La Justicia Federal de San Martín procesó y embargó por 250 millones de pesos a cada uno a Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y titular de la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP), junto a otros dirigentes de su entorno sindical, en una causa que investiga una presunta maniobra de estafa procesal y falsificación de documentación para apropiarse de más de 720 millones de pesos de una empresa del rubro aduciendo supuestos aportes laborales.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, que consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el procesamiento de los acusados por los delitos de estafa, falsificación ideológica y uso de documento ideológicamente falso, en una investigación de fuerte impacto en el sindicalismo de la seguridad privada.
Embargos millonarios y acusación central
Además de Gutiérrez, también fueron procesados en la causa Julio César Núñez, apoderado legal de UPSAP, y Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización del gremio. A cada uno se le impuso un embargo de 250 millones de pesos, en función del presunto perjuicio económico ocasionado por la maniobra investigada.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa Secar Security Argentina S.A., ex Securitas, que acusó a la conducción sindical de haber emitido certificados de deuda sindical falsos con el objetivo de obtener medidas cautelares y embargos judiciales por una suma superior a los 720 millones de pesos.
Cómo habría funcionado la maniobra
Según surge del expediente, los certificados sindicales presentados ante la Justicia habrían sido confeccionados con listados adulterados de trabajadores, incorporando personas que no prestaban servicios para la empresa o que nunca habían integrado su plantel.
Esos documentos —que cuentan con presunción de legitimidad— fueron utilizados para reclamar una supuesta deuda por aportes sindicales correspondiente al período 2018–2022, vinculada a 234 trabajadores. La empresa denunciante sostiene que dicha deuda nunca existió y que la documentación fue armada con datos falsos para inducir en error al tribunal.
A partir de esa presentación, la Justicia dictó una medida cautelar que derivó en el embargo de cuentas bancarias de la empresa, permitiendo el congelamiento de fondos por cifras millonarias. Para el juzgado, ese punto constituye el núcleo de la estafa procesal que se investiga.
El rol de cada uno de los procesados
En la resolución judicial, Gutiérrez aparece señalado como el responsable central de la operatoria, en su carácter de máxima autoridad de UPSAP. Núñez habría intervenido en la presentación formal de los certificados cuestionados, mientras que Soria habría participado en la confección y validación interna de la documentación sindical que luego fue llevada a sede judicial.
Ninguno de los procesados quedó detenido, pero todos quedaron formalmente sometidos al proceso penal y con sus bienes alcanzados por los embargos dispuestos.
Antecedentes judiciales y gremiales
El procesamiento dictado en San Martín no aparece como un hecho aislado en la trayectoria de Julio Gutiérrez, sino que se inscribe en una serie de conflictos judiciales y gremiales que el dirigente arrastra desde hace más de una década.
En 2008, Gutiérrez fue expulsado de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) tras una denuncia por retención indebida de aportes sindicales mientras se desempeñaba como delegado en la Patagonia, con asiento en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.
Por esos hechos, el entonces fiscal Adrián Cabral lo imputó por el delito de estafa en la causa N.º 19.150, encuadrada en el artículo 172 del Código Penal, que investigó el manejo irregular de fondos sindicales que debían ser girados a la organización gremial.
Para evitar una condena penal, Gutiérrez optó por reintegrar el dinero cuestionado. El 24 de junio de 2009, la Justicia homologó un acuerdo mediante el cual se acogió a la figura del “arrepentido” prevista en la legislación chubutense, comprometiéndose a devolver una suma cercana a los mil dólares, lo que permitió cerrar el expediente sin avanzar hacia una instancia de mayor gravedad.
Tras ese episodio, Gutiérrez rompió con UPSRA y armó una estructura sindical paralela —UPSAP— con el objetivo explícito de debilitar a la organización histórica del sector, estrategia que luego extendió a nivel federativo con la creación de FATRASEP.
La eyección del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz
Su paso por la función pública también terminó de manera abrupta. Gutiérrez fue eyectado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz tras un grave episodio policial ocurrido en octubre de 2024, que derivó en la intervención de fuerzas de seguridad y expuso una situación considerada incompatible con el cargo que ocupaba.
El hecho provocó una fuerte crisis política dentro del gobierno provincial y aceleró su desplazamiento del gabinete. La salida estuvo rodeada de internas, versiones cruzadas y un escándalo público de alto impacto, que dejó su gestión severamente cuestionada y marcó un quiebre definitivo en su carrera institucional.
Un patrón bajo investigación
Con estos antecedentes, el procesamiento por la causa de los más de 720 millones de pesos vuelve a colocar a Gutiérrez bajo investigación por maniobras vinculadas al uso de documentación sindical y al manejo de fondos, esta vez con un alcance económico y judicial de escala nacional.
La Justicia deberá determinar ahora si se trata de episodios aislados o si existe un patrón de comportamiento reiterado, en un dirigente cuya trayectoria sindical y política ha estado atravesada por denuncias, causas penales y conflictos persistentes con distintas instancias gremiales y estatales.
EL FALLO COMPLETO
Despacho Fsm 23642_2024 - Resolucion Situaciones Procesales by Matías Tagliani