El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 dictó una medida cautelar que frena los efectos del DNU 462/2025 del presidente Javier Milei, que habilitaba el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La resolución, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, representa un contundente respaldo al reclamo impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que había solicitado la nulidad de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo.
La decisión judicial ordena al Estado Nacional abstenerse de ejecutar "cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto N°462/2025", entre ellos, reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTI.
Una medida con vigencia por seis meses
El fallo establece que la medida tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación, según el artículo 5 de la Ley 26.854. Además, la jueza dio por válida la caución juratoria prestada por ATE, sin imponer costas por no haberse sustanciado aún el fondo de la cuestión.
En su escrito, Forns instruye al Estado Nacional a abstenerse de tomar cualquier decisión que afecte al personal y la estructura del organismo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La resolución también fue dictada en plena feria judicial, con habilitación específica.
La respuesta a un ataque sistemático
Desde el sindicato ATE, que impulsó la medida judicial, consideraron que el DNU 462/2025 era parte de un “ataque sistemático a los organismos del Estado, en línea con la política de ajuste, achique y privatización que impulsa el gobierno de Javier Milei”. Según denunciaron, la aplicación del decreto buscaba desmantelar el INTI, un organismo clave para la industria nacional y la innovación tecnológica.
La medida cautelar llega tras semanas de movilización y reclamos por parte de los trabajadores del organismo, que vienen denunciando despidos masivos, vaciamiento institucional y persecución sindical.
Un precedente para otros organismos
La decisión de la Justicia no sólo implica un freno al avance sobre el INTI, sino que también sienta un precedente importante para otros organismos del Estado afectados por el mismo decreto. “Esto demuestra que la organización y la lucha dan frutos. No vamos a permitir que arrasen con el Estado y los derechos de los trabajadores”, señalaron desde ATE.
El fallo puede ser apelado por el Ejecutivo, pero mientras tanto, implica una victoria concreta en un escenario donde las políticas de ajuste parecen no tener freno. La resistencia sindical y judicial vuelve a colocar un límite a los embates del gobierno nacional contra el empleo público y los organismos técnicos del Estado.