La CTA Autónoma Córdoba repudió “la proliferación de actos de corrupción” en la Policía de la Provincia y criticó al gobernador Martín Llaryora por promover al endurecimiento de la legislación para reprimir la protesto social, a través de un comunicado donde se realizó un repaso de los casos que pusieron en jaque a la conducción de la fuerza de seguridad.
En la nota, los representantes de la entidad gremial que encabeza Federico Giuliani indicaron que los casos de delictivos vinculados a los uniformados cordobeses “son tan frecuentes e impactantes que no pasan desapercibidos para la población pese a los intentos del Gobierno por minimizarlos”.
Además, trazaron una comparación entre el presidente de la Nación y el mandatario local al analizar que “a semejanza de lo que propugna el facho libertario de Milei, el gobernador Llaryora no cesa de repetir alabanzas a la maldita Policía de la Provincia:’Los buenos son los de azul’, repite”. “Lo mismo hace el émulo de Patricia Bullrich en Córdoba, el ubicuo Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, jaqueado por la seguidilla de actos de corrupción que involucran a altos jefes de la fuerza vestidos de azul”, puntualizaron.
“Mientras promueve endurecer la legislación para reprimir la protesta social y promete palos a diestra y siniestra a quienes se animen a cuestionar el ajuste y salgan a la calle, Quinteros acumula denuncias y un sinnúmero de detenciones del personal policial a su mando que puebla las celdas del penal de Bouwer”, resaltaron.
Episodios escandalosos de la Policía
Los representantes de la CTA Autónoma local señalaron: “Valgan estos casos como botones de muestra de la profunda e indisimulable corrupción policial que rige en la provincia”. Y, en ese contexto, citaron en primer lugar el caso de “la familia de Blas Correas, el joven nieto del ex jugador de fútbol de Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba, Miguel Ángel Laciar, asesinado por la Policía en Córdoba el 6 de agosto de 2020, logró que en abril de 2023 la Justicia dictara un fallo histórico: Para el tribunal, los policías demostraron un ‘total desprecio por la vida humana’. Los camaristas consideraron que ‘sin duda alguna’ hubo Violencia Institucional, ya que existió una ‘práctica estructurada de violación de derechos’ por parte de funcionarios de la fuerza policial”.
También, profundizó que “hace unos días, otra vez la Policía de Córdoba se sacudió por la caída de un alto mando. Esta vez fue el turno de Maximiliano Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera, en tanto que la Justicia de Córdoba condenó a siete agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) -de la Brigada de Cruz del Eje- acusados de robar drogas que eran incautadas en los procedimientos. En medio del escándalo en la Caminera y las detenciones por estafas, el Juzgado de Faltas número 8 reveló el fallo contra los oficiales que fueron apartados y detenidos en octubre del 2024 por corrupción”.
Posteriormente, describieron: “En diciembre de 2023 la Justicia pidió la detención al ex Subjefe de Policía de Córdoba, Gustavo Folli Pedetta, acusado de liderar una asociación ilícita en la Dirección Bomberos de la Provincia, cuando la tenía a su cargo. Por la misma época, el Fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención del ex Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) Juan María Bouvier -manejó a sus anchas el SPC durante 15 años- en el marco de las irregularidades que se investigan en la ‘Causa Bouwer’”.
“En agosto de 2024, el ex Director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Un mes después, en septiembre de ese año, el Comisario General Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, fue detenido por pertenecer y encubrir a una banda dedicada a la venta de celulares y neumáticos robados, a la compraventa de dólares y préstamos liderada por Mercado y el comisario Cristian Cabrera en lo que se denominan ‘cuevas’ de una galería del centro de Córdoba”, añadieron.
Finalmente, los integrantes de la CTA-A se preguntaron: “¿Hasta cuándo Llaryora y Quinteros seguirán diciendo que los buenos son los de azul? El Gobierno tiene que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción y la Violencia Institucional de la Policía, en lugar de asediar a los que luchan para resembrar Justicia Social”.