La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza (AGEyFPJM), entidad adherida a la Federación Judicial Argentina, decidió profundizar su plan de lucha luego de que fracasara la paritaria provincial, en un contexto de desigualdad, ya que el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, se aumentó un 40 % del sueldo en el mes de junio.
A pesar de ese antecedente, las autoridades del Ejecutivo mendocino ofrecieron una mejora de entre el 7% y 10 %, pero lo hicieron con una perspectiva casi extorsiva: pusieron como condición no reabrir la discusión paritaria hasta dentro de 9 meses.
El secretario general de AGEyFPJM, Ricardo Babillón, sostuvo que “la administración pública se ha empobrecido en Mendoza, hasta llegar a los últimos lugares del país”, al tiempo que precisó que “los judiciales particularmente estamos en una situación grave, a partir de que somos discriminados por la actual gestión”.
Amplia diferencia
Para graficar la situación, Babillón señaló que “un ingresante hoy está en $720.000, es decir en la línea de indigencia”, aunque manifestó que el agravante es que nos enteramos por los medios de comunicación que el gobernador, Alfredo Cornejo, en el mes de junio se aumentó un 40% el sueldo”.
En ese sentido, indicó que Cornejo “hoy está cobrando alrededor de $6.600.000, por lo que su aumento por mes le paga el aumento a 70 judiciales”. “Nos vemos obligados no sólo a rechazar el aumento que nos ofrecen, y a tomar medidas de fuerza hasta lograr un salario digno, que nosotros lo ubicamos en $1.100.000 para cualquier ingresante”, finalizó.
En cuanto a las medidas que asumirá el gremio, esta semana será de recorrida en toda la provincia y se realizarán asambleas desde donde surgirán las acciones a tomar.
Avance importante
El pasado 3 de julio, en medio de negociaciones maratónicas y tensas, se logró un avance sin precedentes en el ámbito judicial de Mendoza. En una sesión que se extendió hasta las primeras horas de la madrugada, las partes involucradas alcanzaron un acuerdo histórico: iniciar las negociaciones para redactar el primer convenio colectivo de trabajo para los empleados judiciales. Este convenio, cuya redacción comenzará oficialmente el próximo 19 de agosto, representa un paso significativo en la lucha por mejorar las condiciones laborales en el sector.
La importancia de este convenio radica en que, por primera vez, se establecerán de manera formal y consensuada las normas que regirán las relaciones laborales en el Poder Judicial, un sector que históricamente ha enfrentado grandes desafíos en términos de negociación colectiva. Las reuniones de trabajo tendrán un plazo de doce meses y se llevarán a cabo dentro de un marco convencional y constitucional, con la participación de representantes técnicos designados por las distintas unidades organizativas.
Desde la Comisión Directiva del gremio de Judiciales, uno de los objetivos centrales ha sido modificar la estructura de las negociaciones paritarias. Según declaraciones del Secretario General durante una asamblea en el Palacio Judicial, era evidente que la configuración paritaria tradicional no permitiría avanzar en los puntos clave que el gremio consideraba esenciales.
La estrategia gremial inicialmente planteada preveía una larga lucha para derogar la acordada 19.000 y luego encarar la negociación del convenio colectivo. Sin embargo, la movilización y la determinación de los afiliados aceleraron estos procesos, obligando a la Suprema Corte a responder a las demandas en un plazo mucho más corto de lo esperado. Así, lo que parecía una batalla de largo aliento, se ha convertido en una realidad tangible: la mesa de discusión sobre la acordada 19.000 y el convenio colectivo ya están en marcha.