Tras el último cortocircuito entre la propietaria y los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero, que incluyó hasta una carta abierta a la comunidad, ambas partes llegaron a un entendimiento al firmar un acuerdo marco, el cual sólo resta la homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba
La novedad fue confirmada por el secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), Lucas Felici, y autoridades de la empresa desde su sede de Buenos Aires. No obstante, aclararon que, a partir del lunes, rubricarán los convenios particulares.
Una vez que concluyan los pasos administrativos, aseguran que la actividad en la planta podría retomarse durante enero, aunque lo hará con niveles reducidos de producción, facturación y empleo, muy diferente al histórico.
Los principales ítems
Felici desmenuzó el entendimiento resaltar la reincorporación de 16 personas que fueron despedidas en julio pasado, sobre un total de 124 cesanteadas en esa instancia; la reactivación de la fábrica bajo las condiciones de seguridad reclamadas por el gremio y la firma de un acuerdo de crisis que impulsa la creación de distintas mesas de negociación paritaria para continuar con la discusión sobre el escenario laboral.
Contará con una vigencia de cinco años, pero también incluirá la posibilidad de incluir una revisión si la situación económica de la empresa se torna más auspiciosa. También, contempla cambios en conceptos como comedor, transporte y horas extras, así como un esquema excepcional en materia previsional.
Con respecto al último punto, los empleados no realizarán aportes jubilatorios del 14% de su salario y la empresa tampoco efectuará contribuciones patronales durante el período de crisis.
Desde el sindicato, Felici remarcó que el diálogo continúa abierto, especialmente en relación con las indemnizaciones adeudadas, y reclamó que la empresa realice un mayor esfuerzo económico para cumplir con esos pagos. La homologación del acuerdo será ahora clave para confirmar el reinicio de la actividad y poner fin, al menos de manera parcial, a un conflicto que se extendió durante casi seis meses.
Hace tan solo días, la titular de Petroquímica Río Tercero, Verónica Vara, compartió el texto donde dio su versión de los hechos, luego de que se conociera la presentación del concurso preventivo de acreedores y el anuncio de mantener la actividad con unidades menores de actividades de producción química en la ciudad.
Vara le habló a la comunidad y comunicó: “Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidenta y accionista mayoritaria de Petroquímica Río Tercero para informar la difícil situación por la que estamos atravesando: Desde el 14 de julio, fecha en la que nos vimos obligados a detener la operación, he trabajado incansablemente junto con mi equipo para lograr la reapertura de la planta".
No obstante, decidió acusar a los representantes gremiales al indicar que “sin embargo, debo comunicar que las actitudes irresponsables adoptadas por parte de algunos dirigentes sindicales —acompañadas por una campaña de ataques e injurias hacia mi persona— han impedido alcanzar una solución al conflicto”.
Acusaciones cruzadas
Según la mujer, la actitud de los trabajadores sindicalizados causó numerosas consecuencias: “El estancamiento irracional del conflicto ha derivado en la incapacidad de continuar afrontando los gastos operativos y los salarios, además de la creciente deuda acumulada de la compañía, lo que nos lleva, con profundo dolor, a enfrentar la posibilidad real del cierre definitivo, con todas las consecuencias negativas que ello implica para la comunidad y para el entramado industrial de la región”.
La respuesta del SPIQyP no se hizo esperar, señaló a la empresa por brindar información “falsa”, además de intentar impedir la continuidad de las mesas de negociación en un momento crítico “para más de 200 familias”.
Para la organización, el 14 de julio de este año “la empresa decidió de manera unilateral cerrar la fábrica y despedir a más de un centenar de trabajadores”.
También, objetó otro punto relacionado al pago de las indemnizaciones, cuya propuesta fue calificada de “inaceptable”, ya que pretendía abonarlas en más de 120 cuotas después de presentar un concurso de acreedores.
Una agonía
La planta industrial de la Petroquímica Río Tercero lleva seis meses sin actividad. Pero, previamente, en octubre del año pasado, despidió a 120 de sus 375 empleados, al cerrar su principal planta, la de TDI (diisocianato de tolueno), que era su principal producto y por el que se puso en marcha en 1982. En julio de 2025, procedió con la cesantía a otros 124. Actualmente cuenta con unos 100 empleados, los cuales permanecen en la incertidumbre.