Ante las versiones sobre un supuesto acuerdo entre la CGT y el gobierno para avanzar en una reforma laboral y una Ley Bases II, el representante de la central obrera en el Consejo de Mayo salió al cruce de los dichos, y negó que vayan a apoyar este tipo de iniciativas. Mediante un documento público, Gerardo Martínez, dijo que la entidad “expresó un categórico rechazo a cualquier intento de reforma inspirada” en el Decreto 70/23, cuyo capítulo laboral fue “oportunamente rechazada por la CGT”, que y judicializada con éxito por la central sindical.
Según publicaron varios medios, en el Consejo de Mayo –que este lunes se reunió con la presencia del líder de la UOCRA –se avanzó en estos temas, vinculados en reformas de leyes laborales que se intentaron imponer en la Ley Bases y el DNU 70. “No se trata de dogmas ni de obstruccionismo: se trata de defender los derechos fundamentales del trabajo, que son la columna vertebral de la justicia social”, dijo Martínez en su texto, donde enfatizó que “los sindicatos somos la voz organizada de la demanda”.
Para el dirigente, “la falta de un modelo económico que tenga al trabajo y a los salarios como ejes del crecimiento retrasa cualquier posibilidad de progreso y priva a miles de argentinos de un empleo digno, capaz de sostener la vida familiar y contribuir a la recuperación nacional”. La evidencia es contundente, según Martínez: “ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores. Cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales, el resultado fue el mismo: más precariedad, desigualdad y exclusión”.
Defensa de las pymes
En el mismo documento, que fue reposteado por la CGT, se marcó que el tejido productivo argentino “se sostiene, en más del 90 por ciento de los casos, en pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo formal y motor de las economías regionales”. “No son las regulaciones laborales las que frenan el desarrollo, sino la falta de una política económica que garantice inversión productiva, crédito accesible y rentabilidad sostenible”, se dijo.
En tanto, el llamado “costo argentino” tiene su origen “en los desequilibrios de la política económica, tributaria y cambiaria, no en los salarios”. “El libre ejercicio de la negociación colectiva y el diálogo social son herramientas indispensables para el desarrollo equilibrado”, recalcó Martínez.
Producción, trabajo y diálogo social
Para el sindicalismo argentino, “el diálogo es el camino hacia la justicia social. Pero no cualquier diálogo: debe ser transparente, institucional y sustentable, con participación real de todos los sectores”. “La modernización del mercado laboral no pasa por flexibilizar derechos, sino por fortalecer a las pymes, promover la industria nacional, incentivar las exportaciones y garantizar negociaciones colectivas libres”, destacó el documento.
Además, se subrayó que los gobiernos “deben ofrecer la misma seguridad jurídica que reclaman para el empresariado también a los trabajadores y sus derechos. Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para generar valor agregado, capacitación y formalización laboral”. “Creemos en un desarrollo productivo que no degrade las condiciones de trabajo, sino que equilibre capital y trabajo. Queremos una Argentina productiva, exportadora e inclusiva, que recupere la agenda del desarrollo desde el trabajo digno, la solidaridad y la justicia social”, concluyó Martínez.