En el comienzo de la feria judicial de invierno 2025, el secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal, habló sobre la urgente necesidad de abordar la disparidad salarial que afecta a los trabajadores judiciales, las condiciones de trabajo de los tribunales, y dio una visión crítica sobre el rol y la concepción del Poder Judicial en Argentina.
Uno de los puntos centrales de la FJA es la inaceptable brecha salarial que fragmenta al sector. "Hay una gran disparidad salarial en todo el país, si bien hacemos las mismas tareas en cada juzgado que uno esté, hay provincias donde hoy están ganando debajo de la línea de pobreza", afirmó Fachal al respecto y, para ilustrar esta realidad, detalló que un trabajador judicial en Jujuy, La Rioja, Formosa o la Provincia de Buenos Aires puede percibir apenas un tercio del salario de un compañero en CABA, Nación, Santa Cruz o Neuquén.
Ante esta situación, la FJA reitera su reclamo histórico por una paritaria nacional que establezca un piso salarial digno y unificado para todos los judiciales del país, siguiendo el modelo de negociación colectiva docente. Por eso, el dirigente gremial lamentó que "tan solo en seis provincias tenemos ámbitos de paritarias salariales; en el resto son decisiones unilaterales de Tribunales Superiores o Gobernadores", motivo por el cual la FJA ha denunciado al Estado Argentino ante la CIDH por la falta de negociación colectiva.
Más carga laboral
En cuanto a las condiciones de trabajo, el Secretario General destacó que "cada vez hay más causas y expedientes, porque hay más quiebras, concursos, violencia, inseguridad, divorcio, no pagos de contratos o alimentos, y eso aumenta considerablemente nuestro trabajo". Ante este incremento de la carga laboral, la FJA se compromete a presentar en los resultados de la encuesta que dará cuenta de la realidad de los judiciales en las provincias argentinas, buscando visibilizar y mejorar sus condiciones laborales.
También, fue enfático al señalar que "el Poder Judicial es el más conservador y menos democrático de los tres poderes del Estado, con una visión oscurantista y encriptada, donde el ciudadano y la sociedad no entiende sus conceptos, las sentencias, porque se pone en un pedestal por encima del resto de la sociedad haciendo creer que los jueces son reyes". Esta perspectiva subraya la importancia de una justicia más accesible y comprensible para la ciudadanía.
La Federación Judicial Argentina continúa fortaleciendo su estructura en todo el país, que hoy agrupa a 23 sindicatos y más de 35 mil afiliados. Entre sus actividades recientes, se destacan la realización del Encuentro Nacional de Mujeres Judiciales y jornadas sobre Inteligencia Artificial en el Poder Judicial, demostrando un compromiso constante con el desarrollo profesional y la defensa de los derechos de sus representados. La FJA seguirá luchando por la negociación colectiva y las paritarias nacionales para asegurar un salario de referencia justo para todos los judiciales de Argentina.
Articulación de Luchas
En un marco más amplio de defensa de los derechos de los trabajadores, Matías Fachal se refirió a la participación de la FJA en el Frente de Gremios Estatal (FGE), una articulación de 20 organizaciones sindicales de distintos niveles del Estado.
El FGE se movilizó el jueves pasado al Ministerio de Desregulación para reclamar contra la disolución de más de 100 organismos e institutos estratégicos como el INTI, INTA o Vialidad Nacional, dispuesta mediante una serie de decretos amparados en la Ley de Bases.
Fachal resaltó un fallo favorable de la Justicia Federal que ordenó al Gobierno no avanzar en la disolución de estos organismos, evitando lo que calificó como "una tragedia".
El Secretario General de la FJA estimó que las estadísticas generales hablan de entre 300 y 500 mil despidos en el país desde la llegada de Milei, tanto en el sector público como privado. En este contexto, el FGE se consolida como una herramienta fundamental, articulada días previos a la asunción de Javier Milei, para coordinar las luchas ante las políticas de ajuste del Gobierno Nacional y la defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, frente a un panorama de "mayor violencia institucional y alteración a las normas".