El denominado “Plan Motosierra” tan anunciado en la campaña y ahora en la gestión del gobierno de Javier Milei tiene consecuencias directas para con las y los trabajadores. El ajuste y el recorte del Estado se traduce en una precarización de la vida misma. El pasado lunes 3, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció la situación gravísima que sufrió Estela, una enfermera de dicha institución de salud, quien fue desalojada de manera ilegal.
Según relataron, Estela, mamá de tres hijas y sostén de hogar fue desalojada de su hogar en Lanús debido al aumento repentino del alquiler: de $180.000 pasó a $400.000. “La dueña, en un acto criminal, le puso un candado a la vivienda dejando a la mamá fuera con su hija de 7 años”, indicaron desde el gremio.
“La miseria salarial, ya tiene consecuencias en el Garrahan: orden de desalojo para una enfermera del turno noche, porque le aumentaron el alquiler por encima de lo que dice su contrato”, resaltaron de la APyT. Al tiempo que denunciaron: “es la consecuencia del plan motosierra del gobierno, licuar los salarios y liberar los precios”.
En ese sentido, la entidad gremial del Hospital Garrahan pidió “justicia y solidaridad” para la enfermera y sus hijas que al día de hoy continúa luchando para volver a su hogar. “Son el reflejo de una realidad que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras. Así no se puede seguir”, subrayaron desde la APyT.
Vale aclarar que el lunes por la mañana Evangelina Galeazzi, propietaria de la casa, se hizo presente en el domicilio junto a su abogado y la policía para colocarle un candado al portón. Dentro del hogar quedaron dos de las hijas de Estela, mientras que ella quedó del lado de afuera junto a su hija más chica. Galeazzi aseguró que ella rescindió el contrato, luego de cortarle el suministro de agua, y de manera unilateral está obligando a salir del hogar.
Los pasos en la justicia
A su vez, Patricio Sandrini, abogado particular de Estela, describió la situación de ilegalidad con la que avanzó la propietaria de la casa en Lanús, quien pretendía triplicar el valor del alquiler y optó directamente en colocarle un candado en la puerta.
Según confirmó el letrado, luego de realizar la denuncia correspondiente este martes 4 el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora ordenó a la propietaria que removiera el candado y cesara con el hostigamiento hacia mi clienta y su familia.
“En estas horas esperamos que la policía se presente para hacer cumplir la orden del juez”, expresó Sandrini. Al tiempo que resaltó: “esto es un importante avance, seguimos en estado de alerta pues no descartamos que pudieran suscitarse nuevos hechos de violencia”.
Asimismo, el letrado relató que el caso de Estela ha ganado notoriedad pública pero son miles de familias las afectadas. “Esta situación de inquilinos desamparados expresa dos grandes problemas de fondo: el déficit habitacional y los abusos de muchos propietarios que se consideran impunes a partir de la desregulación del mercado de alquileres establecida por el DNU 70/2023”, afirmó.
“En nombre de Estela y su familia, agradecemos el apoyo de todos aquellos que se acercaron a acompañarnos en esta difícil situación. Les pedimos que no bajen los brazos y nos sigan acompañando”, concluyó.