La decisión de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento de Neuquén de declarar inadmisible el pedido de jury contra la jueza Andrea Di Prinzio desató un fuerte repudio gremial y volvió a poner en el centro de la escena un expediente cargado de denuncias estremecedoras sobre violencia laboral, humillaciones y abuso de poder dentro del Poder Judicial provincial.
La Federación Judicial Argentina (FJA) respaldó públicamente al Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) y advirtió que el cierre prematuro del proceso representa “una gravedad institucional evidente”, ya que impide investigar hechos denunciados que comprometen derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores judiciales.
La magistrada es titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción Judicial, con sede en Junín de los Andes, y enfrenta acusaciones que, según testimonios incorporados a la investigación, se extendieron durante más de 15 años.
Trabajadoras quebradas y miedo permanente
Entre las declaraciones más impactantes incorporadas al expediente aparece la de una funcionaria judicial que aseguró haber dejado de amamantar a su bebé debido a las constantes críticas y humillaciones de la jueza por extraerse leche durante la jornada laboral.
También declararon empleadas que relataban salir llorando al baño después de ser insultadas frente a sus compañeras; abogadas humilladas delante de sus propios clientes; y trabajadores que solicitaban traslados urgentes porque, según repetían, “no aguantaban más estar ahí”.
De acuerdo con el dictamen fiscal, Di Prinzio ejercía un liderazgo “autoritario, hostil y despectivo”, gestionando el juzgado “como si fuera su propio estudio jurídico”.
Los testimonios recogidos en la investigación describen una dinámica sostenida de maltrato verbal y disciplinamiento psicológico. Varios declarantes afirmaron que la magistrada se refería a integrantes del personal como “hormigas” y “esclavas”.
A una trabajadora que pidió traslado la llamaba “traidora”, “vaga” y “desagradecida”. A otra funcionaria la apodaba “cucaracha” porque trabajaba con la puerta cerrada. En otra situación, al revisar una resolución, fue escuchada gritando: “Esta es una pelotuda, ¿cómo va a hacer esto?”.
Las acusaciones también incluyen comentarios discriminatorios y humillaciones personales. Una empleada declaró que la jueza cuestionó su apariencia física y hasta el color de su piel.
“Soy así, si no les gusta se van”
Según surge de los testimonios incorporados al expediente, Di Prinzio les decía a trabajadores y trabajadoras en reuniones privadas: “Soy así, si no les gusta mi forma se van”.
Además, aseguraba contar con respaldo del Tribunal Superior de Justicia, del Colegio de Abogados y del gobierno provincial, y advertía que sería la primera en enterarse de cualquier denuncia en su contra.
El clima de temor fue tan persistente que durante años las víctimas evitaron formalizar denuncias. Recién en julio de 2025 la situación explotó públicamente, luego de que la jueza protagonizara una violenta escena de gritos contra una secretaria, cuyos alaridos —según relataron— se escuchaban hasta el pasillo.
Ese episodio derivó en una asamblea convocada por SEJuN dentro del juzgado y abrió una ola de testimonios de empleados, funcionarios, abogados y usuarios judiciales que comenzaron a relatar situaciones similares.
Poco después, la magistrada fue enviada a licencia psicológica y el sindicato presentó formalmente la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia.
La FJA denunció un “efecto disciplinador”
En ese contexto, la Federación Judicial Argentina repudió la resolución de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento y sostuvo que desestimar la denuncia en una instancia preliminar “desconoce la especial naturaleza de las denuncias de violencia laboral”.
“El deber institucional no es cerrar el camino mediante fórmulas restrictivas, sino garantizar una investigación seria, amplia, imparcial y respetuosa de las garantías de todas las partes involucradas”, señaló la entidad.
La organización gremial también alertó que decisiones de este tipo pueden generar “un efecto disciplinador” y desalentar futuras denuncias de trabajadores judiciales que atraviesan situaciones de abuso dentro de las estructuras del Poder Judicial.
“El Poder Judicial no puede permanecer ajeno a los estándares constitucionales y convencionales que rigen el mundo del trabajo”, remarcó la FJA.
Antecedentes y definición inminente
Aunque la Comisión Especial habría resuelto declarar inadmisible el pedido de jury apelando al artículo 18 inciso 1 de la Ley 1565, todavía resta la decisión final del pleno del Jurado de Enjuiciamiento.
En Neuquén existen pocos antecedentes de destituciones de magistrados por violencia laboral. En 2013 fue removida la jueza Graciela Rossi, de Chos Malal, tras una denuncia impulsada por SEJuN. Más recientemente, en 2023, fue destituido el juez Sebastián Andrés Villegas, de Rincón de los Sauces, por acoso contra una funcionaria.
Por eso, el caso Di Prinzio ya es observado como uno de los expedientes más sensibles y escandalosos que atravesó en los últimos años el Poder Judicial neuquino.
“La violencia laboral en el Poder Judicial no puede ser minimizada, archivada ni encubierta. Debe ser investigada, reparada y erradicada”, concluyó la Federación Judicial Argentina.