La confirmación de la pena a prisión por seis años de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner generó un verdadero terremoto político. La Corte Suprema de Justicia decidió desestimar el recurso de la defensa de la ex mandataria, y así habilitó a los fiscales dela causa conocida como Vialidad Nacional a pedir su detención. La versión de esta decisión circuló con fuerza en los últimos días, por lo cual el peronismo se movió en torno de esta posibilidad, que se confirmó en horas de la tarde del martes. En el mundo sindical, varios de los dirigentes más cercanos adelantaron que se movilizarán, y esperan definiciones para anunciar un plan de lucha. Con la noticia todavía caliente, la dirigencia sindical se apresuró a condenar la sentencia –que incluye la imposibilidad de ser candidata en las legislativas de este año –pero no adelantó medidas concretas al respecto. Antes de conocerse el fallo, la CGT se pronunció contra una “embestida mediática y política” contra la líder peronista y advirtió que “la democracia está en peligro”. Por ahora, en Azopardo no hablan de medidas, pero algunos espacios internos presionan por un paro general. El resto del arco sindical también se pronunció, con las dos CTA a la cabeza, que recalcaron que la medida es “proscriptiva”.
La sentencia contra CFK y su inminente detención movilizó de inmediato a un sector del sindicalismo, que como había anunciado se movilizará ante la sentencia. El gremio mecánico de SMATA hizo punta con cortes en la tarde, ante que se conozcan los fallos de los tres ministros de la Corte Suprema. Las protestas se realizaron en Panamericana y Pacheco (frente a YPF), Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, Autopista La Plata-Buenos Aires (a la altura de Quilmes) y Autopista Richieri (predio de la AFA).
En tanto, uno de los grupos internos de la CGT más poderoso se pronunció de inmediato. Se trata de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que se mostró “en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK”. Así, los gremios que integran este espacio destacaron que: “Hay una creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política, especialmente en vísperas electorales, a través de fallos irregulares y operaciones mediáticas que intentan condicionar la voluntad popular”, indicó un texto difundido hoy por el Consejo Directivo de la Confederación.
El Secretario General de la CATT y también de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), Juan Carlos Schmid, sostuvo que “esto no es nuevo ya ocurrió en Brasil con Lula, se reproducen medidas de dudosa legalidad promovidas por actores poderosos que nunca abandonan la escena política, aunque no se vean”.
Por el momento, los repudios no traen definiciones concretas. Data Gremial consultó a diversos dirigentes, que coincidieron en marcar que cualquier decisión “debe ser consensuada” por el Consejo Directivo de la CGT. En este sentido, coincidieron que la única que puede llamar a un paro general –una de las alternativas que se barajaron en la previa –es la central obrera. “Los gremios podemos hacer medidas sectoriales, para avanzar en algo más profundo se necesita el paraguas de la CGT”, agregaron los dirigentes consultados. Otra versión que circuló es que las regionales llamen a una protesta. Para eso cuentan con el aval de Abel Furlán, secretario del Interior de la CGT y responsable de la coordinación con las seccionales, quien fue uno de los primeros en rechazar la condena y adelantar protesta de su UOM. Al cierre de esta edición, las regionales consultadas no confirmaron que haya un llamado a movilizarse.
Pronunciamientos
De forma individual, los gremios de todo el arco sindical se pronunciaron contra la condena de la ex presidenta. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), por ejemplo, llamaron a movilizarse “en defensa de la democracia y contra la proscripción”. La entidad que lidera Daniel Ricci recordó que “venimos advirtiendo sobre la escalada autoritaria por parte del gobierno nacional y su constante accionar al borde de los límites de la democracia”.
Ahora, agregaron, “la justicia confabulada junto a sectores políticos y grupos económicos, mediante una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad, pretende excluir a CFK de la participación política, lo que sin lugar a dudas obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas”. Por ello, frente a la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner “llamamos a movilizar a lo largo y ancho del país en defensa de la democracia y en contra de la persecución política”.
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) resolvió un “paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo desde el inicio este miércoles 11 de junio, en defensa de la Democracia y contra la proscripción de Cristina porque cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”. Del mismo modo, en la noche del martes comenzaron a llegar noticias de algunas tomas en facultades del país, como la de Filosofía y Letras de la UBA, en solidaridad con la ex presidenta.
Por su parte, la Federación Judicial Argentina (FJA) se declaró “es estado de alerta y movilización”, y repudió “la corte de la vergüenza”. “La CSJN avaló el mamarracho judicial de la Causa Vialidad para proscribir a CFK. A días de anunciar su candidatura, buscan sacarla de la política”, denunciaron.
Las dos CTA repudiaron
En tanto, las dos CTA, centrales con capacidad para convocar protestas de alcance nacional, difundieron un documento conjunto respecto de la situación. En el mismo dijeron que el sistema democrático en la Argentina “vive horas de absoluta debilidad institucional”. “El triunvirato que ocupa la Corte busca impedir la expresión de la voluntad popular, privando a la ciudadanía de ejercer el derecho constitucional de elegir libremente a sus representantes al despojar a CFK de su derecho a postularse a una candidatura electoral. Lo hacen a partir de legitimar una sentencia que estaba escrita antes de que comenzara el proceso judicial”, denunciaron. Para la dirigencia, la llamada “causa Vialidad” no fue más que “un operativo político dirigido desde su origen para castigar a Cristina por no agachar la cabeza ante los intereses de los sectores dominantes”.
“De la misma manera que en otros países de la región se utilizaron causas similares para perseguir a líderes populares, y de las cuales el caso más emblemático fue el del compañero Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil”, afirmaron las entidades que lideran Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. De esta manera, finalizaron, “los sectores dominantes no solo se toman revancha por las conquistas populares de comienzos de este siglo, sino que se busca disciplinar a cualquier dirigente o movimiento político que se anime a ir más allá de administrar la miseria planificada por los grupos de poder”.