La empresa láctea La Suipachense, ubicada en la ciudad bonaerense de Suipacha, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, que lleva 75 años de trayectoria. Con la planta totalmente paralizada, los trabajadores denuncian que siguen los salarios adeudados, lo que genera acusaciones cruzadas entre la empresa y el gremio lechero ATILRA. Por eso, el futuro de la compañía —propiedad de capitales venezolanos desde 2012— aparece “cada vez más incierto”.
“Estamos atravesando un conflicto con la empresa que adeuda salarios. Además, nueve compañeros fueron notificados de sus despidos”, denunció Santiago Alcalde, dirigente de ATILRA y trabajador de La Suipachense. El gremio reclama la reincorporación de los despedidos y el pago de haberes atrasados. “Nos deben parte del sueldo de julio y varios meses de cargas patronales. También le deben combustible, transportistas y proveedores. Le deben a todo el pueblo”, agregó Alcalde, graficando la magnitud de la crisis.
La crisis golpeó de lleno en la producción. De procesar 250 mil litros diarios en sus mejores años, La Suipachense pasó a 40 mil litros a mediados de agosto y finalmente a cero en los últimos días. Los tamberos dejaron de entregar materia prima: de los 180 que abastecían la planta, apenas 40 seguían en pie hasta hace unas semanas. Hoy ninguno mantiene vínculo. “En la leche no hay margen: si se corta la entrega, se termina la producción. Es una pérdida inmediata”, explicó una fuente del sector.
Visión empresarial
Desde la compañía, controlada por el grupo inversor Maralac, hablan de un “estrés financiero” en los últimos meses por la caída en el precio de la leche y el aumento de costos, lo que derivó en demoras salariales. Sin embargo, acusaron al gremio de haber tomado medidas “irracionales” que agravaron la situación.
Voceros empresariales sostuvieron que se registraron episodios de violencia y hostigamiento: “Hubo amenazas a gerentes y sus familias, y hasta se llegó a la toma del control de la administración durante varios días”. Según esa versión, durante una semana delegados sindicales se sentaron en las oficinas gerenciales, dieron órdenes y accedieron a información confidencial. La empresa también confirmó el despido de nueve empleados, a los que acusa de haber tomado decisiones sin autorización de la compañía.
Impacto local
Con 143 empleados directos y miles de vínculos indirectos, La Suipachense representa un “motor económico y social clave para Suipacha”, una ciudad de 12.000 habitantes. La parálisis de la planta golpea no solo a los trabajadores, sino también a transportistas, proveedores y comercios locales. Incluso, una estación de servicio decidió cortar la cuenta corriente de la láctea por la falta de pago de combustible para los fleteros. El malestar se replica en todos los eslabones de la cadena.
La situación se complica además por la falta de claridad sobre quién conduce la compañía. Aunque se anunció la designación de Pascual Bensadón como nuevo director general, todavía no tomó funciones en la planta. “Los dueños venezolanos no responden más los llamados. Nadie se hace cargo y mientras tanto los sueldos de julio y agosto siguen sin pagarse”, describió un trabajador. La comunidad de Suipacha observa con preocupación la deriva de una empresa que fue emblema local y nacional en la producción de leche fluida. El lunes se realizó una marcha para pedir que la planta vuelva a funcionar.