El Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba, encabezado por su secretario general Héctor Miguel Arias, presentó una Acción de Amparo contra la Ordenanza N° 13.549, que habilita la operación de aplicaciones extranjeras de transporte en la ciudad. La presentación, firmada por los abogados laboralistas Jimena Vanelli y Carlos Emanuel Cafure, busca frenar el avance de estas plataformas y preservar los empleos de los choferes de taxi.
“Con la entrada en plena vigencia de esta ordenanza se deja al borde de la extinción al taxi, y eso no lo vamos a permitir a nivel gremial”, señalaron desde la organización.
Críticas a la clase política cordobesa
El sindicato cuestionó con dureza la falta de respaldo político frente a lo que consideran competencia desleal. “Ningún sector político en Córdoba protege al taxi, pese a los antecedentes negativos que estas firmas tienen en distintos lugares del mundo”, remarcaron en un comunicado.
Para la conducción gremial, la normativa aprobada en el Concejo Deliberante refleja una política que “pone los intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales en materia de transporte”.
Antecedentes y nuevas medidas
El amparo presentado no es la primera acción legal del sindicato en este terreno. Con anterioridad, ya habían iniciado causas vinculadas al ingreso de las aplicaciones extranjeras y, según adelantaron, habrá nuevas presentaciones judiciales.
La estrategia sindical combina la vía judicial con la presión gremial, ratificando una línea de “intransigencia” en la defensa de la actividad. “Nuestra posición fue y seguirá siendo clara: el taxi no puede ser reemplazado ni arrasado por plataformas que operan con reglas desiguales”, afirmaron.
Un conflicto que recién comienza
El reclamo del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba se suma a una larga lista de enfrentamientos entre gremios de taxistas y aplicaciones extranjeras en distintas ciudades del país. La disputa, que enfrenta a un sector históricamente regulado con empresas globales que operan bajo lógicas de desregulación, promete intensificarse en Córdoba con la judicialización de la ordenanza.
Desde el sindicato advirtieron que no darán un paso atrás: “Defenderemos cada puesto de trabajo y la continuidad del taxi como servicio público automotor. Si la política no protege a los trabajadores, lo haremos nosotros en la calle y en la justicia”.