El secretario general de ATE y la CTAA Córdoba, Federico Giuliani, prestó declaración indagatoria este viernes en la Fiscalía del Distrito 1 Turno 4, en el marco de la causa iniciada por el fiscal Ernesto De Aragón tras la brutal represión policial ocurrida el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Públicas de la Municipalidad de Córdoba.
Ese día, un millar de manifestantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) reclamaban alimentos para comedores populares cuando fueron violentamente atacados por la Policía provincial.
Giuliani, junto a otras catorce compañeras y compañeros, fue imputado por amenazas y resistencia a la autoridad en un operativo que tuvo lugar dentro de la dependencia municipal. Allí, el dirigente fue brutalmente agredido por efectivos policiales, que le quebraron un brazo, mientras el resto de los militantes era golpeado y detenido.
La jornada dejó en evidencia la complicidad judicial y política del operativo: los dirigentes permanecieron detenidos hasta la noche, salvo Giuliani, quien debió pasar cinco días esposado a una cama en el Hospital Misericordia antes de que el Juzgado de Control ordenara su libertad.
“Vinimos a desmontar la mentira de la policía de Córdoba”
Desde la puerta de Tribunales II, Giuliani explicó que esta fue su segunda declaración indagatoria, luego de haberse negado a declarar en el primer llamado, cuando la causa aún se encontraba bajo secreto de sumario.
“Hoy vinimos a desmontar la mentira de la policía de Córdoba, en la causa armada por el fiscal De Aragón y con la responsabilidad política del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros”, afirmó el dirigente estatal.
El secretario general de ATE Córdoba aseguró que su declaración fue “extensa y profunda”, y que busca dejar constancia de la privación ilegítima de la libertad sufrida por todos los detenidos.
“Lo que pasó no puede quedar impune. Vamos a dejar establecidas las responsabilidades de cada uno de los actores contra ATE y la CTAA. Insistimos en manifestar que la protesta no es un delito sino un derecho. Vamos a seguir peleando si continúa la injusticia social en la provincia”, sostuvo.
Pruebas que desmienten el relato policial
El abogado de ATE, Claudio Orosz, explicó que se presentaron imágenes y filmaciones aportadas por múltiples organizaciones, que demuestran la ilegalidad del operativo policial.
“Las pruebas demuestran que la acusación que pesa sobre Giuliani y el resto de los compañeros es una absoluta falacia de los comisarios que entregaron el procedimiento. Mintieron descaradamente ante la fiscalía con la complicidad del ministro Quinteros y del fiscal”, detalló Orosz.
El letrado denunció además “la costumbre tan cordobesa de la policía y el ministro, con la complicidad de la Justicia, de reprimir e imputar automáticamente a los luchadores sociales”.
Según explicó, las filmaciones incorporadas a la causa desmienten cualquier tipo de violencia por parte de los manifestantes: “No hubo piedras, ni amenazas, ni ingreso violento. Las pruebas dejan claro que si hubo funcionarios municipales que intentaron dialogar con los manifestantes, la policía se los impidió”.
Orosz también informó que se reservó el derecho de presentar una denuncia penal contra los responsables del procedimiento y contra la fiscalía, por la detención ilegal y las lesiones graves sufridas por Giuliani.
Revés judicial para De Aragón
El abogado recordó otro episodio reciente en el que el mismo fiscal De Aragón intentó imputar nuevamente a Giuliani, esta vez por participar de la marcha del 25 de mayo de 2024 en repudio a la visita del presidente Javier Milei a Córdoba.
En esa causa, el fiscal lo acusó de instigación pública a cometer delitos, pero el Juzgado de Control declaró su incompetencia provincial y remitió el expediente a la Justicia Federal.
“El desconocimiento supino de derecho de este funcionario es evidente —explicó Orosz—. La Justicia Federal nos da muchas más garantías, porque reconoce que no se puede reprimir la protesta social cuando es pacífica, y menos judicializarla con figuras como la instigación o el entorpecimiento del transporte”.
El letrado destacó que esta resolución representa un revés judicial para el fiscal De Aragón y un paso importante en la lucha contra la criminalización de la protesta.
“El cordobesismo va a tener que entender que las convenciones internacionales y la Constitución rigen también en la provincia”, concluyó.