La situación del gigante lácteo Verónica se agravó de manera acelerada en los últimos días. Con sus tres plantas santafesinas paralizadas —Suardi, Lehmann y Totoras, la continuidad de 700 puestos de trabajo directos se encuentra seriamente comprometida. La incertidumbre no solo golpea a los operarios y sus familias, sino que amenaza con desestabilizar la economía de localidades donde la empresa constituye uno de los principales motores productivos.
Plantas vaciadas y salarios impagos
Si bien la empresa no comunicó formalmente un cierre patronal, los trabajadores denuncian que las plantas fueron “vaciadas” en la práctica. La gravedad de la crisis quedó expuesta cuando el transporte que traslada a los operarios hacia la planta de Clason dejó de circular por falta de pago.
A esto se suma la escasez total de materia prima. Verónica no cuenta con leche cruda suficiente para procesar, pese a disponer de una capacidad instalada superior a los 300 mil litros diarios, lo que confirma una paralización deliberada de la actividad.
Un lock out empresario encubierto
La decisión de frenar la producción constituye, en los hechos, un lock out empresario, una práctica prohibida por la legislación nacional. La medida se tomó de manera unilateral, sin acuerdo con los trabajadores ni con el sindicato, y en el marco de una deuda salarial que se arrastra desde octubre.
Semanas atrás, la empresa había acordado con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) un esquema de pagos de un millón de pesos semanales por trabajador para saldar los haberes adeudados. Sin embargo, el 8 de enero ese esquema se cayó, profundizando el conflicto.
Reacción obrera y guardias en las plantas
Frente a la falta de respuestas, los trabajadores resolvieron ocupar los establecimientos con el objetivo de resguardar las fuentes laborales. Además, ante la ausencia del transporte, realizan guardias simbólicas en las paradas habituales y luego dejan constancia del incumplimiento empresarial mediante exposiciones civiles en comisarías locales, cuidando su situación legal.
Una crisis financiera profunda
La debacle de Lácteos Verónica no es nueva, pero alcanzó niveles críticos. Desde septiembre, el único ingreso operativo de la firma provino del trabajo a fasón de leche en polvo en la planta de Lehmann, una modalidad que hoy no tiene perspectivas de continuidad ni ampliación.
Los números reflejan el colapso: según datos del Banco Central citados por Motor Económico, la empresa acumula cheques rechazados por más de 10.900 millones de pesos, a lo que se suma una deuda estimada en 60 millones de dólares con más de 150 tambos. Incluso tambos pertenecientes a los propios dueños de la firma redirigieron su producción a otras empresas, confirmando una política de vaciamiento.
El fracaso del Proceso Preventivo de Crisis
A mediados de 2025, la compañía había solicitado un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, que finalmente naufragó. Según denunció el diputado provincial Carlos Del Frade, el planteo empresarial buscaba avanzar contra derechos básicos de los trabajadores.
“La empresa pretendía reducir 210 puestos de trabajo pagando media indemnización y en cuotas, desconocer el convenio colectivo, imponer una rebaja salarial del 40% y arrogarse la facultad de suspender personal de forma arbitraria”, detalló el legislador.
Del Frade fue aún más contundente al caracterizar el cuadro general como “una brutal síntesis de la impunidad empresarial”. Y agregó: “La patronal decidió parar las tres plantas, dejando 700 familias en la calle. Les deben salarios desde octubre”.
En sus redes sociales, el diputado amplió la crítica: “La situación de Verónica y de Vassalli en Firmat debería ser una cuestión de Estado para la provincia. No podemos ser meros testigos de lo que deciden grandes empresarios que siempre cuentan con la resignación de políticas cómplices”.
Un conflicto que excede a la empresa
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, el director de Lechería, Carlos De Lorenzi, aseguró que la provincia intentó acompañar a la firma facilitando vínculos comerciales y la búsqueda de socios estratégicos. Sin embargo, el deterioro financiero y productivo parece haber superado cualquier intento de contención.
La crisis de Lácteos Verónica expone, una vez más, los límites de un modelo que permite el vaciamiento empresario, traslada el costo del ajuste a los trabajadores y pone en jaque economías regionales enteras. Mientras tanto, 700 familias siguen esperando respuestas frente a un conflicto que ya dejó de ser sectorial para convertirse en un problema social de primer orden.