El 2 de septiembre de 1587, se realizó la primera exportación de productos argentinos al exterior. Se trató de sacos de harina con destino a Brasil, que fueron embarcadas en el riachuelo rumbo al país vecino. En 1941, se eligió esta fecha para conmemorar el Día de la Industria, fecha clave en el calendario nacional. Hace un tiempo, el historiador Felipe Pigna pide cambiar la fecha, ya que en aquella supuesta primera exportación, lo que hubo fue un acto de contrabando: Dentro de las bolsas había además de harina lingotes de plata. Por eso el divulgador pide cambiar de día para recordar al sector productivo nacional. Más allá de la anécdota, este año la fecha fue utilizada por los gremios del sector para intentar debatir el ruinoso presente que viven rubros como el metalúrgico o calzado y textil, que sufren las consecuencias del modelo desindustrializador del gobierno de Javier Milei. En este sentido, presentaron un reporte donde dieron cuenta de sus principales problemas, y compartieron una serie de propuestas para salir de la crisis, que no es una “sensación”, sino que datos de otros reportes confirman. Según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria manufacturera argentina “ha experimentado un deterioro significativo”, y se contrajo “un 8,8 por ciento en 2024 y continuó su caída con un 3 por ciento adicional hasta junio de 2025,” lo que ha llevado el Índice de Producción Industrial (IPI) a un nivel 6,6 por ciento por debajo del promedio de 2023. Esto generó una serie de conflictos de importancia, que muchos siguen abiertos, y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Los más de 30 gremios que forman la Confederación Sindical de la Industria de la República Argentina (CSIRA) utilizaron la fecha para presentar datos del desplome sectorial, a través de un informe presentado en la sede del SMATA. Las entidades apuntaron a “las políticas de apertura indiscriminada de importaciones, atraso cambiario, ajuste salarial y desmantelamiento de incentivos han golpeado duramente a fábricas, trabajadores y al entramado productivo nacional”.
Estructurado en cinco ejes, el reporte al que tuvo acceso Data Gremial estableció que la industria cayó en 2024 “10 por ciento y 15 de las 16 ramas industriales se contrajeron”. El primer semestre de 2025 muestra una nueva baja (-1,6 por ciento respecto a diciembre de 2024), con la mayoría de los rubros aún en niveles inferiores a los de 2023. Esto hizo que se perdieran 130 mil puestos de trabajo industriales: “Cada cierre impacta no solo en los trabajadores directos sino en toda la cadena productiva, mientras se consolida un modelo de empleo inestable y mal pago”.
Además, la CSIRA denunció que los salarios reales industriales se ubican por debajo de los niveles de ese año”, y se criticó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la apertura comercial que “benefician a las importaciones”. Todo este panorama fue sintetizado en una palabra, para los gremios: “industricidio”.
Aparte de denunciar esta situación la entidad pidió “políticas activas que reconstruyan la industria y el empleo con derechos, e invita al sector empresarial a consolidar un camino común que garantice desarrollo económico, salud, educación y paz social”.
A su vez, la dirigencia elaboró una serie de propuestas, que fueron presentadas por la dirigencia presente. Según se explicó, los gremios hablan de “un plan industrial nacional que contemple incentivos productivos, financiamiento accesible y defensa de la producción local”. Además, reclaman reactivar el mercado interno, “con salarios dignos y estabilidad laboral como motores del consumo”.
Los gremios también resaltaron la necesidad de inversión en ciencia, tecnología y educación, para vincular innovación con desarrollo productivo. La dirigencia completó el panorama con la “protección frente a importaciones indiscriminadas, que hoy desplazan producción nacional y destruyen miles de empleos y la participación activa de trabajadores y universidades en el diseño de políticas que aseguren un futuro industrial con inclusión social”. El documento fue presentado por Ricardo Pignanelli, del SMATA, Abel Furlán de la UOM, Héctor Ponce de ATILRA, muchos otros.
Conflictos abiertos
En la conferencia de la CSIRA, la dirigencia mostró el malestar por la situación que se vive en el rubro, que en líneas generales está afectado de forma pareja. Aunque en algunos sectores el tema es muy angustiante. En este sentido, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma presentó un análisis donde coincidió con el diagnóstico de los gremios, y habló de “crisis sectoriales concretas” durante este tiempo.
El sector metalúrgico, por ejemplo, “ha visto su producción caer un 31,2 por ciento por debajo de los niveles de 2023, con suspensiones de producción en empresas como Acerbrag y Acindar”. En el sector textil, se han registrado despidos masivos en Algodonera Avellaneda y Textilana.
La industria automotriz ha sufrido una caída del 8,2 por ciento en la producción, con Toyota y Scania suspendiendo operaciones, mientras que el sector químico ha visto su producción reducirse un 8,2 por ciento y ha reportado despidos en compañías como Clariant y Laboratorios Bagó. Las pymes, que constituyen el 98 por ciento del entramado empresarial y generan más del 70 por ciento del empleo, han sido las más afectadas, representando casi el 45 por ciento de los conflictos laborales documentados.
El caso de la industria metalúrgica es uno de los más extendidos en la crisis industrial. Esta semana el titular de la UOM Abel Furlán le dio un ultimátum al Grupo Techint, por la situación que se vive en sus plantas, por el retraso salarial y las amenazas constantes de despidos.
El gremio denunció una pérdida salarial del 30 por ciento, por el retraso de las paritarias en medio de la estrategia de no homologar los acuerdos, que lleva adelante el secretario de Trabajo Julio Cordero, ex Techint. Por eso la amenaza de medidas de fuerza. “Por ahora estamos trabajando normal, esperando ver cómo evolucionan los conflictos en otras plantas”, le dijo a Data Gremial un dirigente de la firma Tenaris Siat, que se mantiene en “alerta” por los dichos del dirigente. Por lo pronto, este jueves habrá una marcha en San Nicolás, en la puerta de Ternium, contra “la voracidad de Paolo Rocca”. Pero el clima en las plantas está “tenso”, por lo cual no se descarta que haya una medida en “cualquier momento”.
Otros datos
En tanto, la IEF de la CTA Autónoma también alerta que Milei está “tras la huella de la dictadura militar”, considerado “el verdadero punto de inflexión en la historia industrial argentina”. “La gestión actual no se interpreta como un quiebre en la historia económica, sino como una profundización radical, y con nuevos matices, del patrón de acumulación regresivo y anti-industrial que se instauró con el golpe de Estado de 1976”, resaltó el reporte, elaborado por Tomás Raffo, co-coordinador del IEF, al que tuvo acceso Data Gremial.
Con el ministro José Alfredo Martínez de Hoz al frente, el programa económico “no solo buscó la desarticulación del aparato productivo, sino también el disciplinamiento de la fuerza laboral y la imposición de un nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera y la apertura económica”. Por eso, el sector industrial “fue el gran perdedor, ya que se trataba de dinamitar las bases de sustentación del movimiento obrero, atacando al núcleo generador de empleo y ascenso social, que constituyó la argentina industrial”.
Desde ese momento de crisis a la actualidad, el IEF traza una línea de continuidad, que hoy se puede ver en acciones comunes. La apertura importadora indiscriminada, por ejemplo, ha sido “un factor clave en este proceso”. “Las importaciones de bienes de consumo aumentaron un 33,7 por ciento en julio de 2025 en comparación con el promedio de 2023”, destacó el trabajo. A esto se suma “el desmantelamiento de políticas e instituciones de apoyo”.
El gobierno ha derogado leyes cruciales como la Ley de Compre Nacional y la Ley 21.608 de Promoción Industrial. Además, se han eliminado las líneas de crédito subsidiadas para pequeñas y medianas empresas y se ha desfinanciado a organismos clave como el INTI, “el cual sufrió un recorte presupuestario del 41,8 por ciento y la pérdida de 733 trabajadores, debilitando así su capacidad de asistencia técnica”.