Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en el Estado y en sus distintas reparticiones, de conformidad con normativas internacionales, constitucionales y leyes específicas sobre la materia.
A nivel internacional, rige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el plano constitucional, corresponde citar el artículo 16 de la Constitución Nacional y los artículos 27 y 54 de la Constitución de la provincia de Córdoba.
En el orden nacional, está vigente la Ley Nº 25.689, modificatoria de la Ley Nº 22.431 (Sistema de Protección General de los Discapacitados).
En Córdoba, la Ley Provincial Nº 5.624 (Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral de las Personas Disminuidas) y sus modificatorias.
En la Argentina y en Córdoba, existe la obligación legal de garantizar el ingreso al Estado de personas con discapacidad que lo soliciten.
Quienes conviven con una discapacidad, así como las familias que tienen uno o más integrantes en esa situación, reclamamos a la dirigencia política oficialista y opositora el cumplimiento efectivo de este derecho. La inserción laboral y social no es solo un derecho: es una necesidad concreta.
Interrogantes sin respuesta
- ¿Cuántas personas con discapacidad ingresaron a trabajar en el Estado Nacional y en el Estado Provincial de Córdoba en los últimos diez años?
- ¿Existe un censo actualizado sobre el total de agentes en ambas jurisdicciones y el número de personas con discapacidad que allí se desempeñan?
- ¿Se observan políticas de Estado que apunten realmente a la inserción laboral de las personas con discapacidad?
- ¿Se garantiza el cupo laboral con la misma visibilidad que otros cupos ya reconocidos por ley?
Si en el Estado se resuelve el ingreso de personal, la proporción de ingresantes con discapacidad debe ajustarse a lo que establece la legislación vigente.
Cumplir la ley, no hacer demagogia
Si el Estado Nacional y el Provincial hablan de inclusión, deben cumplir con los cupos laborales para personas con discapacidad.
Es hora de dejar de lado la demagogia electoral y hacer cumplir las leyes que garantizan el derecho al trabajo a quienes más barreras enfrentan.