El conflicto en el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL) escaló a nivel político y judicial tras la denuncia pública de su Secretario General, Luciano Lezano, quien acusó al diputado libertario Manuel Quintar de intentar sobornarlo y luego amenazarlo para avanzar sobre los negocios vinculados a la obra social del gremio.
“El diputado Manuel Quintar me ofreció plata y como no acepté me amenazó”, declaró Lezano en el programa Salud en serio, emitido por la señal de streaming @estoeslp. Según el sindicalista, el legislador busca apropiarse de la red de clínicas y de un inmueble de gran valor económico que pertenece a los trabajadores.
Denuncia de coimas y amenazas
Lezano, electo al frente del sindicato en 2024, relató que apenas asumió comenzaron a aparecer embargos y reclamos de una supuesta deuda con la familia Quintar, que no figuraba en los libros contables de la organización.
“Cuando me reuní con él, me ofreció plata si arreglaba. Dije que no porque es un acuerdo negativo para nuestra gente. Entonces me amenazó con la intervención y después con que conocía a mis hermanos. Prácticas mafiosas…”, resumió.
El dirigente reveló que detectó cobros indebidos por más de 40 millones de pesos mensuales y que el contrato en disputa establece una exclusividad por 12 años, con opción a otros 12. “Hoy tenemos las cuentas embargadas y prestaciones cortadas por Quintar. Tengo que pagar una cirugía de un paciente con riesgo de vida y no puedo. Hago responsable al diputado de la vida de esa persona”, advirtió.
Un entramado político y empresario
La familia Quintar es uno de los principales jugadores del sistema de salud en Jujuy. “Quieren quedarse con todo, con el inmueble de la clínica del sindicato y hacer un embudo, que nadie pueda atenderse por fuera de ellos”, explicó Lezano.
El diputado responde políticamente a los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem, este último investigado en la Justicia por el escándalo de OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales, donde se investiga un presunto circuito de retornos bajo la lupa del fiscal federal Guillermo Marijuán.
“Parece un modus operandi. Esto no puede hacerse sin protección política”, reflexionó Lezano, comparando la situación de los azucareros con lo ocurrido en la obra social de los peones rurales.
Complicidades internas y disputa por un inmueble
Según la denuncia, en el entramado también estarían implicados Miguel Guerra, ex presidente de la obra social del gremio, y su ex tesorera, Julieta Chocala. Ambos habrían facilitado los negocios del diputado en perjuicio de los afiliados.
Además de la facturación de las prestaciones médicas, está en juego la posesión de un inmueble en Libertador General San Martín, donde funciona la clínica Sagrado Corazón. El edificio fue alquilado a la obra social bajo un acuerdo firmado por el ex secretario general Vicente Bande y, según los trabajadores, es gerenciado a través de una SRL atribuida a Quintar y su pareja.
Denuncia en la Secretaría de Trabajo
El lunes pasado, Lezano formalizó la denuncia ante la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, apuntando directamente a su antecesor Bande y a Quintar como responsables de un convenio irregular que compromete los recursos de la obra social de los azucareros.
El gremio advirtió que se está poniendo en riesgo la salud de más de 5 mil afiliados y sus familias, que hoy tienen suspendidas parte de sus prestaciones médicas. “La prioridad es garantizar la atención de nuestros compañeros, pero no vamos a permitir que nos roben lo que es del sindicato”, concluyó Lezano.