El secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal (SCT), José Ibarra, presentó este martes en la Legislatura porteña un anteproyecto de modificación al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires que busca regular la actividad de las plataformas digitales como Uber, Cabify y Didi, con el objetivo de equiparar sus obligaciones fiscales, técnicas y de seguridad con las que rigen para los taxistas.
“Queremos reglas claras y la misma ley para todos”
“Hoy le presentamos la iniciativa al titular del bloque de Unión por la Patria, Alejandro Grillo, pero vamos a seguir recorriendo los despachos de los distintos bloques para que la Legislatura lo trate como corresponde. Es algo que tiene que ver con la Ciudad, y qué mejor que venir acá, donde están los legisladores elegidos por la gente”, afirmó Ibarra en diálogo con Data Gremial.
El dirigente, que también encabeza la Federación Nacional de Conductores de Taxis y las 62 Organizaciones Peronistas, remarcó que el proyecto es “un hecho histórico” porque busca “poner en igualdad de condiciones a las plataformas digitales con los trabajadores del taxi, que pagan impuestos, seguros y cumplen todas las exigencias legales”.
“A nosotros nos hacen pagar impuestos, tener seguro, aprobar la VTV, presentar certificado de antecedentes penales y muchas otras cosas. Mientras tanto, las empresas de aplicaciones permanecen en la ilegalidad y se llevan al exterior la plata de los argentinos. No reinvierten un centavo, nadie controla sus comisiones y no contribuyen como nosotros a la economía nacional”, advirtió.
Cambios propuestos al Código de Tránsito porteño
El anteproyecto del SCT propone incorporar al Código de Tránsito y Transporte el Título Decimoséptimo, denominado “De los servicios de solicitud y despacho de servicios de transporte de pasajeros en automóviles requeridos en forma remota”.
Allí se establecen una serie de requisitos y controles para que las empresas de apps operen bajo las mismas reglas que los taxis.
Entre los puntos centrales, el proyecto plantea que las plataformas deberán:
- Registrarse ante la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad, aportando datos de las empresas, sus socios y domicilio fiscal en Argentina.
- Acreditar el pago de impuestos y contribuciones locales y nacionales, al igual que los conductores de taxis.
- Cumplir con las exigencias de seguridad, incluyendo seguro obligatorio de responsabilidad civil, revisiones técnicas vehiculares y habilitación de los automóviles utilizados.
- Garantizar que los conductores posean licencia profesional, certificado de antecedentes penales y capacitación habilitante.
- Informar a la autoridad de control la nómina de vehículos y choferes activos, así como las tarifas y comisiones aplicadas.
- Proteger los datos personales de los usuarios conforme a la legislación vigente en materia de privacidad y seguridad digital.
Con estas modificaciones, el sindicato busca que las plataformas dejen de operar en la informalidad y se sometan a las mismas normas de transparencia, seguridad y responsabilidad que el servicio de taxi regulado.
“Basta de desigualdad y evasión fiscal”
Ibarra insistió en que la iniciativa pretende “terminar con la desigualdad y la evasión fiscal”. “Las plataformas no pagan lo que corresponde ni cumplen con las normas que rigen para los taxis. Queremos que se hagan cargo, que tributen y que se sepa cuántos autos de aplicación existen realmente en la Ciudad”, expresó.
El dirigente también cuestionó la falta de control del Gobierno porteño: “¿Por qué a los manteros se los persigue por ilegales y a las plataformas no se las toca, cuando también operan fuera de la ley? Hay una gran evasión fiscal y el Gobierno de la Ciudad no puede seguir mirando para otro lado”.
Por un transporte seguro y regulado
El titular del SCT recordó que el gremio lleva años reclamando controles efectivos. “Hace mucho tiempo que venimos presentando denuncias en la Justicia contravencional, en el Congreso y en la Jefatura de Gobierno, sin respuestas. Los medios lo saben: hubo casos de mujeres y adultos mayores víctimas de abusos en estos servicios, y nadie hace nada”, denunció.
“Nunca estuvimos en contra del avance tecnológico —concluyó Ibarra—, pero sí queremos reglas claras, competencia leal y respeto por la ley. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Eso es lo que le venimos a pedir hoy”.