La semana pasada, los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales alertaron que si el gobierno no pone en plena vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero suspendida por un intento de artilugio legal, no iniciaría las clases en el 2026. Es que los gremios tomarán medidas porque sin esta norma, no se podrán cumplir con el normal dictado de clases. A la par del plan de lucha, hubo varias presentaciones judiciales para que la gestión libertaria cumpla con la normativa. Este martes, un juez decidió darle lugar a uno de los reclamos, en este caso el del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y ordenó la suspensión del decreto que frenaba la ley. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, hizo lugar alana medida cautelar y ordenó al Poder Ejecutivo “cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles”, previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley 27.795), al considerar que el decreto 759/2025, que suspendió su ejecución, presenta , en principio, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. El fallo llega en momento que un nuevo informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) determinó que los salarios del sector siguen cayendo, y ya perdieron más de 30 puntos desde que Javier Milei es presidente.
La decisión adoptada por el juez Cormick fue recibida con entusiasmo por docentes y nodocentes, que presentaron sus propios amparos, como el del CIN, que finalmente obtuvo el visto bueno judicial. Al resolver el planteo, el magistrado recordó que para admitir un amparo se exige la configuración de circunstancias excepcionales, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y por la demostración de un daño concreto y grave que sólo pueda ser reparado a través de una vía urgente.
En ese marco, señaló que la medida solicitada debía analizarse con especial rigor, al tratarse de una tutela anticipada. Bajo esas premisas, el magistrado analizó los recaudos exigidos por el artículo 14 de la ley 26.854 para la procedencia de medidas cautelares innovativas. En primer lugar, consideró acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. Para decidir de esa forma, tuvo en cuenta el proceso legislativo que culminó con la sanción de la ley 27.795, su posterior veto en manos del presidente Javier Milei, la insistencia del Congreso y la promulgación del decreto 759/2025, cuya validez fue cuestionada en la demanda.
En ese contexto, el juez explicó que “la insistencia legislativa no admitiría en el prematuro análisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solución que la efectiva aplicación de la ley que se trata”. Agregó que, al menos en esta etapa inicial del proceso, no resultaba admisible una "variante suspensiva" frente a una norma sancionada tras la insistencia prevista en el artículo 83 de la Constitución.
El fallo también consideró configurada la “fuerte posibilidad” de que el derecho invocado por los actores exista, en tanto la insistencia del Congreso impone “una prestación o actuación positiva de la autoridad pública“. En ese sentido, el magistrado precisó que el Poder Ejecutivo fundó la suspensión de la ley en una norma de inferior jerarquía -el artículo 5° de la ley 24.629- frente a un mandato constitucional expreso. En efecto, la norma que sirvió de fundamento para dejar sin aplicación el financiamiento universitario estipula que cualquier “ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Expectativa sindical
La noticia fue celebrada por los gremios del sector, que vienen peleando contra el ajuste de Milei en el sector universitario. “El gobierno tiene que cumplir ya con la Ley de Financiamiento Universitario”, resaltó Daniel Ricci, titular de FEDUN. Luego del fallo judicial que ordenó a cumplir con la norma, el dirigente le dijo a Data Gremial que “al ser una medida cautelar su aplicación debe ser inmediata”, por eso el reclamo que hicieron desde FEDUN.
Pese a esto, Ricci espera que haya pasos concretos antes de festejar: “Todos vimos cómo es el gobierno nacional, hasta ahora no respeta mucho la democracia y sus poderes, pero tendría que cumplir la orden de inmediato”. Esto significa que para el próximo mes ya se podrían calcular las paritarias de docentes y nodocentes con el nuevo sistema que impone la ley.
Por su parte, desde el gremio de base FEDUBA saludaron el fallo, que en lo concreto “revierte la estrategia de gobierno nacional que consistió en suspender la paritaria, recortar un 40 por ciento los salarios, becas y gastos de funcionamiento, desconocer por dos años consecutivos las leyes del congreso y como si fuera poco, pretendió derogar en el último presupuesto enviado”. “Este fallo cautelar es un paso más en la pelea que hace dos años el sistema universitario y la sociedad argentina en su conjunto viene dando contra un plan sistemático de desmantelamiento y destrucción de las capacidades de producción de conocimiento en nuestro país. No vamos a quedarnos mirando cómo se llevan puesto el país”, dijeron desde el gremio, que es parte de la CONADU. De esta forma, se pone en cuestionamiento el decreto 795/2025, que suspendió la aplicación de la norma, al argumentar que la ley “no autorizaba o disponía gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario”.
Nuevo informe
El paso adelante respecto a la Ley de Financiamiento Universitario se da en momentos que los salarios de los docentes y nodocentes siguen retrocediendo, y están en los niveles más bajos de las últimas décadas. Así lo confirmó el reciente informe de FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el sexto que se realiza en conjunto para analizar el impacto del ajuste del gobierno en el presupuesto del sector y los salarios. En este, se confirmó que en dos años de gobierno el IPC “acumula un alza del 249,5 por ciento”, mientras en el mismo período “los salarios en universidades nacionales se incrementaron un 139,4 por ciento”.
Es decir, desde noviembre del 2023 “acumulan un deterioro de 110,1 puntos base”. Esto hizo que los sueldos “cayeron un 31,5 por ciento real”, y en lo que va del año “pierden 10,2 por ciento”. El nivel salarial del sector “se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 40,1 puntos desde el pico de 2011”. En este contexto, en dos años los trabajadores universitarios docentes y nodocentes “han perdido 2,49 billones de pesos (constantes), cuando se compara la masa salarial del 2023 con la de los años 2024 y 2025”.
Por estas cuestiones, recalcó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno nacional “profundiza el ajuste en el sector universitario, generando una caída del 6,3 por ciento real en el financiamiento (31,1 por ciento desde 2023 y 36,1 por ciento desde 2015)”. El presupuesto de la educación superior representará el 0,457 por ciento del PBI en 2026 (0,718 por ciento en 2023). Por esto, la inversión en universidades nacionales en 2024 “cayó 21,8 por ciento y se proyecta un retroceso adicional del 6,1 por ciento en 2025 y del 6,3 por ciento en 2026, en términos reales”. En el acumulado a noviembre “cae un 28,5 por ciento versus igual período de 2023”. La ejecución acumulada del ex Ministerio de Educación se deteriora un 49,6 por ciento en dos años.