El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL) demandó a la empresa jujeña por 24 millones y medio de pesos más intereses por “aportes sindicales retenidos y no pagados” en la década que se cuenta de 2008 a 2018.
Según el análisis que realizaron especialistas en una demanda preparatoria que se inició en 2018, por este único ítem la empresa estaría debiendo un aproximado de 85 millones 300 mil pesos (sumados los intereses). En las diligencias se calcularon además las deudas con el fisco (AFIP y DGSS), y las obras sociales de los trabajadores en un total de 903 millones de pesos y 326 millones 300 mil pesos respectivamente.
Pero la demanda presentada indica que también se perjudicó directamente a los haberes jubilatorios futuros de los trabajadores, y en algunos casos, a quienes deban cobrar indemnizaciones en caso de despido.
La empresa envió un detalle Salta/12 negando esta situación. Entre otros puntos, indicó que: “Ledesma abonó sumas no remunerativas pactadas en acuerdos paritarios que el SOEAIL, en pleno uso de la voluntad colectiva, negoció y validó, siempre en presencia de la autoridad laboral”. Añadió que los acuerdos fueron homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación dado que esta es una “práctica admitida no sólo en los ámbitos privados sino también en el de la Administración Pública”.
La firma acusó al SOEAIL de actuar con “mala fe” cuando sostiene que se omitió ingresar aportes y contribuciones. Y es que para la empresa, quienes están al frente del SOEAIL suscribieron sus acuerdos de manera voluntaria. Ello pese a que reconoció que hay acuerdos favorables para las partes que se logran alcanzar en “contextos económicos adversos”.
“Lamentamos este afán de desinformar y confundir a nuestros trabajadores. Desde 2011 el Secretario General del SOAIL es uno de los miembros paritarios legitimados en la firma de todos los acuerdos salariales suscriptos con la empresa, que hoy pretende negar”, afirmó la empresa en un comunicado.
Presión para bajar los costos laborales
En la demanda se argumentó que “para bajar costos laborales, la empresa presionaba a los trabajadores dentro de la puja distributiva a aceptarlo” al acuerdo. Ello implicó desde 2008 y hasta 2018 que casi un tercio de las sumas percibidas sean quitadas de la base del descuento para cuota sindical, obra social o aportes dispuestos por ley.
“Se le solicitó a Ledesma a que realice los pagos omitidos pero se negó sistemáticamente”, añade la demanda presentada ante el Tribunal de Trabajo Sala IV Vocalía 10, de San Pedro de Jujuy, el 22 de octubre. En la demanda se afirma que al evitar los aportes y las contribuciones, Ledesma “aumentó su tasa de ganancia y la cantidad efectivamente ganada a costa de los trabajadores y del sistema de seguridad social”.
Y se indicó que esta práctica no solo va contra las leyes nacionales o internacionales (como el convenio de la OIT), sino que además se da en un contexto sumamente distinto al de 2001, cuando estalló la crisis en Argentina. “En esta situación… podríamos avalar los aumentos no remunerativos, pero hoy en día no hay nada que los avale ni muchos menos que los justifique”.
De hecho, se destacó que la empresa empezó a pagar la totalidad de los aportes y contribuciones sobre la totalidad de la masa salarial desde 2018. La decisión la tomó ante la notificación de las diligencias preliminares que calcularon la deuda en ese año.
“Hay demandas por deudas al hospital público”
El secretario general de SOEAIL, Rafael Vargas, dijo que con el dinero adeudado por Ledesma se podrían salvar los problemas administrativos que tienen, sobre todo a nivel de la obra social propia, el Sindicato.
“Nuestra obra social, como sucede en todo el país, tiene los mismos problemas”, afirmó al sostener que los incrementos de insumos y medicamentos fueron en un 800 por ciento. La contracara para el Sindicato fue perder los aportes, que a su vez generaron problemas a la obra social y, por lo tanto, la migración de muchos de los trabajadores a otras prestadoras de este servicio social.
Añadió que la situación es tal, que el SOEAIL cuenta incluso con demandas judiciales por deudas que mantiene “con el hospital del Estado”.