Este sábado, gremios de la salud acompañarán a trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan en una marcha que unirá el Congreso con la Quinta de Olivos para reclamarle al gobierno que reglamente y ponga en plena vigencia la Ley de Emergencia Pediátrica, que entre otras cuestiones mejora los recursos para el sector, golpeado por el ajuste libertario. La norma tuvo un largo proceso de discusión, fue aprobada por amplio margen, vetada y ratificada por aún más votos, todo en un marco de importante movilización. La estrategia de la gestión parece ser clara: limitar la aplicación de la ley con una reglamentación amañada. Esto ya se hizo en otras normas que la legislatura le impuso a Javier Milei, y es el común denominador de la respuesta de la Casa Rosada ante las normas que buscan desactivar su motosierra. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitaria, iniciativa hermana que hizo el mismo recorrido que la normativa pediátrica, la decisión podría llegar este viernes, por lo que la comunidad educativa está expectante ante la confirmación de esta nueva ofrenda del oficialismo a la voluntad popular. De concretarse esta reglamentación limitada o que desconoce el espíritu de la norma, los gremios se movilizarán y tomarán medidas, irán a la justicia y llamarán a un paro nacional.
Desde que el Congreso ratificó al Ley de Financiamiento Universitario, rechazando el veto presidencial, los docentes y nodocentes adelantaron medidas ante cualquier intento de limitar o cercenar la norma, que garantiza recursos para el normal funcionamiento de la educación superior y mejora los ingresos de los trabajadores con un nuevo mecanismo de discusión paritaria.
La expectativa crece porque el plazo para reglamentar la norma llega a su fin, y las versiones que circulan hablan de la aplicación de este modelo libertario: limitar su plena vigencia. “Este viernes se supone que puede estar el decreto, pero son solo rumores”, recalcó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), respecto de los plazos. El gremio adelantó esta semana que irá a la justicia y denunciará al presidente Milei por “incumplimiento de los de deberes de funcionario público” si no se cumple la reglamentación como corresponde.
En cambio, si se avanza con este paso, pero se limita “podríamos ir al paro”, según lo confirmó Ricci a Data Gremial. La idea es parte de las discusiones del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que impulsó junto a rectores y estudiantes la ley.
Para definir las medidas, adelantó Ricci, el próximo lunes “los gremios nos vamos a reunir con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para definir las medidas que vamos a lanzar, ya sea por si no se reglamenta la ley o si se hace de forma limitada”. El dirigente sostuvo que en este escenario “probablemente convoquemos a un paro nacional”.
Respecto a las posibles denuncias penales, Ricci dijo en la semana que “no hay ningún argumento para que el presidente pueda desconocer la ley y que de hacerlo, estaría incumpliendo con sus deberes de funcionario público y faltando a la democracia”. Los rectores del país hicieron un pedido formal en su sesión ordinaria de su Consejo Superior, donde se confirmó una acción de amparo colectiva, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo “objete su implementación aduciendo la imposibilidad de cumplir con sus alcances”.
Plenario nodocente
Ante las expectativas de la reglamentación, y su impacto, los trabajadores del sector adelantan su postura, y dejan claro que defenderán la ley. Esto quedó claro en el reciente plenario de secretarios generales de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), donde se ratificó el “estado de alerta y movilización” de los nodocentes, ante la falta de certezas sobre la puesta en funcionamiento de la norma. La organización sindical que conduce Walter Merkis fue clara, y adelantó que ante cualquier maniobra contra la ley “llevará adelante un paro nacional en octubre”.
Entre los principales motivos que impulsaron las resoluciones aprobadas, FATUN destacó “la persistente falta de aplicación de la ley que garantiza mayores recursos para las universidades y la ausencia de respuestas favorables en las negociaciones paritarias, que buscan revertir la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los salarios”.
El plenario de FATUN, realizado en modalidad mixta, presencial y virtual, incluyó un análisis de la “difícil coyuntura económica, política y social que afecta directamente los intereses de los nodocentes”. Además de la medida de fuerza, el plenario resolvió llevar adelante “acciones judiciales pertinentes, de forma colectiva y única, conjuntamente con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales”.
“El objetivo es obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley, incluso mediante una orden judicial, ante las versiones de que el gobierno alega no poseer recursos presupuestarios para su aplicación, un argumento que FATUN refuta al sostener que la propia ley contiene las fuentes de financiamiento”, recalcó la entidad en su documento. Por eso, la dirigencia buscará un “plan de acción conjunto” con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Otras reacciones
En tanto, en el marco de la expectativa sobre la reglamentación de la ley –cuyo plazo vence el lunes –los distintos integrantes del sector marcaron su postura. El CIN, por ejemplo, emitió un documento donde advierte que la situación del sistema universitario es “cada vez más grave”. Y recuerda que la ley sancionada por el Congreso “ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes”.
En uno de sus pasajes, el texto subraya que la Ley de Financiamiento Universitario es resultado de un “trabajo responsable del sistema universitario argentino”, que fue debatida y aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial. “No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada”, enfatiza el documento, en el que se recuerda que siempre estas demandas se han gestionado “a través de los canales institucionales y ante las autoridades respectivas”.
En tanto, uno de los gremios docentes ya confirmó que realizará un paro nacional, más allá del resultado final de la discusión. Se trata de la CONADU Histórica, cuyo plenario confirmó una medida de fuerza para el martes y miércoles que viene, cuando se haya definido el futuro de la ley, considerado “un gran triunfo de la docencia, el sector nodocente y el estudiantado, un logro de toda la comunidad universitaria y el pueblo argentino, que representó un rotundo golpe a los planes ajustadores del gobierno”.
“Entre otros temas como presupuesto de funcionamiento y becas, la ley incluye la actualización salarial mediante paritarias o en su defecto, ante la falta de acuerdo, con una actualización no inferior a la inflación del período. La ley incluyó el origen de los fondos necesarios para su implementación”, recordaron. “La docencia universitaria continúa en lucha, reclamando la convocatoria a paritarias y la inmediata implementación de la mencionada ley, en un marco de deterioro salario enorme”, concluyó el gremio.