Mientras el empleo formal y las jubilaciones perdieron sistemáticamente frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei. En ese dato se condensa el corazón del modelo libertario y, en buena medida, se explica la ausencia de conflictos sociales masivos tras dos años de ajuste sostenido.
Lejos del discurso oficial sobre el “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la asistencia directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante la gestión libertaria, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que ayuda a entender algunas claves de la derrota electoral del peronismo.
Según confirmaron fuentes oficiales citadas por LPO, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales, una cifra récord que habla de un proceso de latinoamericanización de la Argentina, cada vez más lejos del país de clase media que supo ser hasta los años setenta.
Los cuadros de evolución real muestran que la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por encima de la inflación de manera consistente. El contraste con el resto de las variables es contundente: el salario mínimo perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.
El ajuste sin estallido
Esta combinación ayuda a explicar un dato político central de la primera mitad de la gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Milei no eliminó la asistencia social, sino que ejecutó dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación y reforzó las transferencias directas.
El recorrido histórico es elocuente. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con unos 250 mil planes sociales, cifra que fue utilizada por Cambiemos como uno de sus principales argumentos de campaña bajo el estigmatizante rótulo de “los planeros”. Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri la ayuda social pegó un salto abrupto y alcanzó casi 1,5 millones de beneficiarios, según el Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia, la asistencia trepó a cuatro millones, un nivel que no solo no se revirtió sino que se profundizó con Milei, aun cuando la emergencia sanitaria ya había quedado atrás.
En paralelo, la política de ingresos destinada a la infancia alcanzó niveles históricamente altos en términos reales. Durante el gobierno libertario, la AUH es 23 % superior a la que se pagaba bajo la presidencia de Alberto Fernández y 10 % más alta que la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.
La mejora se explica por un aumento extraordinario: en la comparación interanual, la AUH registró una suba real del 47 %. La medición que utiliza el propio Gobierno es aún más impactante: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, el incremento fue cercano al 100 %, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo, en un contexto de fuerte deterioro salarial provocado por la devaluación del 120 % de diciembre de 2023, que nunca terminó de revertirse.
Salarios en caída, asistencia en alza
La paradoja libertaria se profundiza al observar el mercado laboral. En los dos primeros años de Milei se perdieron alrededor de 180 mil empleos formales, una tendencia que se aceleró en los últimos meses: solo en octubre se destruyeron 70 mil puestos de trabajo. Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se consolidó como el principal sostén de la gobernabilidad.
El diagnóstico se refuerza con los datos de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI). Su monitor de economía popular muestra que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei. Incluso con las mejoras, AUH y Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una porción limitada de la Canasta Básica Total, por lo que no sacan a los hogares de la pobreza, pero sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender la ausencia de un conflicto social generalizado.
El rol de las provincias
Parte de la contención social también recayó en las provincias, otro de los sectores golpeados por el ajuste nacional. En Santa Fe, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que durante 2025 la demanda alimentaria creció alrededor de 30 %. A través de programas como la Tarjeta Única de Ciudadanía, la Tarjeta Institucional y ProSoNut, la asistencia alcanza a 246.153 personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada en las fiestas con una partida extraordinaria de 3.200 millones.
Como sintetiza un reciente análisis de Data Gremial, el modelo libertario ajustó con fuerza sobre el salario, el empleo y las jubilaciones, pero blindó la asistencia directa. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, mientras el costo del ajuste recayó sobre el trabajo. Una paradoja que deja al descubierto que, lejos de desaparecer, los planes sociales se transformaron en la principal ancla de estabilidad del experimento libertario.