El anuncio de la semana pasada del vocero presidencial Manuel Adorni que el gobierno nacional implementará un “examen de idoneidad” para unos 40 mil estatales sigue generando polémica. Esta semana se conocieron más detalles de la iniciativa, que excluirá a personal con alguna discapacidad en esta etapa, aunque nos e descartó del todo. Esta instancia será clave para la continuidad de muchos de los contratados de la administración pública, que deberán renovar su vínculo laboral en diciembre próximo, la cual dependerá al parecer de esta evaluación. Desde un primer momento, el gremio ATE se pronunció en contra, y criticó la forma de comunicarlo del funcionario, entre otras cuestiones.
Si bien no tienen previsto un pronunciamiento puntual del tema, desde el Frente de Gremios Estatales se mostraron en contra de la medida, y recordaron que en todas las instancias del empleo público “ya hay mecanismo de control y evolución”. Esta semana, los trabajadores volvieron a pedir que se reabran las paritarias, ante un nuevo avance de la pérdida del poder adquisitivo que experimentan los trabajadores estatales.
El Frente de Gremios Estatales, formado al inicio de la gestión de Javier Milei para defender a los trabajadores públicos ante el avance de los despidos y los cierres de los organismos estatales, se mostró en contra de la iniciativa de evaluar la idoneidad que hizo Adorni, que abre la puerta a una nueva ola de despidos como las que se dieron en abril y octubre de este año, cuando se vencieron miles de prórrogas de contratos.
Las renovaciones cada tres meses se fue dando mientras se analizaba la situación de cada empleado, según se informó. Hasta ahora, según un informe publicado la semana pasada, más de 33 mil estatales fueron despedidos o dejaron el Estado nacional desde diciembre del año pasado. “En el Estado ya hay mecanismo de ingreso y de promoción, que son los concursos, por lo que un nuevo examen para ver si se sigue vulnera la constitucional estabilidad en el cargo en el empleo público”, sostuvo Matías Fachal, referente de este frente formado por organizaciones de toda la administración estatal.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente dijo que el examen es “un nuevo atropello de este gobierno que claramente debe ser rechazado”.
Fachal es referente de los empleados de la justicia de todo el país, recientemente reelecto al frente de la Federación Judicial Argentina (FJA). Sobre el impacto que puede tener este tipo de medidas en las distintas instancias del sector, Fachal sostuvo que “no se vio hasta ahora nada que haga pensar que quieran avanzar en ese sentido, pero de todas maneras ya también tenemos nuestros mecanismos de examen de ingreso y de concursos para promoción”.
En este sentido, el dirigente recordó que “incluso hay evaluaciones de desempeño anuales en muchas jurisdicciones, lo cual sería inadmisible que agregasen una instancia más para ver si seguís trabajando o no”. Esta medida, creen en el Frente, es parte de la avanzada del gobierno sobre el trabajo público, que incluye el llamado Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, que a partir de un decreto presidencial establece una escala para asignar el período de disponibilidad del personal que se pretende evaluar o que es parte de un organismo que se cierra o privatiza. Este período será de seis meses para trabajadores de hasta 15 años de antigüedad; nueve meses para quienes tengan más de 15 años y hasta 30 años de antigüedad, y 12 meses para personal de más de 30 años de antigüedad.
Detalles de la medida
A partir del anuncio de Adorni, se comenzó a especular sobre las condicione de este examen, que pueden definir el futuro laboral de muchos estatales. “La iniciativa forma parte de la política de racionalización del Estado”, subrayó el funcionario. La prueba sería online para evitar “cualquier tipo de subjetividad”, y su aprobación será un requisito para renovar los contratos en diciembre.
Según los que se informó en estos días, los criterios de idoneidad aún no han fueron definidos. Sin embargo, se espera que la evaluación incluya “aspectos esenciales relacionados con las tareas específicas que cada empleado desempeña”. Las distintas áreas del gobierno “trabajarán en conjunto para formular el test”.
En cuanto a la logística, el gobierno tiene previsto llevar a cabo unos 2 mil exámenes por día durante todo diciembre para evitar un colapso en el sistema de pruebas. Así, para fin de año, se habrá evaluado a los 40 mil trabajadores estatales que son alcanzados por la medida.
Adorni anticipó también que la evaluación no solo aplicará a los empleados que se encuentran bajo contrato en la actualidad. También será una práctica habitual para todos aquellos que ingresen a partir de enero 2025. A esto se le suma el decreto 695/2024, de agosto de este año, que genera una serie de modificaciones en el sistema de empleo público. Una de las principales innovaciones fue la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Bajo un sistema de anonimato, la identificación del candidato se realizará “únicamente una vez calificado”.
Todas estas medidas fueron rechazadas por ATE. Su secretario general Rodolfo Aguiar cruzó a Adorni por esta medida. “¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen? El examen debería ser para la vocería. Si a vos o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado”, sostuvo en sus redes sociales el dirigente. En este punto tuvo el mismo razonamiento que Fachal respecto de los mecanismos existentes para calificar a los estatales, y que se vienen haciendo desde hace años.
Paritarias estatales
En tanto, la conducción de ATE le exigió este lunes al gobierno nacional la “inmediata reapertura de las paritarias en el sector público”, y realizará este martes un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza. “El gobierno ha decidido congelar las paritarias y destruir los salarios en el sector público, y a eso debemos responder con una medida de fuerza de carácter general y abarcativa de todo el país”, apuntó el gremio mediante una presentación.
El gremio alertó sobre la preocupante situación de los ingresos de los estatales: “Hemos perdido en la Administración Pública Nacional más del 34 por ciento de nuestro poder adquisitivo desde que asumió esta gestión y para el mes de octubre nos otorgan un 1 por ciento. Esto es una burla, una actitud miserable que no podemos ni vamos a tolerar”.
“Los estatales no vamos a ser actores pasivos, no vamos a aceptar mansamente este plan de empobrecimiento que se está llevando adelante. El gobierno debe abrir las negociaciones salariales de manera inmediata”, aseguró. Más de mil delegados de todo el país participarán de manera virtual y presencial en el Anfiteatro Eva Perón de la Ciudad de Buenos Aires.
“Por supuesto que se deberán debatir las características y la duración, pero el plenario de este martes debe avanzar en una nueva medida de acción directa y no descartar ser parte de las luchas que se están llevando adelante en otros sectores como los jubilados, los universitarios, el transporte. Unir todas las luchas es imprescindible para ganar”, concluyó el gremio. Durante el último encuentro, realizado el 30 de agosto, ATE rechazó el ofrecimiento del 2 por ciento para septiembre y 1 por ciento para octubre, el cual fue aceptado por el otro gremio signatario (UPCN) del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.