La formalización del proyecto de reforma laboral que hizo el gobierno nacional este jueves no hizo más que aumentar las voces críticas a la propuesta, tanto de gremios como de bloques opositores. En la provincia de Buenos Aires, el impacto negativo fue general y el rechazo no sólo es político sino también técnico y humano. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, advirtió: “La flexibilización ya está sucediendo”. De esta forma, la gestión de Axel Kicillof se alineó al resto del peronismo –sindical y político –y se prepara para darle batalla a la iniciativa libertaria.
Mientras el oficialismo busca tejer acuerdos legislativos para aprobar la reforma, desde el gobierno de Axel Kicillof salieron a marcar la cancha. Correa, dirigente del gremio de curtidores y titular de la cartera laboral provincial, señaló que los efectos de la desregulación que desde hace meses “son visibles con la caída del empleo, cierres de pymes, deterioro de las condiciones laborales y pérdida de poder de negociación de los trabajadores”.
“Cuando un trabajador o una trabajadora va a un establecimiento, no pregunta qué categoría le corresponde ni cuánto le van a pagar, sino el hecho concreto de trabajar”, dijo el funcionario en una entrevista radial, manifestándose por tercera vez luego de sus críticas en octubre y noviembre. “La discusión debe partir de la realidad concreta y del respeto al factor humano”, agregó.
Lineamiento ideológico
Además, Correa cuestionó el alineamiento ideológico del gobierno nacional con los intereses de Estados Unidos vinculando con el proyecto de reforma laboral. “Lo que quiere hacer el presidente Milei es insertarnos en una colonia yanqui, y en términos de la visión de los trabajadores y trabajadoras, llevarnos al pre-peronismo, donde el trabajador no tenía ni conquistas ni derechos”, sostuvo. Para él, el proyecto responde a una lógica de dependencia externa: “Nos están insertando en una neocolonia”.
Aunque admitió que algunos aspectos del régimen laboral pueden ser discutidos, insistió en que no se puede ignorar el contexto social. “Es muy difícil cuando el gobierno nacional desconoce el contexto mundial. Esto no es una modernidad, es una retracción en términos de derechos y democráticos”. Entre los puntos más sensibles del proyecto oficial, señaló la extensión de la jornada laboral. “Habría que analizar, desde la salud mental y física, lo que implica trabajar 13 o 14 horas por día, en el mundo se va hacia menos horas de trabajo y acá quieren hacer lo contrario”, alertó.
El golpe que describe Correa es doble, ya que, por un lado, hubo “más de 200 mil puestos de trabajo menos” en dos años de gestión de “extrema derecha”; por el otro, un proyecto de ley que pretende, según el funcionario, legalizar esa precarización. “Y esto no es una planilla Excel porque son padres, hermanos, hijos, hijas”, remarcó.
Gremios bonaerenses
Por su parte, Juan Pablo Martín, secretario gremial de UPCN seccional Provincia de Buenos Aires, explicó que están haciendo un análisis profundo del impacto del proyecto de ley y que a primera vista “total y absolutamente repudiable”. “Atenta las raíces del modelo sindical argentino, atacando derechos consagrados por todos los sectores del trabajo y también afectando la democracia sindical y el respeto y los derechos también que poseen los trabajadores organizados a través de cada uno de sus sindicatos”, completó.
El proyecto de ley que el Gobierno envió al Senado contiene modificaciones estructurales al régimen laboral vigente. Uno de los ejes centrales es la creación de un sistema de banco de horas, que permitiría a los empleadores redistribuir la carga horaria de los trabajadores sin pagar horas extra, siempre que no se supere el tope semanal establecido por ley o convenio. Esto habilita jornadas más extensas en determinados momentos, compensadas con días libres posteriores, pero sin retribución adicional.
En cuanto a las indemnizaciones, el texto excluye del cálculo los conceptos de aguinaldo, vacaciones y premios, y propone que los empleadores puedan constituir un fondo de cese laboral, financiado con un aporte mensual, para cubrir eventuales despidos. A su vez, la iniciativa prohíbe acumular reclamos por daños y perjuicios adicionales al cobro de indemnización, reduciendo el margen de acción judicial de los trabajadores despedidos. Respecto de las vacaciones, se flexibiliza el período legal para tomarlas, permitiendo que se otorguen fuera del plazo tradicional y en tramos fraccionados no menores a siete días. Además, se acorta el tiempo de notificación que debe hacer el empleador.