La ITF repudió las denuncias por extorsión contra Pablo Moyano: “Representan un grave atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores”

El legislador porteño Facundo Del Gaiso presentó una denuncia penal por extorsión contra Pablo Moyano debido a la medida de fuerza llevada adelante en el conflicto de los recolectores de basura.

Por Redacción

24 de julio de 2024

En el marco del conflicto entre el Jefe porteño, Jorge Macri, y el secretario General del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, por un reclamo sindical se elevó a la justicia penal. Se conoció que el diputado de la Unión Cívica Radial (UCR), Facundo Del Gaiso, realizó una denuncia penal por extorsión con el dirigente sindical. Ante ello, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) rápidamente manifestó su repudió y alertaron sobre un ataque a quienes protestan.

A través de sus redes sociales, la ITF señaló que “la acusación de extorsión en el contexto de una medida de trabajo a reglamento es una interpretación errónea y dañina de la naturaleza de las acciones sindicales”.

La tensión ya lleva tres días luego de que el jefe de Gobierno porteño anunció su intención de municipalizar a 300 trabajadores choferes de grúas nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo de Camioneros. Mientras tanto, el sindicato se declaró en “estado de alerta y movilización”, y también “trabajar a reglamento”.

A su vez, desde la Federación Internacional -que ya habían expresado su apoyo a Pablo Moyano- señalaron que los recolectores de residuos, al adoptar medidas sindicales, ejercen su derecho a protestar de manera pacífica y ordenada, buscando llamar la atención sobre sus demandas legítimas. “Esta acción es una manifestación de su descontento y un intento de iniciar un diálogo con los empleadores para mejorar su situación”, agregaron.

En la misma línea, Edgar Díaz, secretario Regional de la Federación, sostuvo que la denuncia penal por extorsión del diputado en contra de Pablo Moyano “representa un grave atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. La criminalización de las medidas de protesta de los gremios es un hecho alarmante, ya que puede constituir un avance peligroso hacia la persecución y al totalitarismo”.

Asimismo, Díaz reconoció la importancia histórica de los derechos a la protesta y a la huelga, ya que “son piedras angulares de la democracia y de las relaciones laborales justas, protegidas por la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14bis, así como por la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Contrato de Trabajo”. A la vez, afirmó que estos derechos son herramientas legítimas que los trabajadores y trabajadoras utilizan para negociar mejores condiciones laborales y defender sus derechos.

“Los actores sociales, incluyendo los empleadores y el estado, deben respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en lugar de criminalizarlos”, agregó.

Derecho a la protesta

La Federación Internacional advirtió que la acusación contra Pablo Moyano desconoce una serie de pactos y convenios históricos que resguardan el derecho a la protesta. “La denuncia no solo desvirtúa la esencia de las acciones sindicales, sino que también ignora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, así como los convenios fundamentales de la OIT que la República Argentina ha ratificado, en particular el C87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)”, detallaron.

A su vez, indicaron que estos convenios “establecen claramente el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias o criminalización. La denuncia del diputado Del Gaiso quebranta estos convenios y afecta directamente la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para organizarse, protestar y negociar colectivamente, socavando así la libertad sindical y la negociación colectiva”.

Para finalizar, señalaron que intentar llevar la protesta gremial al ámbito penal es un ataque injustificado a la actividad sindical y que los empleadores y el estado deben “reconocer y respetar el papel crucial de los sindicatos” en la promoción de condiciones de trabajo y en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

“Es imperativo defender y proteger los derechos de los trabajadores a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos laborales sean verdaderamente respetados y promovidos”, concluyeron.