La Justicia procesó a los ex presidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, por la presunta apropiación indebida de más de 1.600 millones de pesos pertenecientes a los trabajadores, fondos que estaban destinados al Sistema Único de la Seguridad Social. Según indicaron desde el sector gremial, se trata de una cifra que, actualizada, asciende a un monto significativamente mayor.
La resolución judicial representa un hecho de enorme relevancia para las y los trabajadores de la cooperativa láctea, que desde hace años vienen denunciando maniobras empresariales que no solo afectaron sus salarios y aportes previsionales, sino que además contribuyeron al profundo deterioro económico de una de las empresas emblemáticas del sector.
Desde el sindicato ATILRA advirtieron que los trabajadores perjudicados ya manifestaron su decisión de ampliar la denuncia penal, al considerar que “dicha maniobra, agravada, persiste en la actualidad con la modalidad delictiva empresaria de fijar como remunerativo en los recibos de haberes solo el equivalente a un salario mínimo que incluso registra varios meses de atraso en el pago”.
Maniobras delictivas y posible concurso fraudulento
En el comunicado difundido por la organización sindical, se señala que el delito de evasión fiscal sostenido en el tiempo impactó de manera directa en la situación actual de SanCor. En ese sentido, remarcan que el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del verdadero estado económico de la empresa y la tergiversación de los recibos de haberes fueron maniobras delictivas comprobadas por la fiscalía.
Para ATILRA, este accionar coloca a la empresa “de cara a un posible concurso fraudulento y a la consecuente extensión de responsabilidad que le cabe a sus autoridades”, en un contexto donde las decisiones de la conducción empresaria terminaron por profundizar la crisis y descargar sus consecuencias sobre las y los trabajadores.
Un fallo judicial que sienta precedente
Desde el sindicato valoraron la decisión judicial como un hecho alentador en un escenario donde, muchas veces, los delitos cometidos por sectores empresariales de alto poder económico quedan impunes. “En un mundo como el actual, utilitario y habitualmente inclinado a perdonar delitos de individuos considerados de determinado estatus social, esta decisión de la justicia es alentadora”, señalaron, aclarando al mismo tiempo que “la inmensa mayoría de los empresarios de la actividad son probos, honestos y actúan siempre de buena fe”.
Advertencias ignoradas y un vaciamiento planificado
ATILRA recordó que desde hace años venía alertando sobre el destino de SanCor si no se tomaban decisiones de fondo. “Hace muchos años expresábamos lo que estábamos seguros ocurriría con SanCor si es que no se tomaban las decisiones que había que tomar. No somos ignaros en la materia”, señalaron.
En ese marco, destacaron que el gremio interactuó con empresas lácteas nacionales y con principales transnacionales del sector, y que durante años se tendieron puentes con inversores de peso para aportar capital y hacerse cargo del futuro de la cooperativa. “Todo eso fue boicoteado”, denunciaron.
Trabajadores y productores, las principales víctimas
El comunicado también hace hincapié en el daño social provocado por estas maniobras empresariales. “Así se ultrajó la confianza de los productores y en una demostración de inexplicable insensibilidad se condenó a los trabajadores y sus familias a vivir duras situaciones económicas por falta de pago de sus haberes y a la incertidumbre respecto de la conservación de sus puestos de trabajo”, afirmaron.
“No se trata de ser de un color político o de otro. Se trata de ser buena o mala gente”, enfatiza el texto, marcando una posición ética frente a los hechos investigados por la Justicia.
ATILRA: defensa del trabajo y la fuente laboral
Finalmente, el secretario general de ATILRA, Héctor “Etín” Ponce, sostuvo que desde el sindicato consideran terminada esta etapa judicial, pero advirtió que la organización no abandonará la lucha por la continuidad laboral. “Nunca y menos ahora nos quedaremos cruzados de brazos”, afirmó, y remarcó que continuarán buscando alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales, incluso ante la posibilidad de una liquidación de la empresa.
El fallo judicial contra los ex directivos de SanCor marca un punto de inflexión en una causa emblemática para el movimiento obrero y refuerza el reclamo histórico de los trabajadores: sin justicia social y sin respeto por los aportes laborales, no hay salida posible para el sector productivo.