En un nuevo capítulo que desde el sindicalismo califican como persecución judicial, el secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, se presentará este martes 21 de abril a las 10:00 ante el Juzgado Federal Nº1 de Córdoba, en el marco de una causa caratulada como “averiguación de delito”, vinculada a su participación en las protestas realizadas durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia el 25 de mayo de 2024.
La audiencia se llevará a cabo en los Tribunales Federales ubicados sobre avenida Concepción Arenal, donde organizaciones gremiales, sociales y políticas convocaron a concentrarse para acompañar al dirigente en defensa de la libertad sindical.
Una causa sin delito claro
El expediente presenta una particularidad que en el entorno gremial consideran alarmante: ni siquiera la propia Justicia habría logrado precisar con claridad cuál es el delito que se le imputa. “Sería cómico, si no fuera un peligroso antecedente”, advierten, al señalar que se trata de una causa que “se choca con el estado de derecho”.
Giuliani fue citado a indagatoria bajo apercibimiento de “ordenar su inmediata captura” en caso de no presentarse, lo que elevó la preocupación en el arco sindical.
De la Justicia provincial al fuero federal
Los orígenes del caso se remontan a la intervención del fiscal provincial De Aragón, quien había acusado al dirigente por “instigación pública a cometer delitos”, una figura de carácter federal.
Esa inconsistencia derivó en que la Cámara de Apelaciones de Córdoba, tras un planteo del abogado defensor Claudio Orosz, ordenara el traspaso del expediente al fuero federal, desestimando la continuidad de la causa en la órbita provincial.
Pedido de postergación y recusaciones
En el marco del proceso, la defensa había solicitado la postergación de la audiencia originalmente prevista para días atrás, debido a la imposibilidad de asistencia del abogado.
La citación lleva la firma del secretario penal Facundo Troncoso, a quien también pidieron apartar por “enemistad manifiesta”, al considerar que su intervención podría direccionar el proceso.
El abogado Orosz, además, denunció previamente a Troncoso por “amenazas”, junto al fiscal federal Enrique Senestrari, lo que suma tensión a un expediente que desde distintos sectores califican como irregular.
Cuestionamientos por “doble vara”
Desde el sindicalismo también apuntaron contra el accionar judicial al contrastarlo con otras investigaciones que involucran a funcionarios de tribunales.
En particular, mencionaron el caso de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, investigados por presuntas maniobras vinculadas a causas de contrabando y evasión agravada relacionadas con la multinacional Bunge, además de delitos como abuso de autoridad, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
“El doble estándar es evidente”, sostienen, al tiempo que remarcan que mientras se avanza con celeridad sobre dirigentes sindicales, otros expedientes de mayor gravedad presentan demoras.
Convocatoria y clima de conflictividad
La declaración de Giuliani se dará en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por despidos en el sector público, cierre de organismos estatales y una fuerte caída del poder adquisitivo.
En ese marco, distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos convocaron a acompañarlo este martes en Tribunales y denunciaron la existencia de una estrategia de criminalización de la protesta.
“No cabe duda de que la Justicia cumple así el rol de perseguir a los dirigentes sociales con el solo fin de garantizarle al Gobierno una paz social que sus políticas no pueden sostener”, concluyen desde el entorno del dirigente.