limitar fueron los mismos que les permitieron, en su momento, defenderse frente a prácticas empresariales abusivas.