A días que los senadores comiencen el debate del proyecto de reforma laboral, se multiplican las acciones para marcar la resistencia que genera la iniciativa en el sector sindical. La marcha de este jueves en la Ciudad de Córdoba, que reunió a los gremios combativos que no esperaron a la CGT para ganar las calles, parece el puntapié inicial de las medidas concretas que intenten contener la avanzada libertaria, que hasta ahora tiene algunos respaldos y muchas dudas respecto de su votación final. Además del plan de lucha, los gremios vienen dando una especie de “batalla discursiva”, donde con argumentos legales y ejemplos concretos se busca dar elementos a la dirigencia y los trabajadores para marcar los perjuicios que trae la propuesta oficial. Una de estas ideas es la inconstitucionalidad de la reforma, ya que limita o elimina derechos amparados en la carta magna. Este y otros temas legales fueron el eje de un importante encuentro realizado esta semana, organizado por la Federación Judicial Argentina (FJA), donde abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo diseccionaron los artículos más polémicos, y alertaron sobre las consecuencias que traerá no sólo para los nuevos trabajadores, sino para todo el universo de los asalariados, tanto formales como informales. En el encuentro, se hizo un análisis académico, jurídico y sindical de la reforma laboral, y se llegó a una conclusión inapelable: “Es un retroceso histórico”.
Bajo el título La reforma laboral regresiva de Milei reunió a especialistas del derecho laboral, que fueron dando los fundamentos, los alcances y las posibles consecuencias de la iniciativa del oficialismo, que se supone que la semana que viene ingresará al Congreso. La actividad se hizo en el marco del Foro para la Defensa del Derecho Laboral y la Justicia Social, espacio que la FJA integra junto a otros sindicatos, organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos, docentes universitarios, asociaciones de abogados, entre muchas otras. La actividad estuvo coordinada por Lucia Bonafe, secretaria de Organización y Relaciones internacionales de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de la provincia de Córdoba. La convocatoria estuvo presidida por Matías Fachal, titular de la Federación Judicial Argentina y miembro del conducción nacional de la CTA Autónoma. Data Gremial participó de la presentación, donde los panelistas dieron cuenta de las violaciones legales de la propuesta, y de sus “nefastas consecuencias”.
En primer lugar, expuso Roberto Pompa, abogado y Magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social, quien centró su mirada en los aspectos constitucionales de la reforma. “Hace muy poco presentamos un trabajo donde dimos 160 razones donde mostramos que esta iniciativa es contraria a la Constitución Nacional, porque en especial vulnera derechos consagrados en tratados internacionales por ejemplo o aquellos que son parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, resaltó. Para el ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, de aprobarse el proyecto de Milei “los abogados vamos a tener mucho trabajo para realiza las presentaciones correspondientes, porque hay numerosos elementos para presentar, y los jueces tienen la obligación de aplicar estas normas para decir que la reforma laboral es inconstitucional”. El proyecto habla de la neutralidad del Estado en el mercado laboral, porque se considera “a los trabajadores en igualdad de condiciones respecto de las empresas”. Para Pompa, “eso contradice todo lo que dicen esos tratados nombrados, que dan una tutela a esas personas que trabaja. La ley protege a los trabajadores como la parte más vulnerable de esta relación”. Sobre el argumento de la reforma crea empleo, se alertó que “se excluye a los trabajadores de plataforma, un contrasentido. Crear una figura en el marco de una ley laboral para excluirlos, sin darle ningún derecho importante”.
Detalles de la destrucción
En segundo lugar, Natalia Salvo, abogada laboralista y presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, dejó sus impresiones del proyecto. “Me da un poco de bronca, para decirlo en términos coloquiales, que cada vez que discutimos estos proyectos usemos palabras como modernización, que son eufemismos cuando en realidad lo que se busca es la pulverización de derechos”, dijo. Para la especialista, se trata de “un proyecto de destrucción de derechos del trabajo, que nos retrotrae a la esclavitud”. “Hay que ver cómo permeamos en la opinión pública, porque muchos trabajadores apoyan incluso la reforma porque creen que van a tener más libertad. La discusión es política y subjetiva”, agregó Salvo. Uno de los temas claves que marcó la abogada y docente es unificar el plan de lucha, ya que la reforma “no la podemos entender sin recordar el DNU 70 y la Ley Bases”. “Todo esto avanza por la balcanización de las protestas, pensar que lo que pasa en el Garrahan no tiene nada que ver con la pelea de los despedidos de una fábrica o la lucha contra la reforma es un error”, destacó. Sobre el hospital pediátrico, lo calificó como “un laboratorio de la reforma laboral que quieren imponer”, y concluyó que “muchos de los cambios propiciados por esta ley son un retroceso histórico”.
A su turno, Matías Cremonte. Otro de los abogados laboralistas destacados del país se refirió a los alcances de la propuesta libertaria. En primer lugar destacó la movilización en Córdoba, y marcó que “todo lo que se haga va a ser determinante”. “Este proyecto de ley no cumple ninguno de los objetivos que dice perseguir el gobierno, hay muchos objeticos que no se dicen, uno de ellos es el aumento de la rentabilidad empresarial, pero no lo transparenta”, subrayó. Para Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), “no exageramos cuando decimos que esto solo es el principio”, y coincido con Pompa que el proyecto “no pasa ningún examen de constitucionalidad”. Como ejemplo de esto, puso los intentos de declarar esencial casi todas las actividades. “Hay consenso en la OIT de que algunas actividades esenciales pueden tener algún tipo de restricción, pero en el país no hubo grandes conflictos o huelgas que hayan generado problemas en la vida de la gente”, resalto Cremonte. Lo que hace el gobierno con este tema es” sumar 65 actividades a los servicios esenciales, y crea una categoría de ‘servicios importancia trascendental’, donde obliga al mantenimiento del 75 por ciento de la actividad, lo que hace que el derecho a huelga deja de existir”. Además, insistió, “es tan amplia la definición que pueden en el futuro sumarse casi todos los rubros, cualquier servicio puede verse abarcado en esta excesiva restricción, porque lo buscan en el fondo es que no exista ningún tipo de protesta”.
Sobre la negociación colectiva por empresa, recordó que el secretario de Trabajo Julio Cordero explicó que “lo que hoy es un piso de derechos pasará a ser un techo”. “Esto significa peores condiciones de trabajo”, marcó. Además, facilita la creación de los sindicatos por empresas, que hoy la ley limita a lugares donde no hay un gremio de actividad. “Los que promueven este tipo de organizaciones son los propios empresarios, es un modelo muy extendido en Latinoamérica, donde proliferaron estas entidades y las negociaciones por empresa de la mano de la avanzada neoliberal. El objetivo es la destrucción de la organización sindical, no es un modelo alternativo, es una política anti sindical”, cerró Cremonte.
Mentiras y falacias
Una coincidencia de los panelista es que la reforma laboral libertaria es promovida por los poderes económicos, y que su aprobación “es un retroceso al siglo XIX”. Por esto, Matías Fachal, titular de la FJA, agradeció los argumentos expresados, y finalizó la jornada de debate con algunas reflexiones. En primer lugar, vinculó la iniciativa con viejos anhelos de la derecha nacional: “No puedo dejar de relacionar la reforma con la política de la dictadura militar, donde un gran porcentaje de los desaparecidos eran trabajadores o referentes sindicales”. “Esta propuesta no moderniza nada, atrasa, nos deposita en el siglo XIX y desmonta 150 años de conquistas que obtuvimos los trabajadores”, resaló el dirigente judicial. En este punto, fue enfático: “No genera un solo derecho”. Allí puso el ejemplo de los trabajadores de plataforma, que son nombrados en el proyecto “para decir que no son alcanzados, pero dicen que quieren contemplar las nuevas formas de trabajo. Están mintiendo, como cuando dicen que quieren resolver la precarización”.
En tanto, casi en simultáneo a la actividad el gobierno presentó al Oficina de Respuesta Oficial, que según se explicó saldrá al cruce de versiones falsas de actos gubernamentales. Para Fachal, esta dependencia “debería salir a aclarar todas las mentiras que se dijeron de este proyecto”. Más allá de la ironía, para el dirigente el objetivo del oficialismo es además de todo “abaratar los despidos para los empresarios, y así maximizar sus ganancias”. Del otro lado de la balanza, están los sindicatos, que la ley “quiere debilitar”. “Quieren limitar nuestra respuesta ante propuestas como estas, quieren hacer desaparecer a los sindicatos, a través de su financiamiento”, dijo Fachal. Por último, como viene haciendo el sindicalismo, el dirigente dejó unas palabras para los gobernadores, claves para la aprobación o no de la iniciativa: “No entreguen los derechos de los trabajadores de todo el país a cambio de un par de obras, porque este gobierno acordó la reforma con los empresarios, sin negociar con ellos”.