La Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), que conduce Arturo Quiñoa, confirmó su participación en el paro que realizarán los gremios estatales el día en que el Congreso trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La organización integra el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, junto a ATE y la Federación Judicial Argentina, entre otras entidades sindicales.
La definición se da en el marco del creciente rechazo sindical al proyecto oficial, que distintos sectores califican como una avanzada directa sobre los derechos laborales. En ese sentido, Quiñoa aseguró que la iniciativa “no es una reforma ni una modernización”, sino “una quita simple y llana de derechos”.
“No hay ningún beneficio para los trabajadores. Se cometen arbitrariedades como excluir a los trabajadores de plataformas, con una eventual uberización de todo el mercado laboral, y se destruye la justicia laboral en su carácter federal, porque se la provincializa”, advirtió el dirigente jerárquico bancario.
Críticas al contenido del proyecto
Quiñoa señaló que el texto impulsado por el oficialismo presenta serias inconsistencias y esconde intereses económicos concretos. Uno de los puntos más cuestionados es la creación de un fondo para despidos.
“Hay cosas que no cierran, como el fondo que crean para los despidos, que saca plata del financiamiento de la salud para pagar indemnizaciones, sin decir quién lo va a manejar ni con qué atribuciones. Es un ataque al modelo actual y, por supuesto, detrás hay determinados negocios”, remarcó.
El titular de la APJBO también alertó que la reforma no solo afecta a quienes tienen empleo registrado, sino que profundiza la precarización general del mercado de trabajo. “No beneficia tampoco a quienes están en la informalidad. No les da ningún derecho nuevo, al contrario: se precariza todo. Es una barbaridad jurídica”, sostuvo.
Plan de lucha y unidad sindical
En paralelo al paro, Quiñoa participó en la reunión convocada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, que reunió a más de 80 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras: CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores. Allí se resolvió lanzar un plan nacional de lucha contra la reforma laboral.
Según explicó, el encuentro tuvo un carácter amplio y plural. “No fue una reunión para marcar diferencias con quienes no estuvieron, sino para sumar. Es una convocatoria abierta para que se sigan incorporando organizaciones y compañeros”, señaló.
En ese marco, Furlán planteó la necesidad de anticiparse al tratamiento parlamentario del proyecto. “La idea es ponerle el cuerpo a este intento de ley antes de que sea un hecho consumado. Por eso hablamos de los trabajadores en la calle defendiendo sus derechos”, expresó Quiñoa.
El plan de acción prevé una primera etapa de movilizaciones regionales, con actividades en Córdoba y Rosario, y la posibilidad de extenderlas a otros puntos del país. “La consigna es estar en la calle explicándole a la gente las barbaridades que incluye este proyecto, que va a modificar las condiciones de vida de los argentinos”, concluyó.