La tradicional fábrica que elaboraba los yogures y flanes para la marca SanCor quebró y dejó a unos 400 trabajadores en la calle sin un peso en los bolsillos, lo que acentuó aún más la crisis en el sector lácteo de nuestro país.
El Juzgado Comercial N°29, a través de la firma de Federico Güerri, decretó el cierre formal de Alimentos Refrigerados S.A (ARSA), que había sido creada en 2019 en Sunchales, provincia de Santa Fe.
Los mismos operarios mantuvieron con vida a la planta durante meses, a pesar de que no les hacían los aportes patronales y con sueldos adeudados. Es más, muchos no cobraron aún ni recibieron información oficial sobre su futuro laboral o si existe la posibilidad de que se reactive la actividad. Es más, ATILRA había reclamado sin éxito la preservación de los puestos de trabajo y que los inversores tomaran el control de la empresa.
Una crisis que afecta a todo el rubro
En la actualidad, la industria láctea atraviesa por numerosos problemas como la sobreoferta de leche cruda, con volúmenes que crecen semana a semana y se acercan a los máximos estacionales; y un mercado interno deprimido, que sigue siendo el principal canal de venta para la mayoría de las pymes.
Asimismo, los precios finales muestran caídas que van del 5 al 10%, reflejando un consumo retraído y una pérdida sostenida del poder adquisitivo
A esto hay que agregarle también las exportaciones cada vez más restringidas debido al tipo de cambio vigente y la pérdida de la competitividad externa. Y sumarle también los constantes incrementos en los costos de insumos, energía, servicios y logística.
Según los expertos, existe también desajuste estructural: mientras los precios de venta de los productos terminados caen, el valor de la leche cruda se mantiene alto, influenciado por la operatoria de empresas de gran escala que no reflejan la realidad del universo pyme. Esa brecha vuelve insostenible la ecuación económica para una porción importante del sector industrial.
Nacimiento y ocaso
La compañía nació en 2019 como parte de una estrategia para dar continuidad a las líneas de productos refrigerados que SanCor Cooperativas Unidas Ltda. había decidido desprenderse en medio de su propio proceso de reestructuración. La firma fue adquirida por un grupo de inversores ligados a Vicentin y al fondo BAF Capital, que prometieron inversiones, modernización tecnológica y expansión de la marca.
El acuerdo fue presentado como una salida ordenada que permitiría conservar empleos y mantener viva una marca emblemática del consumo masivo argentino. Sin embargo, las promesas de capitalización nunca se cumplieron. En los últimos dos años, la planta operó con capacidad mínima y sin recursos para sostener la cadena de pagos.
Luego, todo empeoró para la firma porque surgieron los problemas de liquidez y la falta de aportes de los socios mayoritarios derivaron en deudas crecientes con proveedores, transportistas y trabajadores.
Es más, hace dos años comenzaron los primeros atrasos salariales y las suspensiones. Luego vinieron los cortes de energía por falta de pago y la paralización total de la producción.
En tanto, los responsables de la compañía evitaron pronunciarse públicamente, mientras los intentos de reactivación por parte de los trabajadores fracasaban, al igual que las gestiones ante las autoridades nacionales y provinciales. En este contexto, los operarios permanecieron en la planta para custodiar maquinarias y materias primas, ante el riesgo de desmantelamiento.
Ya con la determinación del Juzgado Comercial, comenzará el proceso de liquidación, que podría extenderse durante meses. Y, en simultáneo, los empleados piden tener prioridad para cobrar sus haberes.
Por ahora, ni los directivos de ARSA ni los representantes de BAF Capital o Vicentin se pronunciaron sobre el fallo ni sobre el destino de la planta. La falta de respuestas alimenta el malestar de las familias afectadas y de la comunidad de Sunchales, donde el cierre del establecimiento representa un golpe económico y simbólico.
Entre los nombres vinculados públicamente aparecen grupos con historial en el agro y en el comercio exterior, así como vehículos financieros que buscaron explotar sinergias con marcas tradicionales.
Dichas operaciones implicaron tomar licencias y activos de empresas en reestructuración; cuando la inyección de fondos no se concretó, la cadena de pagos se rompió y la fábrica quedó expuesta. La sentencia de quiebra obliga hoy a clarificar la trazabilidad de los aportes y a determinar eventuales responsabilidades patrimoniales de los controlantes.