La vía judicial planteada por la CGT respecto de la reforma laboral logró suspender gran parte de su articulado, lo que es considera un gran triunfo. Pero la dirigencia sabe que la batalla es larga, ya que el gobierno insistirá con poner en marcha varios de las propuestas que allí se contemplan, como el Fondo de Asistencia laboral (FAL), uno de los puntos que más rechazo genera. Al respecto, el diputado nacional y abogado laboralista Hugo Moyano hijo recordó que este instrumento hace que “la seguridad social financiando a los empleadores”. Además, se refirió a los ataques al modelo sindical que genera este gobierno.
Entre varios puntos críticos de la reforma laboral, uno de los que señaló Moyano es la implementación del FAL, un sistema diseñado para sustituir las indemnizaciones por despido creando un fondo con los aportes que hoy van a la seguridad social. “Es el sueño que Sturzenegger no pudo cumplir con la Ley Bases que incluía un Fondo de Cese. Ahora lo hicieron obligatorio. Lo que pinta quienes son los beneficiados con este modelo. Es la seguridad social financiando a los empleadores que pretenden despedir”, denunció Moyano.
Además, explicó que este fondo, que detrae entre un 1,5 y un 3 por ciento de las contribuciones, no solo facilita el despido sino que está pensado para que los recursos acumulados sean administrados por “fondos de inversión amigos de Sturzenegger y (Luis) Caputo”, vinculados a los sectores financieros, que hoy ocupan cargos en el gobierno.
Modelo en juego
En una entrevista radial, Hugo Moyano hijo celebró la reciente medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la denominada ley de Modernización Laboral. “Fue una medida importantísima que ataca al corazón de la reforma y de las de las modificaciones que pretenden alterar el sistema de relaciones del trabajo en Argentina”, manifestó Moyano.
En tanto, el legislador advirtió sobre el intento sistemático de debilitar el modelo sindical argentino, reconocido por su fortaleza en la negociación por rama de actividad, para modificarlo a que haya convenios por empresas que prevalezcan sobre los de actividad, incluso si ofrecen condiciones inferiores. También recordó que se busca restringir el derecho a la protesta, “casi prohibiéndola” declarando “servicio esencial” a casi cualquier actividad, obligando a cubrir servicios mínimos de entre el 50 y el 75 por ciento, lo que en la prácticamente imposibilita las medidas de fuerza. “Es muy clara la inconstitucionalidad, desde el principio de progresividad y no de regresividad, del principio protectorio sobre la parte más débil y el perjuicio gravísimo que podría tener su aplicación”, apuntó Moyano.
Justicia laboral
“Otro punto que no tuvo tanta difusión, pero es estructural es la competencia en la materia que tienen los jueces laborales. Estos señores que ya tuvieron consecuencias con el DNU 70 y otros decretos a los que la Justicia Nacional del Trabajo les dio una cachetada por inconstitucionalidad. Ahora le quieren sustraer la competencia para enviarla al fuero Contencioso Administrativo, que es mucho más permeable al poder político, especialmente al Poder Ejecutivo”, indicó. “La justicia laboral está formada en principios que tienen como principal sujeto de defensa al trabajador. Por eso le quieren sacar la competencia”, aseguró.
Haciendo un paralelo histórico con la derogada la llamada Ley Banelco de la época de la Alianza y derogada en 2004 por el gobierno de Néstor Kirchner. “Hasta 2027 va a seguir siendo una batalla judicial, una pelea gremial y política que creo que es por ahí donde debe encarar. Lo que está en cuestión es mucho más que diferencia de segundo orden, tiene que ver con nuestra Nación misma. Tenemos que defender el trabajo, la producción, la educación pública y la soberanía. En ese marco tenemos que dar la pelea”. “Esta reforma ha recogido lo peor de la tradición anti-sindical, incluso en algunos aspectos peor que en la dictadura militar”, concluyó Hugo Moyano.