La minería suele contar con una aceptación social limitada. Los conflictos con sectores ambientalistas en varias provincias han contribuido a una percepción social controvertida de la actividad, aunque al observar el sector en detalle aparece una realidad diversa, con múltiples segmentos productivos. Con exportaciones por 4.200 millones de dólares, la minería suele asociarse a los metales preciosos, pero también incluye producciones como la cal y el cemento. Estas diferencias también se reflejan en el entramado empresarial, donde conviven multinacionales y pequeños yacimientos.
Lo cierto es que existen experiencias de vinculación con las comunidades donde se establecen, y para eso resultan clave los gremios, como la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). La entidad viene trabajando en distintos aspectos para llegar a los sectores vulnerables, a partir de experiencias como el Club Atlético Mineros Argentinos, que compite en la provincia de San Juan y genera sentido de pertenencia. “Nos da otra llegada”, dice su titular, Marcelo Mena, quien destaca cómo la actividad deportiva acercó no sólo a trabajadores del sector, sino también a otros sectores lejanos a la minería.
Mena conversó con Data Gremial sobre estas cuestiones, a la vez que pidió unidad a los gremios para enfrentar la reforma laboral y avanzar hacia un modelo industrial, lejos del actual. En la charla, además, repasó recientes conquistas sindicales, como el nuevo convenio colectivo, y las que aún faltan, como la Ley de Jubilación Minera.
—¿Cómo es la actual situación de la industria minera en el país, en un año como 2025, en el que las actividades productivas tuvieron muchos problemas por efecto del modelo libertario?
—En la Argentina tenemos minería metalífera, como el oro y la plata, y esperamos que en el corto plazo también el cobre; minería no metalífera, donde se incluyen el carbonato de litio y las sales de borato; y los cortes de piedra, como la cal y el cemento. Obviamente, de los 4.200 millones de dólares de exportaciones, unos 3.000 millones corresponden al oro y la plata. Si estuvieran funcionando a pleno los yacimientos de Vicuña y Los Azules, las exportaciones de esos dos proyectos juntos podrían llegar a los 9.000 millones de dólares.
En este contexto, la industria no registró cambios: siguió exportando, el oro subió de precio y tuvo mayor rentabilidad. En el caso del litio, el problema fue la caída del valor de la tonelada, que pasó de 70.000 dólares a alrededor de 9.000 dólares. En cuanto al cemento, este año tuvo una fluctuación muy marcada, porque sin obra pública ni consumo la actividad se enfrió, mientras que la cal se mantuvo en niveles similares por la actividad vinculada al cobre, que utiliza piedra caliza.
—¿Estas irregularidades tuvieron impacto en los niveles de empleo?
—No hubo despidos, eso hay que decirlo. Pero tampoco hubo crecimiento de los puestos de trabajo. Hasta ahora hubo muchos mensajes rimbombantes, pero las grandes inversiones no llegaron. Lo mismo ocurrió con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que desde mi punto de vista es otro anuncio más. Se aprobaron cinco proyectos dentro de la industria minera, pero hasta ahora cualquier argentino que compró un kilo de asado invirtió más. No hubo un solo dólar efectivamente invertido de esos cinco proyectos. Sólo se otorgaron muchas facilidades a las empresas, excepciones impositivas y de exportación, se rentabilizó la actividad, pero no se movió nada.
Pese a esto, nosotros tuvimos muy buenas paritarias: actualmente tenemos los mejores salarios del sector para el estamento jerárquico y técnico. Ahora bien, yo quiero un país industrializado, un modelo de país que jerarquice la producción.
—Un tema que generó alarma fue la presencia de trabajadores chilenos en la provincia de San Juan, que denunciaron junto con otros gremios. ¿Cómo sigue ese tema?
—Estas multinacionales a veces actúan de manera torpe. Aseguran que contratan mano de obra extranjera porque tiene más experiencia, y nosotros salimos al cruce. En Vicuña, la empresa BHP, además de contratar mano de obra chilena —unos 200 trabajadores—, trajo personal incluso para el mantenimiento de los baños químicos. ¿Con qué necesidad? Por 500 dólares contrataron las camionetas en Chile.
Lo que nosotros llamamos la “licencia social” se puede acabar en cualquier momento si no tenés capacidad para comunicarte con la comunidad donde estás. Hay que contratar gente del lugar y tener una política para la comunidad.
—Ustedes pidieron al Gobierno un 80 por ciento de empleados sanjuaninos. ¿Lograron ese objetivo?
—El pedido lo hicimos, pero no se pudo reglamentar. Sin embargo, lo encaramos a través de la Declaración de Impacto Ambiental, que funciona como una ley para los yacimientos mineros y establece las reglas que se deben cumplir para la explotación. Si ahí ponés que vas a contratar un 80 por ciento de mineros marcianos, no sé cómo lo vas a cumplir, pero no podés ir en contra de lo que está firmado.
Dentro de la declaración de esta empresa estaba establecida la contratación de personal de las comunidades, por lo que le pedimos al Gobierno provincial que presione por ese lado. Tenemos una gestión provincial alineada con el PRO, que fomenta la libertad empresarial y pretende que las empresas se autorregulen, sin ningún tipo de control. Nosotros decimos Estado presente, controlador y fuerte, porque si no van a hacer macanas. No hablamos de estatizar, hablamos de hacer las cosas bien.
Reforma Laboral
—Este contexto favorable al sector empresarial se profundizará si se aprueba la reforma laboral. ¿Qué opinión tienen del proyecto?
—Nos preocupa de sobremanera. Por eso convocamos, junto con todos los sectores, a marchar a Plaza de Mayo. Además, estuvimos hablando con diputados y senadores relacionados con la actividad minera. Las empresas tienen todas las facilidades que les da el RIGI, evadiendo un montón de obligaciones, y además quieren dejar rengo lo único que puede poner un freno, que son los trabajadores organizados en sindicatos. Es la ecuación perfecta para convertirnos en el Congo Belga del rey Leopoldo.
Por eso las organizaciones sindicales tenemos que dejar de “boludear”, volver a nuestra esencia y pensar en ser parte del engranaje político, social y cultural, como lo plantearon en su momento Agustín Tosco y Raimundo Ongaro, grandes dirigentes que estuvieron a la altura en momentos clave de la historia. Si no, con la reforma laboral vamos a ser la mano de obra más barata del mundo.
—Este “dejar de boludear” al que te referís puede ser la discusión entre dialoguistas y combativos que existe hoy, sobre cómo enfrentar este proyecto libertario.
—Exactamente. Yo estoy convencido de que el camino es la lucha de clases. Esto de plantear una conciliación social entre empresarios y trabajadores para generar un nuevo horizonte se entiende si tuviéramos una burguesía nacional fuerte, algo que en su momento planteó el peronismo. Pero hoy no la tenemos. Hay una pequeñísima, muy castigada, que no puede hacer pie, mientras que todo lo demás es injerencia extranjera a través de las multinacionales, con intereses completamente distintos a los nuestros. ¿Cómo vamos a discutir una política industrial para el país? Entonces terminamos sentándonos a conversar con los verdugos.
—Pese a este contexto adverso, el año pasado firmaron un convenio colectivo vanguardista en temas de cuidado y licencias. ¿Cómo fue el proceso de debate y discusión con la cámara empresarial?
—Tenemos un convenio joven, porque somos un sindicato que se fundó en 2009. Firmamos el primer acuerdo en 2018 y lo homologamos en 2021. Ahora hicimos una revisión, donde incorporamos temas como nuevas tecnologías, inteligencia artificial, diversidad sexual, género e inclusión.
El convenio es muy innovador para la industria, tanto en las licencias para las compañeras víctimas de violencia de género o que decidan interrumpir un embarazo, como para los hombres, porque antes, si eras padre, te daban apenas dos días, algo muy insuficiente, sobre todo si trabajás en minas. Todo eso cambió porque pretendemos una verdadera equidad. Buscamos llegar a que el 25 por ciento de las personas que trabajan en la industria sean mujeres, con tareas iguales a las de los hombres, como ocurre en Suecia, que es nuestro ejemplo.
La cámara empresarial lo entendió: la minería debe ser vanguardista e innovadora. La mala prensa la tenemos todos los días y tenemos que salir a conquistar sectores como el de las mujeres. Por casos así sumamos muchas delegadas y debemos seguir profundizando derechos, algo que va en sentido contrario a la reforma laboral.
Vinculación social
—Esta vinculación social también se expresa en la Liga Minera de Fútbol, una experiencia que incluye otros deportes. ¿Qué les aportó el deporte en este trabajo?
—Hace ocho años comenzamos a organizar la Liga Deportiva Minera. Empezamos con el fútbol, le dimos un formato más sólido y se armó la competencia, donde trabajadores mineros de todas las ramas forman equipos. Esto generó sentido de pertenencia: el supervisor juega con el operario, el personal metalífero comparte cancha con los caleros, porque mineros somos todos.
Además, esto derivó en la formación del Club Atlético Mineros Argentinos, que compite en la Liga Sanjuanina de Fútbol, tanto en cancha de once como en futsal, y también en otros deportes como básquet. Esto genera un impacto al que a veces, como sindicato, no llegamos: desde lo social y cultural alcanzamos a sectores vulnerables y generamos un entramado comunitario. Cuando en la cancha se canta “soy minero”, se construye un sentido de identidad y se fortalece lo que llamamos licencia social. No significa que las empresas puedan hacer lo que quieran, pero sí que vamos a volcar muchas cosas en nuestras comunidades.
—¿En qué situación está el proyecto de Ley de Jubilación Minera, que ustedes impulsan en el Congreso?
—El proyecto todavía mantiene estado parlamentario gracias al proceso de militancia sindical que venimos realizando. En mayo pasado, cuando el gobernador de San Juan visitó Veladero, a 4.000 metros de altura, la gente vomitaba y tenía dolor de cabeza. Le dijimos: “¿Vio que es duro trabajar acá?”. Cuando nos respondió que sí, le contestamos: “Entonces apoye la Ley de Jubilación Minera”.
Cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso vamos a convocar a la Comisión de Previsión Social para que llame al debate. Luego deberá pasar por la Comisión de Minería y finalmente por la de Presupuesto. Queremos recorrer todo ese camino y les estamos pidiendo a los diputados que pongan el tema en agenda.
—¿Cuáles son los puntos centrales de la ley?
—El proyecto propone bajar diez años la edad jubilatoria de los trabajadores mineros, con un esquema que contempla los años de permanencia en la actividad. La ley diferencia el trabajo en altura, en cemento o en caleras, pero siempre dentro de la actividad minera; no alcanza a los trabajadores administrativos que desempeñan tareas en la ciudad.
Además, hay un punto clave: el trabajador aporta un 2 por ciento más de su salario y la patronal un 4 por ciento adicional. Es decir, aportamos más a la caja jubilatoria. Actualmente incluso generamos superávit, por lo que no se desfinancia el sistema.