El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Capitán Mariano Moreno, expresó su rechazo al nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei, al que calificó como “el tiro de gracia a la Marina Mercante Nacional”. Según explicó, la norma habilita una competencia desleal por parte de flotas extranjeras, precariza las condiciones laborales y representa “un retroceso histórico” en términos de soberanía, empleo y desarrollo industrial.
El decreto, que modifica de manera sustancial la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante e Integración Fluvial Regional, lleva las firmas de varios funcionarios del gabinete nacional: Federico Sturzenegger (Desregulación), Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Gerardo Werthein (Infraestructura).
Moreno no dudó en calificar la norma como “nefasta” y denunció que su verdadero objetivo es reducir los costos del flete fluvial a través de recortes salariales y la pérdida de derechos laborales. “Los argumentos que expresan en sus considerandos no son reales y no van a generar ningún desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Muy por el contrario, lo que hacen es abrir las puertas de forma irrestricta a buques de bandera extranjera y a trabajadores extranjeros”, afirmó.
Flexibilización del cabotaje y pérdida de soberanía
Uno de los puntos más cuestionados del nuevo régimen es la flexibilización del cabotaje nacional. El decreto permite a embarcaciones extranjeras operar por hasta 60 días dentro del territorio argentino, con posibilidad de extender indefinidamente ese plazo mediante mecanismos legales. “Por ejemplo, una empresa paraguaya podría alternar dos buques, uno operando en tráfico troncal y otro haciendo cabotaje interno en Argentina. Cumplido el plazo, intercambian las naves y siguen operando. Esto es competencia desleal para las empresas nacionales, que no tienen los mismos beneficios impositivos ni regulatorios”, explicó Moreno.
También criticó el nuevo esquema de contratación de tripulantes, que deja de lado los convenios colectivos locales en favor de normas internacionales que establecen condiciones mínimas. “Esto no genera trabajo argentino ni mejora el sector, sino que lo hunde en la precariedad y lo expone a una vulnerabilidad permanente”, advirtió.
En ese sentido, recordó que la Ley 27.419, sancionada en 2017 con respaldo gremial, había sido vetada parcialmente por el expresidente Mauricio Macri, quien suprimió los artículos que contemplaban promoción y financiamiento del sector. “Casualmente, Sturzenegger también estuvo involucrado en ese entonces y ahora le da la estocada final a una actividad que tiene capacidad de movilizar a todas las industrias del país”, remarcó.
Medidas judiciales y gremiales en camino
El titular del Centro de Patrones adelantó que el gremio impulsará medidas judiciales y gremiales para frenar el decreto. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Esto no puede quedar así. Este decreto es el tiro de gracia a la Marina Mercante Nacional y bajo ningún punto de vista puede considerarse como un proyecto de desarrollo. Es un retroceso histórico”, enfatizó.
Otro de los puntos sensibles del DNU es la declaración de la actividad marítima como “esencial”, lo que limitaría el derecho a huelga de los trabajadores. “Es una forma distinta de cercenar un derecho consagrado, disfrazado de esencialidad que no tiene justificación. Acompañamos a esa figura durante la pandemia, que fue una situación gravísima, pero no estamos en ese escenario. Ahora es un ataque directo a los trabajadores”, expresó.
Para Moreno, lo que está en juego es mucho más que la competitividad del sector: “Si este modelo se impone, el país pierde soberanía, empleo y desarrollo industrial. Solo ganan unos pocos que se benefician con mano de obra barata y flotas extranjeras operando impunemente en nuestras aguas”.
Mientras el Gobierno celebra la medida como una modernización del sistema logístico nacional, desde el movimiento obrero fluvial sostienen que se trata de “la entrega definitiva de la soberanía marítima y fluvial argentina”.