El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz sacó una reciente resolución donde sancionó administrativamente a la titular del juzgado de Puerto Santa Cruz y a su secretario por su accionar “irregular y violento” en relación a agentes del Poder Judicial, luego de que la Asociación Gremial Empleados Judiciales de esa provincia presentara una aclaratoria sobre la situación.
La denuncia fue realizada por dos trabajadoras, quienes revelaron haber sido convocadas fuera de su horario laboral, sin que mediara autorización formal ni habilitación de horas extraordinarias. Al no responder en ese contexto, cerca de las 23, el episodio escaló gravemente: un patrullero de la policía local se presentó en sus domicilios para ordenarles que se comunicaran de inmediato con los mencionados funcionarios judiciales.
Al respecto, la secretaria general del gremio, Alejandra Beroiz, afirmó que “esta forma de proceder fue vivida como un hecho de violencia e intimidación no sólo por las compañeras, sino también por sus familias, generando un clima de miedo e incertidumbre absolutamente inaceptable”.
Violencia laboral
La investigación administrativa determinó que el uso del personal policial para este tipo de citaciones internas constituye una falta grave. La policía es auxiliar en investigaciones penales, no un instrumento para cuestiones laborales. Asimismo, se concluyó que el accionar de la jueza y secretario configuró violencia laboral, en los términos establecidos por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Pedimos inspecciones en los juzgados de primera instancia de toda la provincia y venimos denunciando tanto cuestiones de violencia como de otro tipo de irregularidades. Creemos fundamental poder accionar ante este tipo de situaciones y lo resuelto reafirma nuestro compromiso en la defensa de los derechos laborales y humanos de todos los trabajadores judiciales”, recalcó.
En este marco, el gremio recordó que la convocatoria al personal fuera del horario habitual sólo puede realizarse en situaciones excepcionales, con habilitación expresa de días y horas inhábiles, y dejando claramente determinado el horario, la urgencia y las tareas específicas a realizar.
Además, puntualizó que la responsabilidad de tomar audiencias, dictar resoluciones y resolver cuestiones urgentes —como amparos o casos de violencia de género— recae en los magistrados y funcionarios.
Según trascendió, la magistrada involucrada en el escándalo es Noelia Ursino, y su secretario Daniel Albornoz. A ambos se les aplicó una multa del 5% de sus haberes.
En redes sociales, el caso se viralizó y los usuarios respaldaron el accionar del sindicato y repudiaron la actitud tanto de Ursino como Albornoz, quienes se excederieron en la aplicación de autoridad.