Cuando se firmó el acta acuerdo hace casi un mes, desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales dejaron en claro que el aumento conseguido para los salarios de junio no era el fin del conflicto. Incluso cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo del gobierno y dejó en plena vigencia la Ley de Financiamiento, la dirigencia advirtió que mantendrían sus reclamos, hasta que se consiga recuperar todo lo perdido por los salarios del sector desde diciembre del 2023, más de un 50 por ciento. Es que por lo bajo, se insistió que las mejoras había que “arrancárselas” al gobierno de Javier Milei, como había pasado hasta ese momento.
El temor de un nuevo incumplimiento se cristalizó esta semana, cuando los bogados del estado nacional enviaron un documento a la justicia, donde confirmaron que por el momento no pagarán lo establecido por ley, que incluía lo perdido en 2024 y 2025, y que mantendrá la hoja de ruta trazada por el acta firmada con los gremios y los rectores. Esto significa que los casi 30 puntos que se reclaman quedan todavía pendientes, y se reconocerán sólo un 3 por ciento a pagar con los salarios de octubre. La medida, oficializada ante la Justicia Contencioso Administrativa, genera malestar en el sector, que ya analiza cómo responder, ya que en Economía afirman que tienen los recursos para pagar el aumento por ley.
El documento enviado por la Procuraduría General del Tesoro a la justicia reclama en nombre de la secretaría de Educación que se levante la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que puso en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario.
En su escrito, al que tuvo acceso Data Gremial, se argumenta que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no existía sentencia definitiva como requisito de procedencia del recurso extraordinario federal que fuera interpuesto por esta parte contra la medida cautelar en cuestión”. Además, se confirmó que los aumentos a otorgar serán los del acta firmada a principios de junio, y no hará caso a lo que establece la normativa, que obliga a pagar por todo lo perdido en estos años de gestión libertaria. Según el escrito, se confirmó que el Poder Ejecutivo Nacional “transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24.33 por ciento del modo en que allí se detalla (el acta cuerdo), lo cual contempla la situación salarial de los años 2025, 2026 y un tramo de recomposición por los salarios del año 2024”. Además, se adelantó que “se continuará negociando una recomposición salarial correspondiente al desfasaje del año 2024, con fechas y criterios de actualización allí establecidos”.
Ante esta situación, desde el Frente Sindical comenzaron a moverse ante este nuevo cuadro de situación, que frena algunos de los avances logrados. Según le confirmó a Data Gremial el titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) Daniel Ricci, este mismo jueves el frente presentó un pedido escrito para que “más allá de la reunión paritaria del 15 de septiembre, que se mantiene vigente, se haga una nueva convocatoria a la brevedad, par que el gobierno cumpla con la cautelar”.
Según explicó Ricci, en este contexto la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “hizo una reserva presupuestaria por fondos necesarios para cumplir con la cautelar, por lo cual tienen los recursos”. Esto, que contradice el escrito de la procuraduría, muestra la indefinición que existe en el gobierno respecto al tema.
Por eso FEDUN insiste que “haya un urgente llamado a la paritaria, entendiendo que la reunión de septiembre está fijada para revisar el impacto de la inflación en el trimestre”. Según el último reporte de FEDUN sobre pérdida salarial, quedan unos 30 puntos por recuperar.
Recomposición pretendida
La recomposición salarial que los gremios están esperando debería ser en torno al 30 por ciento, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3 por ciento y otro 3 por ciento tocaría en octubre próximo.
Esto se basa en el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y nodocentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales. Según el último reporte de FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI) más allá de estos aumentos “todavía deberían incrementarse un 32,6 por ciento por sobre los aumentos nominales acordados para junio y octubre de 2026 para volver a tener el poder adquisitivo que tenían en noviembre del 2023”.
La postura ambigua del oficialismo es lo que alerta a los gremios. Es que el pedido de fondos para afrontar el pago según la ley está realizado, pero en su escrito los abogados del Estado no lo establecen además de insistir con la baja de la cautelar y de hablar que pagarán lo que dice el acto, en la misma presentación marcaron otras medidas que se tomarán. Por ejemplo, dijeron que “se convocará a paritarias con el sector docente y nodocente, que no podrá exceder los tres meses calendario”, confirmando la reunión de septiembre. Además, que habrá “una actualización presupuestaria para gastos de funcionamiento que abarca inclusive a los hospitales universitarios”.
También que pagarán “la actualización del 50 por ciento de becas estudiantiles y fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y nodocentes”. De la pérdida salarial no se habla.
Nuevos datos
En tanto, esta semana se conoció un nuevo informe que avala el pedido de docentes y nodocentes, y habla de una nueva pérdida salarial del sector, más allá del acuerdo aumento pagado en junio. Se trata de un reporte realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que analiza la evolución del financiamiento universitario y el deterioro del salario docente en comparación con otros sectores de la economía.
El documento forma parte del trabajo articulado que vienen desarrollando varias cátedras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, y muestra que entre 2023 y 2025 el financiamiento universitario registró una caída real del 28,9 por ciento, en un contexto en el que más del 87 por ciento del presupuesto se destina a salarios. Esta situación impactó de manera directa en los ingresos del sistema: “el salario docente perdió aproximadamente un 35,7 por ciento de su poder adquisitivo y hoy se ubica muy por debajo de su valor real respecto de diciembre de 2023”.
A su vez, el estudio –al que tuvo acceso Data Gremial –advierte un rezago creciente frente a otros sectores, tanto públicos como privados. La magnitud de la pérdida se refleja en los ingresos actuales: hoy los salarios docentes se ubican muy por debajo de los niveles necesarios para sostener su poder adquisitivo, consolidando una brecha que se amplía con el tiempo. “Lo que estamos viendo es un deterioro sostenido del salario universitario que lo va alejando cada vez más de otros sectores de la economía. Hoy un docente cobra apenas una parte de lo que debería percibir para sostener su poder adquisitivo. Este informe pone en números esa pérdida y permite dimensionar su impacto real en el sistema universitario”, señaló el informe de la UNL, que lleva la firma de su vicerrectora Liliana Dillon.
El trabajo también analiza escenarios a futuro. De cumplirse la ley vigente, los salarios deberían recomponerse en un 55,5 por ciento para recuperar su poder adquisitivo. Sin embargo, advierte que, de avanzar el nuevo proyecto del Ejecutivo, esa recuperación no sólo no se alcanzaría, sino que la pérdida podría profundizarse, consolidando salarios que representarían apenas entre el 64 y el 67 por ciento del nivel que deberían tener.