Con el rechazo total al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei, el peronismo avanza en la construcción de una iniciativa alternativa para disputar el debate en el Senado. La estrategia no se limita a votar en contra de la propuesta oficial, sino a instalar una agenda propia centrada en la recomposición salarial, la reducción de la jornada laboral, la ampliación de derechos y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
La elaboración del proyecto está a cargo del senador Mariano Recalde y la diputada Raquel “Kelly” Olmos, quienes trabajan en paralelo con el objetivo de unificar criterios y presentar un texto único del principal bloque opositor. Según adelantaron desde el espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner, la propuesta final se dará a conocer en los próximos días, de cara al tratamiento previsto para principios de febrero en la Cámara alta.
Paritarias libres y salarios íntegros en dinero
Uno de los ejes centrales de la contrapropuesta es el fortalecimiento de la negociación colectiva como herramienta para recomponer los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, el peronismo plantea paritarias libres, sin techo ni condicionamientos, y cuestiona duramente el accionar de la Secretaría de Trabajo, que en reiteradas ocasiones se negó a homologar acuerdos salariales por superar la pauta inflacionaria del Gobierno.
En la misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, encargado de fijar el salario mínimo, vital y móvil, y establecen como principio que el salario debe ser abonado íntegramente en dinero, en abierta confrontación con la posibilidad de pago en especie que impulsa La Libertad Avanza.
Regulación del trabajo en plataformas
Otro capítulo clave del proyecto alternativo es la regulación del trabajo en plataformas digitales. El peronismo busca reconocer formalmente la relación laboral mediante la reglamentación del principio de presunción de relación de dependencia, además de exigir la apertura de los algoritmos que definen la asignación de tareas, penalizaciones y bloqueos.
Entre los derechos que se buscan garantizar para este sector figuran las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad, la cobertura por accidentes y el derecho a conectarse y desconectarse libremente, sin sanciones ni penalidades.
Licencias, jornada laboral y derecho a la desconexión
La iniciativa también retoma debates históricos del movimiento obrero. Uno de ellos es la ampliación de las licencias por paternidad, una discusión que no logró avanzar durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde el peronismo aclararon que esta extensión no tendría costo para las empresas, ya que sería cubierta por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.
En materia de tiempo de trabajo, el proyecto impulsa una reducción gradual y progresiva de la jornada laboral. Como primer paso, se propone avanzar hacia jornadas de 7 horas diarias o 42 semanales, tomando como referencia experiencias recientes en países de América Latina —como Chile, Colombia y México— y en Europa. El objetivo, sostienen, es mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y generar más empleo.
Para quienes trabajan bajo modalidades remotas o híbridas, la propuesta profundiza el derecho a la desconexión, garantizando el respeto por los tiempos de descanso y evitando exigencias fuera del horario laboral.
Participación en las ganancias
La contrapropuesta incluye además la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas, un derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que nunca fue aplicado de manera generalizada. Durante el debate en comisión, Recalde sostuvo que esta medida permitiría que “los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien” y contribuiría a que los salarios evolucionen “hacia arriba y no hacia abajo”.
Un debate que se acelera en el Senado
Mientras el peronismo termina de cerrar su iniciativa, el oficialismo avanza con su propio calendario legislativo. En La Libertad Avanza aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en general en el Senado, aunque admiten que el debate en particular podría introducir modificaciones.
El tratamiento del proyecto oficial está previsto para mediados de febrero, en el marco de un nuevo período de sesiones extraordinarias, antes del inicio del período ordinario el 1° de marzo. En ese escenario, el peronismo buscará convertir su contrapropuesta en una bandera política y sindical, en defensa de los derechos laborales y del modelo de relaciones de trabajo basado en el esquema tripartito entre Estado, empresas y trabajadores.