Al menos tres provincias no tienen clases en estos días, producto de los paros que realizan los docentes, en reclamo de mejoras salariales y contra la precarización laboral. Ante el avance de la inflación, se comenzaron medidas de fuerza en Chubut, Tierra del Fuego y Salta, en donde hubo una feroz represión que potenció el malestar de los trabajadores educativo.
En el primero de los casos, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) inició hoy miércoles un paro de actividades por 72 horas, en demanda de una recomposición salarial y en rechazo a la oferta de incremento de haberes formulada por las autoridades provinciales en la última reunión paritaria. El secretario general Daniel Murphy explicó que “el sueldo básico inicial ronda los 93 mil pesos y eso claramente es inadmisible”.
“Pedimos un piso de 200 mil pesos. No aceptamos la última oferta del gobierno de la provincia porque a todas luces es insuficiente. Consiste solo en adelantar el pago de lo acordado y comprometerse a retomar la discusión antes de lo pautado, a principio de año por la inflación. Pero no mejora en nada el atraso salarial. En síntesis el aumento representa 5 mil pesos y eso es realmente inadmisible" planteó el dirigente sindical. La organización que representa a la mayoría de los trabajadores de la educación chubutense sostuvo, a través de un comunicado, que la medida de fuerza se debe a "la enorme la urgencia de recomposición salarial" que existe en el sector y "porque no hay un verdadero derecho a la educación sin salario digno" para los docentes.
Más al sur
En tanto, los gremios docentes de Tierra del Fuego realizan hoy un paro de actividades de 24 horas en reclamo de mejoras salariales con movilizaciones y ollas populares en las principales ciudades de la provincia. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) rechaza un aumento de sueldos del 5 por ciento a partir de julio, y de un 6,5 por ciento en agosto, propuesto por la administración del gobernador Gustavo Melella, a la vez que reclama “subsidios para el alquiler de viviendas” e “intervención estatal en el mercado de alimentos”.
Por su parte, la ministra de Educación provincial, Analía Cubino, definió al paro como "una medida apresurada" y recordó que “desde el primer día de gestión se establecieron paritarias libres y abiertas para tratar este tipo de reclamos”. "Entendemos los mecanismos democráticos de los sindicatos, porque no es el único gremio con el que conversamos y llevamos la discusión, pero también decimos que es una medida apresurada porque todavía no se ha terminado la negociación", señaló la funcionaria en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, hizo hincapié en la crisis habitacional que atraviesa la provincia y solicitó que “hasta que se construyan las viviendas necesarias y se posibilite el acceso al crédito, el Estado debe subsidiar alquileres”. “El Estado tiene que resolver ese problema, no lo va a resolver el mercado. No van a bajar los precios de los alquileres ni van a subir los salarios al nivel que se pueda pagar”, exigió Catena en conferencia de prensa.
Crisis en Salta
En tanto, en Salta la crisis lleva varios meses, donde los docentes reclaman mejoras salariales. En esa provincia, los denominados Docentes Autoconvocados definieron realizar medidas de fuerza en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo cortes de accesos. La reacción oficial del gobierno de Gustavo Sáenz fue una brutal represión y el anuncio posterior de un supuesto acuerdo salarial que, horas más tarde, fue desmentido por docentes y gremios.
Las imágenes de heridos por golpes y balas de goma, corridas, detenciones y causas penales instruidas en contra de 19 educadoras y educadores generaron un efecto rebote en la provincia. Este lunes 29 de mayo no hubo clases en ninguna escuela. En las escuelas de Salta el acatamiento al paro “fue del 100 por ciento”. Según medios locales, la marcha provincial de la docencia convocada en las primeras horas de la mañana fue masiva y se extendió por más de 10 cuadras. Las consignas fueron el rechazo al acuerdo del gobierno, por un salario igual al costo de la canasta familiar indexado a la inflación, 82 por ciento móvil para las jubilaciones docentes y sobreseimiento a los docentes detenidos.