El conflicto por los 300 despidos en la fábrica de cerámicos Ilva sumó este lunes un episodio clave. En Pilar, donde la empresa mantiene sus instalaciones cerradas desde hace un mes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió con los trabajadores cesanteados que sostienen un acampe frente a la planta en reclamo de salarios adeudados e indemnizaciones completas.
Encuentro con los trabajadores
La charla se dio en el marco de la inauguración de una nueva sede del Banco Provincia en Pilar. Al enterarse de la presencia del mandatario y del intendente Federico Achával, los obreros se acercaron para plantear sus demandas: el pago de una quincena atrasada y la indemnización íntegra, frente a la pretensión de la empresa de abonar solo la mitad.
“Esto no es un hecho aislado, está pasando en muchísimos sectores: turismo, pesca, industria, comercio. Es una política destinada a tener este resultado. Han parado la obra pública y deteriorado los salarios, lo que destruye el mercado interno y el bolsillo de la gente”, expresó Kicillof frente a los manifestantes, en clara crítica al gobierno nacional de Javier Milei.
“Necesitamos producción y construcción”
El gobernador bonaerense subrayó que la crisis de Ilva no es un hecho aislado, sino una expresión del derrumbe económico general.
“La construcción es madre de industrias. Además de generar empleo, produce bienestar. Necesitamos volver a ponerla en marcha, y con ella toda la cadena productiva”, señaló.
Kicillof prometió poner “todas las herramientas disponibles” desde la Provincia para acompañar a los despedidos, aunque remarcó que la salida de fondo depende de un cambio de rumbo económico a nivel nacional. “Eso, en mi opinión, también se decide en las urnas”, agregó, vinculando directamente la situación con la gestión libertaria.
Por su parte, Achával sostuvo que el Municipio de Pilar seguirá acompañando a las familias afectadas, aunque reconoció que la resolución del conflicto dependerá de la negociación con la empresa y del marco económico general.
El trasfondo del conflicto
La crisis de Ilva se convirtió en símbolo del deterioro laboral en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del PBI nacional y es el corazón productivo del país.
Los 300 despidos, comunicados de forma intempestiva a principios de septiembre, dejaron a cientos de familias en la calle. Desde entonces, los trabajadores sostienen un plan de lucha con acampes, marchas y hasta protestas con obreros encadenados frente al Municipio de Pilar.
El reclamo inmediato sigue siendo el mismo: pago de lo adeudado e indemnización completa. Pero el trasfondo es mucho más amplio: cierres de plantas, suspensiones, recortes de turnos y salarios depreciados que impactan en múltiples sectores del conurbano.
“Cuando paran la construcción y caen los salarios, se cae también la industria, y con ella miles de puestos de trabajo”, resumió Kicillof ante los obreros.
Un desenlace abierto
El futuro del conflicto sigue siendo incierto. Mientras la empresa no dé señales de pago y la conciliación obligatoria siga corriendo su curso, los despedidos mantienen firme su decisión de resistir en el Parque Industrial de Pilar.
Lo que está en juego no es solo el destino de una fábrica de porcellanato: es la muestra más cruda de un modelo económico recesivo que multiplica despidos, precarización y cierres de empresas en la principal provincia productiva del país.