El gobierno nacional evitó que en medio del debate del proyecto de la reforma laboral se realizara un paro de colectivos en el interior del país. Es que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, luego que el gremio de choferes de colectivos había anunciado un paro a nivel nacional para este miércoles en reclamo del cumplimiento de un acuerdo paritario en distintas provincias. Ante esto, el Ministerio de Capital Humano dictó la medida por 15 días y la medida de fuerza quedó en suspenso.
El período dictado de conciliación rige desde las 00:00 del 11 de febrero de 2026 y establece un período de 15 días, durante el cual “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”, según la comunicación oficial emitido ayer martes. La cartera laboral explicó que la decisión se adoptó a partir de la manifestación expresa del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación del servicio en el interior, y tras el pedido formal efectuado por la parte empresaria para la aplicación del procedimiento previsto en la Ley 14.786.
Durante esta imposición de tregua, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país, deberán negociar un arreglo al conflicto salarial por la aplicación del convenio paritario firmado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ya entonces había sido lanzada una amenaza de paro, que quedó desactivada el viernes 30 de enero, al haberse alcanzado un acuerdo en la Secretaría de Trabajo por aumentos del 4por ciento, en línea con lo que reclamaban los choferes, aunque en tres tramos: 1,4 por ciento en enero, 1,3 por ciento en febrero y 1,3 por ciento en marzo.
Reclamo
Frente a este escenario, a través de un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Roberto Fernández, la UTA advirtió la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de transporte en todo el interior del país. En ese orden, desde el gremio señalaron que “resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja”. “Queremos saber que no es cierto que no les alcanza“, agregaron.
La Secretaría de Trabajo intervino intimando al sindicato UTA, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país, así como a abstenerse de implementar nuevas medidas de ese tipo durante el período de conciliación. Asimismo, convocó a las partes a continuar con las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento de un servicio esencial para los ciudadanos.
“Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores“, se atajaron desde la UTA, que desde fines de enero mantiene reuniones con las cámaras empresariales del transporte público para avanzar en las negociaciones salariales. La réplica del Ministerio de Capital Humano consistió en reafirmar su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva, en resguardo de la continuidad de los servicios esenciales y la protección del interés público en todo el país.
Advertencia
Ahora, los trabajadores habían advertido que, si ese acuerdo no se cumplía en el interior para este martes 10 de febrero, el miércoles habría paro. De haberse efectivizado, hubiera sumado su aporte a la conflictividad social en medio del debate de la reforma laboral en la cámara alta, que tendrá como telón de fondo una multitudinaria marcha convocada por la CGT.
“Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, señalaron desde la UTA.