Con una conciliación obligatoria vigente y al inicio de la discusión de reapertura de paritarias, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial, Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) realizó una grave denuncia al revelar un violento ataque a su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual tuvo como principal blanco al despacho de su máxima autoridad, Daniel Yofra, y por el que detuvieron a una persona.
El hecho, dado a conocer en las últimas horas, pero ocurrido entre el fin de semana del 4 y 5 de octubre, fue considerado por la entidad gremial como “planificado”.
¿Cómo fue el ataque?
Así lo hizo saber mediante un comunicado oficial, en el que indicó que los agresores dejaron sin electricidad al establecimiento, violentaron varias puertas de acceso e ingresaron directamente a la oficina del secretario general.
Posteriormente, en ese sitio, forzaron dos puertas más hasta que los sorprendieron en el acto. En ese instante, lograron aprehender a un individuo.
Según trascendió, el episodio no tendría características de ser un intento de robo común, dado que quedó evidencia el conocimiento previo del lugar y un “objetivo político claro”.
Es más, el sindicato afirmó que en la oficina de Yofra no había dinero ni equipos de valor, solo libros, una cafetera y material de trabajo sindical.
¿Ofensiva contra el sindicalismo?
Para los representantes del gremio, el ataque tuvo lugar en un contexto muy particular del país, donde desde el Gobierno se hostiga a las organizaciones sindicales.
“Vivimos una ofensiva constante contra el salario, los derechos laborales y las entidades que representan a los trabajadores”, comentaron al repasar que ya en 2023 habían alertado sobre la persecución y criminalización de la dirigencia sindical.
Como se mencionó anteriormente, llevaron a cabo el hecho en un momento clave con la apertura de la paritaria aceitera, una de las más relevantes del país por su influencia en la negociación colectiva y el poder económico del sector exportador.
“Este no fue un hecho casual. Fue un acto de intimidación contra una organización que defiende los derechos de los trabajadores en un sector estratégico de la economía nacional”, enfatizaron.
En ese sentido, exhortaron a las autoridades nacionales y porteñas a que se investigue a fondo el ataque y se garantice la seguridad de los dirigentes y el libre ejercicio de la actividad gremial.
Las pericias de lo ocurrido quedaron en manos de las autoridades judiciales competentes, mientras el gremio evalúa acciones legales y políticas ante lo que calificó como un “grave atentado contra el movimiento obrero organizado”.
El contexto
Cabe recordar la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó la conciliación obligatoria con vigencia por 15 días hábiles. La resolución, firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Ágata Mentoro, retrotrae el conflicto a su estado anterior y obliga a las partes a retomar el diálogo.
Durante este período, los gremios mantienen suspendidas cualquier medida de fuerza, mientras que las empresas tienen prohibido aplicar represalias contra trabajadores y trabajadoras.
La medida abarca a todas las grandes compañías del sector aceitero, entre ellas Cargill, Bunge, LDC, Terminal 6, Molinos Agro, Renova y Cofco, que pretenden continuar operando con normalidad.