A pocos días de asumir la presidencia, Javier Milei puso en marcha uno de sus promesas de campaña: el protocolo “anti piquetes”. Bajo el control de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la iniciativa para lograr el control de la calle se articuló a través del resolución 943/2023, y pese a sus muchas críticas hoy se mantiene en vigencia. La idea de evitar los cortes a través del uso de la fuerza policial, obligando a dejar vías de circulación o manifestándose en la vereda, es el eje de esta medida, que tuvo su primer gran desafío a los pocos días de la firma cuando se recordó la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa. Por el volumen de manifestantes, el protocolo no se pudo aplicar, y se generó la sensación de que no podría practicarse. Pero con el correr del tiempo, se ajustó su aplicación, y esta semana cumplió dos años con más vigencia que nunca, al punto que este jueves cuando se manifiesten la CGT y las dos CTA contra la reforma laboral tendrá otro día clave. En este contexto, un informe contabilizó más de 2.500 heridos a partir del protocolo, algunos muy graves y emblemáticos, como el de Pablo Grillo. Para Amnistía Internacional, que recogió los datos, este instrumento “opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento”.
El trabajo de la entidad de derechos humanos se difundió a dos años de vigencia del protocolo “anti piquetes”, el instrumento de Bullrich para controlar la protesta social, que su sucesora Alejandra Monteoliva promete mantener y seguir aplicando. A partir de un reporte donde se contabilizan las acciones represivas en el marco de este mecanismo, y los heridos que se produjeron. “Durante 2024 y 2025, en el marco de implementación del protocolo ‘anti piquetes’, se registraron al menos 2.557 personas heridas de distinta gravedad como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza”, destacó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
Entre ellas, recordaron, “personas que recibieron impactos de balas de goma en la cabeza y el rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física en general”. Los datos muestran “un incremento exponencial de la represión de un año a otro”. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró “1.341 personas heridas y al menos 165 personas detenidas”.
En todo 2024, el mismo organismo había registrado 1.216 personas heridas y 93 personas detenidas durante manifestaciones. “Esto implica un aumento del 77 por ciento en la cantidad de detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas”, destacaron desde la entidad internacional.
Se registraron además cuatro casos de impactos de balas de goma en el ojo, que derivaron en pérdidas oculares permanentes. Entre los más graves, “el 12 de marzo de 2025 Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados”. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia de un disparo de bala de goma recibido en esa misma manifestación, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La labor periodística y la integridad física de trabajadores y trabajadoras de prensa también se vieron gravemente afectadas.
Durante la cobertura de manifestaciones, periodistas “enfrentaron restricciones al ejercicio de su trabajo y fueron alcanzados por balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones físicas”. En este sentido, al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron lesionados, y otros tantos fueron detenidos de manera arbitraria. Incluso, “algunos de ellos han manifestado que debieron aprender a equiparse con protección para su cuerpo, como si fueran cronistas que cubren un escenario de guerra”. Estos ataques y la actitud hostil de las fuerzas de seguridad “buscan un efecto silenciador punitivo, enviando un mensaje claro a la sociedad: protestar y registrar la protesta tiene consecuencias”.
Nueva marcha
Con estos antecedentes, la marcha de este jueves será un nuevo desafío, en espete caso para la sucesora de Bullrich en la cartera de seguridad. Monteoliva adelantó que el gobierno garantizará la aplicación del protocolo y desplegará un operativo especial para controlar el microcentro porteño, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. “Se aplicará el protocolo como siempre porque en el ministerio no cambió nada”, aseguraron desde la cartera de seguridad, en la antesala de la protesta que comenzará alrededor de las 15. La ministra ya había anticipado que los esquemas operativos se mantendrán y se definirán de acuerdo con la magnitud y características de la convocatoria.
En tanto, desde las centrales obreras mantienen la convocatoria, y esperan que la cantidad de manifestantes “haga imposible” sostener el protocolo. “Esperamos más de 150 mil personas, una cantidad de gente que no podrán subir a la vereda”, le dijeron a Data Gremial fuentes de la organización, que recordaron que las grandes jornadas de protesta en estos dos años –las marchas universitarias, los 24 de marzo y otras –nunca “pudieron contenerse”.
En paralelo a las definiciones logísticas, la CGT delineó medidas de seguridad y coordinación con las fuerzas encargadas de custodiar la marcha. “Cada gremio controla su columna, no tenemos por qué esperar cosas raras, aunque el clima puede enrarecerse, por el operativo de seguridad”, dijeron las fuentes consultadas.
En cuanto al impacto de la medida, se espera problemas para circular por la Ciudad de Buenos Aires. Desde Emova y Trenes Argentinos indicaron que los servicios funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Por su parte, las empresas de colectivos no comunicaron ninguna reestructuración, por lo que tampoco sufrirán modificaciones de cara al jueves de protesta.
Presentación
Según pude leerse en las definiciones del protocolo, se considera delito cualquier manifestación que “afecte la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial”. Estas pautas, marca Amnistía Internacional, “vulneran derechos fundamentales y contradicen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”. “En estos dos últimos años la escalada represiva de las fuerzas de seguridad es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó: hoy es naturalizada. Los datos son irrefutables y sus efectos también; su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, afirmó Paola Garcia Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Por estos motivos, la entidad junto con otras organizaciones de derechos humanos, integra una acción de amparo que solicita la declaración de “inconstitucionalidad” del protocolo “anti piquetes”. Recientemente, el representante del Ministerio Público Fiscal en la causa cuestionó “la falta de fundamentos válidos del gobierno para dictar el protocolo”. Amnistía Internacional espera que “el enorme caudal de evidencia que obra en la causa –y que se refleja cada miércoles, cuando las personas jubiladas son reprimidas por las fuerzas de seguridad- motorice a la justicia para derribar su constitucionalidad”. “El poder judicial debe estar a la altura de los compromisos del Estado argentino y establecer que el protocolo vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos”, concluyó la entidad.