El Ministerio de Trabajo descartó la suspensión de las paritarias del sector privado de la salud, porque entiende que no hay norma que autorice a impedir que un gremio quiera negociar el convenio, cuando el anterior ya está caído.

En una nota enviada al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) solicitó la suspensión de paritarias, una medida que podría afectar a más de 200 mil empleados del sector.

La reunión paritaria está prevista para el jueves próximo, pero los dueños de sanatorios y clínicas reclamaron postergar la discusión salarial, para intentar compensar los mayores gastos generados por la pandemia.

Los privados argumentan que muchos establecimientos tienen dificultades para hacer frente al pago de sueldos, a pesar de la asistencia y a los incrementos en las cuotas que pagan los afiliados a prepagas.

El argumento empresario fue duramente cuestionado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que conduce Héctor Daer.

"No vamos a resignar ingresos ni suspender las paritarias. No vamos a tolerar excusas ni explicaciones. Los trabajadores de la Sanidad somos la artillería en la batalla contra la pandemia y vamos a exigir que se reconozca nuestro esfuerzo", advirtió la entidad gremial.

Los convenios salariales del sector son el 103, que venció el 31 de mayo, y los 122, 108 y 459 que vencen el 30 de junio.

En abril último, hubo un ajuste del 16% de lo acordado en 2020 para alcanzar el 36% de inflación del año pasado y se fijaron nuevas escalas básicas que van de $ 49.734 a $ 60.450.
Para lograr ese acuerdo, se selló un aumento un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo de las cuotas de los afiliados a la medicina prepaga, un reconocimiento de lo que paga el PAMI a los prestadores del 34% dividido en cuatro tramos (12% en enero, 9% en abril, 9% en junio y 4% en octubre) y de las obras sociales del 4,5% en abril y un 5,5% en mayo.

Pero para la FAPS, "sin antecedentes en la historia reciente del mundo, la pandemia debe ser afrontada por el sector de prestadores de la salud privada sin reconocimiento de aranceles por parte de los financiadores, en algunos casos desde el año 2019; con diferimientos en los pagos que recibe y que producen un ahogo financiero que ya ha generado el cierre de establecimientos".

"Tenemos la necesidad de asumir costos igualmente inéditos debido a la refuncionalización de sectores que la atención de pacientes con COVID-19 requiere y de asumir otros costos destinados a equipar dichos sectores, por ejemplo, con respiradores e instrumental de terapia intensiva y con los sectores de emergencia y asistencia médica domiciliaria, asumiendo la atención de situaciones críticas que le resultan ajenas por no poder derivar en tiempo y forma pacientes al sistema sanatorial debido a la escasez de plazas", añadió la entidad empresaria.