En un nuevo capítulo que desde el sindicalismo califican como persecución judicial, el Juzgado Federal Nº1 citó a declaración indagatoria al secretario general de ATE y la CTA Córdoba, Federico Giuliani, en el marco de una causa caratulada como “averiguación de delito”, vinculada a su participación en las protestas realizadas durante la visita de Javier Milei a Córdoba el 25 de mayo de 2024.
El expediente presenta una particularidad que en el entorno gremial consideran alarmante: ni siquiera la propia Justicia habría logrado precisar con claridad cuál es el delito que se le imputa. “Sería cómico, si no fuera un peligroso antecedente”, advierten, al señalar que se trata de una causa que “se choca con el estado de derecho”.
De la Justicia provincial al fuero federal
Los orígenes del caso se remontan a la intervención del fiscal provincial De Aragón, quien había acusado a Giuliani por “instigación pública a cometer delitos”, una figura de carácter federal.
Esa inconsistencia derivó en que la Cámara de Apelaciones de Córdoba, tras un planteo del abogado defensor Claudio Orosz, ordenara el traspaso del expediente al fuero federal, desestimando la continuidad de la causa en la órbita provincial.
Ahora, ya en manos de la Justicia Federal, Giuliani fue convocado a indagatoria bajo apercibimiento de “ordenar su inmediata captura” en caso de no presentarse.
Pedido de postergación y recusación
En ese marco, el dirigente presentó un escrito solicitando la postergación de la audiencia prevista originalmente para este viernes, debido a la imposibilidad de su abogado de asistir en esa fecha.
La citación lleva la firma del secretario penal Facundo Troncoso, a quien la defensa también pidió apartar por “enemistad manifiesta”, al considerar que su intervención podría direccionar el proceso.
El abogado Orosz, además, ya había denunciado previamente a Troncoso por “amenazas”, junto al fiscal federal Enrique Senestrari, lo que suma tensión a un expediente que desde distintos sectores califican como irregular.
Doble vara en la Justicia
Desde el sindicalismo también cuestionaron el accionar judicial al contrastarlo con otras investigaciones que involucran a funcionarios de tribunales.
En particular, señalaron el caso de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, investigados por presuntas maniobras vinculadas a causas de contrabando y evasión agravada relacionadas con la multinacional Bunge, además de delitos como abuso de autoridad, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
“El doble estándar es evidente”, sostienen, al tiempo que remarcan que mientras se avanza con celeridad sobre dirigentes sindicales, otros expedientes de mayor gravedad presentan demoras.
Un contexto de ajuste y conflicto social
El caso de Giuliani se inscribe en un escenario más amplio de conflictividad social, marcado por despidos en el sector público, cierre de organismos estatales y una fuerte caída del poder adquisitivo.
En ese marco, diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, ya se pronunciaron denunciando la existencia de una estrategia de criminalización de la protesta.
“No cabe duda de que la Justicia cumple así el rol de perseguir a los dirigentes sociales con el solo fin de garantizarle al Gobierno una paz social que sus políticas no pueden sostener”, concluyen desde el entorno del dirigente.