La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a la reciente reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y alertó sobre un avance contra la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones gremiales y el sistema de relaciones laborales vigente en la Argentina.
Bajo el título “La libertad sindical no se reglamenta por decreto”, la conducción de la central obrera sostuvo que los decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo exceden el marco de una simple instrumentación administrativa y buscan modificar aspectos sustanciales de la legislación laboral y sindical mediante mecanismos que, según denunció, vulneran principios constitucionales y convenios internacionales ratificados por el país.
Cuestionamientos a la constitucionalidad
En el documento, la CGT señaló que resulta “inadmisible” que el Gobierno avance con la implementación de una normativa cuyas disposiciones se encuentran actualmente cuestionadas en los tribunales y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad.
Para la central sindical, lejos de limitarse a reglamentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se está atribuyendo facultades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes que establece la Constitución Nacional.
“Lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación”, sostuvo la organización, que consideró que la medida constituye un nuevo episodio de avance institucional sobre derechos adquiridos por los trabajadores.
Denuncian una “sobre reglamentación” de la Ley de Asociaciones Sindicales
Uno de los puntos más cuestionados por la CGT es la incorporación, a través de la reglamentación, de disposiciones que impactan sobre la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551.
Según la central, bajo la apariencia de una regulación administrativa, el Gobierno introdujo modificaciones que alteran el espíritu y el alcance de la legislación vigente, afectando aspectos que únicamente pueden ser definidos por el Congreso.
En ese sentido, advirtió que ninguna reglamentación puede sustituir el debate parlamentario ni reformar indirectamente normas que garantizan derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores.
Alerta por la violación de convenios de la OIT
La CGT también denunció que las medidas representan una injerencia indebida en la vida interna de las organizaciones sindicales y colisionan con principios reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La entidad recordó que la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones gremiales y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación constituyen pilares esenciales de cualquier sistema democrático y no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad de un gobierno.
En esa línea, alertó que la reglamentación impulsada por la administración de Javier Milei afecta garantías protegidas por la normativa internacional y compromisos asumidos por el Estado argentino ante los organismos multilaterales.
“Continuaremos luchando”
Frente a lo que calificó como un “nuevo atropello institucional”, la CGT ratificó su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores.
“Continuaremos luchando, en todas las instancias posibles, para garantizar condiciones de empleo dignas y la libertad del movimiento obrero para organizarse”, afirmó el Consejo Directivo Nacional de la central obrera.
El pronunciamiento profundiza el enfrentamiento entre la CGT y el Gobierno nacional en torno a la reforma laboral y anticipa una nueva etapa de conflictividad judicial, política y sindical en defensa de derechos que la central considera amenazados por la reglamentación oficial.