En una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), realizada este martes en la antesala del Día Internacional del Trabajador, las tres centrales sindicales —CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores— unificaron criterios y presentaron una propuesta conjunta para actualizar el piso salarial: $644.165 para abril y $657.703 para mayo. La respuesta del sector empresarial, sin embargo, fue considerada por todos como “insólita”.
Los representantes patronales ofrecieron apenas un incremento de $4.668 para abril, llevando el SMVM a $301.500. Para mayo propusieron $306.500 y para junio $311.500, lo que representa una suba de apenas 1,3% mensual. Ante la falta de acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio.
Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $296.832, tras una serie de incrementos escalonados establecidos por decreto del Poder Ejecutivo en diciembre de 2023, luego de que tampoco se lograra consenso en aquella oportunidad.
La discusión salarial se produce en un contexto de aceleración inflacionaria: mientras que el SMVM aumentó solo un 3,53% en el primer trimestre del año, la inflación acumuló un 8,6% en el mismo período. Esta disparidad profundiza la pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores más precarizados del mercado laboral argentino.
El SMVM no solo determina el ingreso mínimo de los trabajadores en relación de dependencia no alcanzados por convenios colectivos, sino que también afecta el valor de las asignaciones, la jubilación mínima, el seguro por desempleo y el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
Un salario mínimo cada vez más lejos de la canasta básica
Según un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), en los cuatro meses de gobierno del libertario Javier Milei el salario mínimo perdió más de un tercio de su poder adquisitivo. El estudio indica que, en términos reales, el SMVM de abril está un 44,1% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019 y un 57,3% por debajo del de noviembre de 2015.
En valores concretos, el salario mínimo actual apenas alcanza el 58,1% de la canasta básica alimentaria que define la línea de indigencia para una familia tipo, y representa poco más del 25% de la canasta básica total, que establece la línea de pobreza.
Mientras las centrales sindicales buscan recomponer el ingreso mínimo para afrontar la creciente inflación, el empresariado insiste con aumentos simbólicos, profundizando el deterioro de los ingresos más bajos. El cuarto intermedio deja la puerta abierta a nuevas negociaciones, aunque por el momento, las posiciones parecen muy lejanas.