Los cambios en el sistema previsional argentino, que se vienen planteando desde el gobierno nacional, tienen especial impacto en las cajas jubilatorias de las provincias, en especial en aquellas que intentar “armonizarse”. Para conocer el impacto de esta realidad, la Federación Judicial Argentina (FJA) le encargó a su Centro de Estudios y Formación de la FJA (CEFJA) que analice el tema, cuyo trabajo se conoció esta semana. El documento final, publicado en las redes sociales de la entidad que lidera Matías Fachal, sostiene que el desfinanciamiento de las cajas, la reducción de aportes y los cambios normativos impulsan “una transformación regresiva del sistema previsional”.
El trabajo reúne las conclusiones de un panel realizado por especialistas en derecho previsional, dirigentes sindicales y representantes de la Federación Judicial Argentina, quienes coincidieron en que la sostenibilidad del sistema “depende principalmente de decisiones políticas y laborales, más que de factores demográficos”. Esta es una actualización de un reporte anterior sobre la situación de las cajas jubilatorias y las reformas previsionales, en el que advierten sobre “un escenario de creciente presión sobre los sistemas provinciales y nacionales de seguridad social”.
Entre las conclusiones principales, la FJA plantea la necesidad de “fortalecer la unidad entre trabajadores activos y jubilados, impulsar el control de los fondos previsionales y defender el carácter solidario del sistema frente a eventuales reformas”. El informe sostiene que la seguridad social constituye un derecho humano y afirma que la sustentabilidad del sistema previsional depende de recuperar el empleo registrado, garantizar los aportes y evitar medidas que deterioren el financiamiento de las cajas jubilatorias.
Principales ejes
Entre los principales ejes del informe, la FJA cuestiona la reducción de recursos destinados a las cajas provinciales y advierte que el congelamiento salarial, la proliferación de sumas no remunerativas y el crecimiento del empleo informal afectan directamente la recaudación previsional.
Según el documento, apenas el 47 por ciento de la población económicamente activa cuenta con empleo formal, mientras que el 53 por ciento restante trabaja en condiciones de informalidad o bajo modalidades que no realizan aportes previsionales, una situación que compromete el financiamiento futuro del sistema de seguridad social. Asimismo, el informe sostiene que la retención de fondos nacionales destinados a asistir a las cajas previsionales provinciales agrava las dificultades financieras de los institutos locales.
El documento también expresa preocupación por la posibilidad de una reforma previsional que avance hacia esquemas de capitalización individual similares a las antiguas AFJP. Los especialistas convocados por la FJA señalan que un modelo basado en un pilar asistencial mínimo complementado por un sistema privado de ahorro individual implicaría un cambio estructural en el régimen previsional argentino y reduciría el carácter solidario del sistema de reparto. En esa línea, advierten que la denominada “armonización” de las cajas provinciales podría traducirse en una reducción de derechos previsionales al equiparar regímenes especiales con parámetros más bajos del sistema nacional.
Datos alarmantes
Entre los indicadores relevados por el informe figura que la jubilación mínima nacional cubre menos del 30 por ciento de la canasta del adulto mayor, mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires registra una deuda estimada en 2 billones de pesos por transferencias nacionales pendientes, según el análisis presentado por los especialistas.
El documento también advierte que la relación entre trabajadores activos y jubilados en el IPS descendió hasta 2,78 aportantes por cada beneficiario, cuando los especialistas consideran que un equilibrio financiero requiere una proporción cercana a cinco trabajadores activos por cada pasivo.